Siete imputados por presunta corrupción y falsedad en trámites de armas

Un tribunal impuso distintas medidas cautelares a siete personas, entre ellas funcionarios de la Policía Nacional y un exmiembro de esa institución, investigadas por la presunta comisión de delitos de corrupción de servidores públicos y falsedad ideológica relacionados con trámites para obtener permisos de armas de fuego.

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier Molina, ordenó la detención provisional de dos hombres, de 44 y 60 años. Entre ellos figura un funcionario de la Policía Nacional y un jubilado que laboró en la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

Ambos enfrentan cargos por la presunta comisión de corrupción de servidores públicos, en calidad de autores, y falsedad ideológica.

Para otro funcionario de la Policía Nacional, de 26 años, la jueza ordenó la retención domiciliaria por los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos y falsedad ideológica, también en calidad de autor.

Los abogados de estos tres imputados apelaron las medidas cautelares. El Tribunal Superior de Apelaciones programó la audiencia para el 3 de septiembre de 2026, a las 8:30 a. m., en la sala 3 del edificio Plaza Fortuna.

A otros dos funcionarios de la Policía Nacional, de 30 y 29 años, la jueza les impuso reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y suspensión del cargo.

Ambos están imputados por el presunto delito de corrupción de servidores públicos, en calidad de autores.

En tanto, otros dos ciudadanos, de 53 y 40 años, enfrentan cargos por la presunta comisión de falsedad ideológica. Para ellos, la jueza ordenó reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público y prohibición de salida del país.

Investigación por documentos falsos

Durante la audiencia, la jueza fundamentó sus decisiones en los principios de necesidad y proporcionalidad, además de la naturaleza y gravedad de los delitos investigados.

También tomó en cuenta posibles riesgos procesales, entre ellos una eventual afectación de los medios de prueba y el peligro para la comunidad.

Según los elementos presentados por el Ministerio Público, los investigados presuntamente participaron en un esquema para obtener permisos relacionados con armas de fuego mediante documentos falsos.

La investigación apunta a que durante los trámites se introdujeron formularios con información falsa, lo que permitió presuntamente gestionar permisos sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación.

Antes de imponer las medidas cautelares, el Tribunal de Garantías legalizó las aprehensiones, dio por presentada la formulación de imputación de cargos y otorgó el plazo correspondiente para continuar con las investigaciones.

Las audiencias se realizaron los días 13 y 14 de agosto de 2026. El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Yasmina Montoya y Digna Castillo, mientras que por la DIASP participó Omar Rodríguez.

Los imputados también contaron con la asistencia de los abogados Ronaldo Wilwood, Antony Barriol, Víctor Quijada y Leonel Contreras.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en febrero de 2026 por la DIASP.

La denuncia se relaciona con un grupo de usuarios y funcionarios que, según la investigación, presuntamente actuaban de manera coordinada para presentar documentación falsa durante la tramitación de permisos para armas de fuego.

Los siete imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.