SIP advierte sobre las amenazas a periodistas y se reunirá en Panamá en el 2027

La 83.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se celebrará en octubre de 2027 en la Ciudad de Panamá. De este modo, la capital panameña se convertirá en el punto de encuentro de los principales grupos de medios de la región, donde se seguirán abordando los retos que enfrenta actualmente el periodismo, como la constante transformación digital del ecosistema mediático y el hostigamiento a los informadores por ejercer su labor.

Rita Vásquez, integrante de la Junta de Directores de la SIP, anunció formalmente la próxima sede de la Asamblea General y aseguró que el evento constituirá una oportunidad propicia para el intercambio de ideas en favor del fortalecimiento del periodismo en las Américas. Asimismo, destacó a Panamá como un punto de encuentro reconocido internacionalmente por su hospitalidad.

El anuncio se realizó durante la jornada de clausura de la 82.ª Asamblea General de la SIP, que se desarrolló del 22 al 25 de octubre en Bogotá (Colombia). El cónclave reunió a directivos de medios de comunicación de la región en un contexto marcado por el debate sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones y la preocupación por las restricciones a la libertad de prensa que continúan afectando a los periodistas y a la ciudadanía.

Al encuentro asistieron por Panamá tanto Vásquez como la editora general de La Estrella de Panamá Ivette Leonardi, quien también funge como presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.

El informe sobre libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló esta vez diversas situaciones que afectan al ejercicio libre del periodismo en Panamá tales como las dificultades de acceso a fuentes oficiales, denuncias sobre la distribución de la publicidad estatal y proyectos legislativos que podrían limitar el ejercicio del periodismo en Panamá. Así mismo, también documenta demandas millonarias contra medios de comunicación y periodistas, amenazas y mecanismos de vigilancia sobre organizaciones sociales.

La distribución de la publicidad oficial constituye uno de los puntos centrales del informe de libertad de prensa este año. Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá han denunciado un bloqueo del Gobierno central en la asignación de publicidad estatal y sostienen que la mayor parte de esos recursos se dirige a medios con líneas editoriales más afines a la administración.

La SIP planteó que la falta de transparencia en la distribución de la pauta publicitaria estatal puede comprometer las condiciones de equidad entre los medios y abrir espacio al uso de recursos públicos como mecanismo de presión o influencia en las líneas editoriales.

El documento también aborda la situación de Editora Panamá América, S.A., en medio de las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de la empresa y la situación de su propietario, el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra en Colombia bajo la condición de asilado político. La SIP señala que no existe suficiente claridad pública sobre la estructura jurídica y corporativa bajo la cual operan actualmente esos medios, quién ejerce su control efectivo y en qué condiciones reciben o contratan publicidad estatal.

En el ámbito legislativo,la SIP identifica varias iniciativas que podrían afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Una de ellas es la reforma al Código Electoral, que se discute en la Asamblea Nacional. El proyecto mantiene vigente el artículo 539, que contempla sanciones de prisión por la denominada ‘manipulación masiva’ en medios digitales. La SIP advirtió que la ambigüedad de esta disposición podría permitir interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas o desinformación, con posibles efectos inhibitorios sobre el periodismo y el debate público.

También se cuestiona un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, aprobado en primer debate, que convertiría este principio en un mecanismo sujeto a sanción judicial.

A estas preocupaciones se suma el Anteproyecto de Ley 51, que propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial.

El frente judicial ocupa un lugar destacado en el documento. La SIP advierte que la posibilidad de ordenar el secuestro de activos de medios de comunicación y periodistas en procesos civiles por calumnia e injuria, incluso antes de la etapa probatoria, puede comprometer su estabilidad económica y afectar el ejercicio del periodismo.

Uno de los casos señalados es el de Corporación La Prensa, que enfrenta 12 procesos judiciales, entre demandas civiles y penales, con reclamaciones económicas que ascienden en conjunto a aproximadamente $12.5 millones.

Entre los procesos pendientes figuran una querella del expresidente Martinelli contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de $1 millón; una demanda de $2.5 millones presentada por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson; y una demanda de un millón de dólares interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción contra La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas.

Otro caso es el de la periodista Sabrina Bacal, quien enfrenta una querella penal por calumnia e injuria presentada por los empresarios Roberto y Ramón Carretero Napolitano. En marzo de 2026, una jueza de garantías revocó una medida que le prohibía informar o publicar sobre las actividades de ambos empresarios. Sin embargo, el proceso penal continúa.

La SIP también documentó episodios de confrontación pública contra medios y periodistas en el país. Entre ellos figura el acoso sufrido por la cuenta de Instagram de La Estrella de Panamá, que consistió en la denuncia de publicaciones en esta red por usuarios alegando presuntas infracciones de derechos de autor.

En materia de seguridad, el reporte recogió las amenazas de agresión física que la exdiputada Katleen Levy dirigió contra la periodista Flor Mizrachi durante una emisión de su pódcast, como represalia por una cobertura periodística. La SIP considera que este tipo de declaraciones contribuye a normalizar la intimidación y las agresiones como mecanismos de respuesta al trabajo informativo.

El documento también hace referencia a la utilización de agentes de la Policía Nacional en labores encubiertas dentro de organizaciones sindicales, ambientales y campesinas, incluido el seguimiento de algunos de sus dirigentes.

La SIP plantea que estas prácticas generan interrogantes sobre su fundamento legal, proporcionalidad y mecanismos de control, especialmente por el posible efecto inhibitorio que la vigilancia puede tener sobre las libertades de expresión, asociación y reunión, así como sobre la protección de las fuentes periodísticas.