Superintendencia de Bancos pide $651,740 para pagar aguinaldos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $651,740 para completar el pago del aguinaldo correspondiente a 2026 de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), una decisión que abrió un debate entre los diputados y el superintendente Milton Ayón sobre los salarios, los beneficios de los funcionarios públicos y el uso de los recursos presupuestarios.

Durante la sustentación, Ayón explicó que el traslado no representa un aumento del presupuesto de la institución, sino una redistribución de recursos entre distintas partidas. El funcionario indicó que los fondos permitirán completar la asignación destinada al aguinaldo de los colaboradores de la entidad.

“Solicitamos la aprobación del traslado para completar la asignación del aguinaldo 2026 sin incrementar el presupuesto institucional. O sea, que no es nada adicional, sino es simplemente un traslado de partida”, explicó Ayón ante los diputados.

Los $651,740 provienen de tres partidas: $440,125 de personal fijo, $119,407 del décimo tercer mes y $92,208 de incentivos. Marlon Espino, director de Finanzas de la SBP, explicó que estos recursos corresponden a ahorros generados durante el año por vacantes y pagos que no se ejecutaron.

“Siempre hay vacantes en lo que es el pago de salarios y eso va generando un ahorro en nuestras planillas. Esto que estamos rebajando es porque son ahorros de meses anteriores que ponemos a disposición de esta partida del aguinaldo”, explicó Espino.

El traslado permitirá completar el pago del beneficio a 456 colaboradores de la Superintendencia de Bancos. Laura Fuentes, jefa de Recursos Humanos, detalló que 19 funcionarios ingresaron después del 1 de septiembre y recibirán el pago de manera proporcional. Según la explicación ofrecida durante la sesión, el aguinaldo constituye un mes adicional de salario y es distinto de la bonificación por desempeño.

“El aguinaldo es un mes adicional que se recibe en diciembre”, explicó Fuentes, al responder una pregunta del diputado Luis Duque, quien buscaba establecer si el beneficio estaba relacionado con la evaluación del rendimiento de los funcionarios. La funcionaria aclaró que la bonificación por desempeño responde a objetivos, metas y métricas, mientras que el aguinaldo corresponde al beneficio aprobado por la institución.

El monto del traslado llevó a los diputados a preguntar por los salarios de quienes recibirán el beneficio. Ayón informó que el salario mensual más alto dentro de la Superintendencia corresponde al cargo de superintendente de Bancos, con $10,000 mensuales. El secretario general recibe $9,000, mientras que dos directores técnicos tienen salarios de $8,000. Además, alrededor de 16 colaboradores reciben entre $6,500 y $7,500 mensuales, mientras que el resto de la planilla se encuentra por debajo de ese rango.

Con base en esos salarios, el diputado Jonathan Vega preguntó a Ayón si, en el caso del superintendente, el aguinaldo también alcanzaría los $10,000. La discusión llevó a los diputados a cuestionar la diferencia entre las remuneraciones de algunos funcionarios de la entidad y las condiciones salariales de otros trabajadores del sector público.

Vega también cuestionó el origen de los recursos utilizados para completar el aguinaldo. “No entiendo cómo dejamos de pagar el décimo, dejamos de pagar incentivo, dejamos de pagar personal fijo y pagamos aguinaldo. Explíqueme un poquito para entender”, planteó el diputado.

Ayón respondió que la reducción de esas partidas no implica retirar personal ni dejar de pagar salarios para financiar el beneficio. Según explicó, los recursos quedaron disponibles debido a vacantes y a una ejecución menor de las partidas presupuestarias durante el año.

“No es que estoy sacando gente para poder pagar el aguinaldo. Son ahorros que ha habido en los sueldos”, respondió el superintendente.

El aguinaldo que motivó el traslado tiene como antecedente una decisión de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos adoptada en 2016. Durante la sustentación, Fuentes explicó que el beneficio se mantiene como un derecho adquirido de los colaboradores de la institución.

La composición de la junta directiva también entró en la discusión. Ayón mencionó entre sus integrantes a Felipe Echandi, presidente; David Davarro, secretario; Luis Vázquez y Adriana Carles, además de otros miembros, y señaló que existe un puesto vacante. Ante una pregunta de Vega, indicó que los integrantes de la junta pertenecen al sector privado.

El debate sobre los aguinaldos también llevó la discusión hacia la autonomía financiera de la Superintendencia de Bancos. Ayón defendió que la entidad no recibe recursos del Gobierno central para financiar su operación y que sus ingresos provienen de las tasas de regulación que pagan las entidades supervisadas.

“La Superintendencia no pide plata al gobierno central, sino que es en función de las tasas de regulación a nuestros regulados. Nosotros nos autofinanciamos”, sostuvo Ayón, quien añadió que el traslado no genera un déficit fiscal para el Estado.

El superintendente también defendió el tamaño de la planilla de la entidad y la comparó con la de otros reguladores de la región. Según Ayón, la Superintendencia de Bancos de Panamá opera con una cantidad menor de funcionarios frente a entidades similares de otros países.

La discusión subió de tono cuando Vega cuestionó la comparación entre los salarios del sector privado y los del sector público. Ayón señaló que antes de ocupar el cargo recibía una remuneración superior en el sector privado y afirmó que su actual salario de $10,000 representa un aporte al servicio público.

“Le puedo mostrar mi declaración de renta de los últimos 5 años. Hoy estoy haciendo un aporte a la patria”, manifestó Ayón durante la sesión.

Vega respondió que corresponde a los diputados cuestionar los salarios y beneficios de quienes ocupan cargos públicos cuando se discuten recursos de instituciones estatales. En otro momento de su intervención, el diputado comparó la situación de los funcionarios de la Superintendencia con las necesidades de servicios públicos en otras zonas del país.

El diputado Isaac Mosquera anunció su respaldo al traslado y defendió el derecho de los trabajadores a recibir el beneficio. “Todo trabajador es digno de su salario. Un funcionario motivado va a funcionar mejor”, manifestó.

El traslado aprobado por la Comisión de Presupuesto permitirá completar los $651,740 destinados al aguinaldo de los 456 colaboradores de la Superintendencia de Bancos. La discusión dejó sobre la mesa no solo el monto del beneficio, sino también el mecanismo utilizado para financiarlo, los salarios de los funcionarios que lo reciben y el hecho de que la prestación se mantiene vigente desde 2016.

La sustentación también evidenció las diferencias entre los diputados y la administración de la Superintendencia sobre la justificación de los salarios y beneficios. Mientras Ayón defendió la autonomía financiera de la entidad y explicó que los recursos provienen de ahorros dentro de su propio presupuesto, los diputados plantearon cuestionamientos sobre la redistribución de las partidas y las remuneraciones de los funcionarios.