Tensión por los puertos: China responde a Mulino y PPC denuncia “toma ilegal”
- 28/02/2026 00:00
La anulación del contrato a PPC por la Corte, tras 26 años de operación, reabre el debate sobre ingresos, modelo concesional y un eventual litigio internacional de la filial de CK Hutchison
La anulación del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal dejó de ser un asunto estrictamente jurídico interno para convertirse en un caso con implicaciones diplomáticas y económicas de mayor alcance.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 29 de enero de 2026 y publicado el 23 de febrero en la Gaceta Oficial, declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997 y su prórroga de 2021, dejando sin sustento legal la operación de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison Holdings.
Tras la publicación oficial, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de las terminales mediante un decreto de ocupación y activó un esquema de transición de hasta 18 meses mientras se define un nuevo modelo concesional. Sin embargo, el conflicto pronto trascendió las fronteras nacionales.
Durante la conferencia de prensa habitual del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, un periodista de Reuters preguntó por las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien aseguró que no cree que China adopte contramedidas contra Panamá y advirtió que, de producirse alguna acción, el país respondería en consecuencia.
La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, evitó confrontar directamente al mandatario panameño, pero dejó clara la posición oficial: “La posición de la parte china sobre la cuestión de los puertos pertinentes de Panamá ha sido clara”, afirmó.
Acto seguido, subrayó que China “defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”.
La reacción se produjo un día después de que el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, declarara que desconoce qué tiene China en su agenda, aunque sostuvo que no cree que el país asiático actuará contra Panamá.
El intercambio, aunque medido, coloca el caso en el plano diplomático y evidencia que la controversia es observada bajo el prisma de la protección de inversiones.
En paralelo, el conflicto escaló en el ámbito interno.
El Ministerio Público realizó diligencias en oficinas vinculadas a PPC por una presunta omisión de información. La Fiscalía Anticorrupción indicó que actuó de oficio ante la posible comisión de un delito y retiró documentación para análisis.
La empresa respondió denunciando que el “Estado ingresó sin previo aviso a instalaciones privadas y ocupó bienes y documentación protegida”. El Gobierno defendió la legalidad de sus actuaciones y reiteró que ejecuta una sentencia firme de la Corte Suprema.
Este cruce endurece posiciones y podría convertirse en un elemento adicional dentro del arbitraje internacional anunciado por la concesionaria.
PPC notificó su intención de acudir a la International Chamber of Commerce en Nueva York, con un reclamo que podría superar los $1,500 millones.
La controversia financiera tiene antecedentes. Una auditoría impulsada por la Contraloría estimó que el Estado dejó de percibir al menos $1,300 millones durante la vigencia del contrato. En contraste, cifras divulgadas por la empresa en enero de 2025 señalan que pagó $59 millones al Estado en los últimos tres años y que sus aportes acumulados desde 1997 alcanzan $658 millones.
El arbitraje, de concretarse, no solo discutirá montos, sino el diseño mismo del modelo concesional aplicado durante casi tres décadas.
El Estado panameño mantiene una participación accionaria del 10% en PPC, siendo el único operador portuario del país donde figura como socio.
Este elemento introduce un matiz jurídico relevante: no se trata de una expropiación clásica, sino de la anulación de un contrato ley en el que el propio Estado tenía participación. Para el Ejecutivo, el eje es la supremacía constitucional; para la empresa, la protección de garantías contractuales e internacionales.
El economista y docente universitario Ramón Rodríguez advirtió que Panamá debe manejar con cautela cualquier escalada de tensión con China, recordando que el país es una economía pequeña y abierta, altamente dependiente del sector externo.
“Debemos tener presente que nuestra economía es pequeña y abierta, a diferencia de países como China y Estados Unidos, que son economías grandes”, señaló. Consideró desacertado plantear escenarios de autosuficiencia o afirmar que Panamá necesita menos a China que China a Panamá.
Rodríguez subrayó que el modelo económico panameño está basado fundamentalmente en los servicios y estrechamente vinculado al comercio internacional, por lo que cualquier fricción con socios estratégicos puede generar impactos significativos.
China es el segundo usuario del Canal de Panamá y un actor clave en la dinámica comercial de la Zona Libre de Colón, dos pilares del modelo logístico panameño.
Transición bajo presión
Mientras el frente diplomático y jurídico se intensifica, el desafío inmediato es operativo. El Consejo de Gabinete aprobó contratos temporales para garantizar la continuidad durante el período de transición.
Balboa y Cristóbal continúan operando, pero el entorno institucional cambió. La eficiencia en la gestión, la estabilidad laboral y la confianza de las navieras serán determinantes para evitar que la controversia legal derive en un impacto comercial.
La anulación del contrato firmado en 1997 cierra una etapa. Ahora el país enfrenta el reto de redefinir su modelo portuario en un contexto global marcado por rivalidades estratégicas y sensibilidad en torno a infraestructuras críticas.
El desenlace dependerá no solo del arbitraje, sino de la capacidad de Panamá para sostener su reputación como plataforma logística confiable mientras navega una coyuntura diplomática cada vez más compleja.