Transparencia, orden fiscal y generación de empleo, las deudas de los dos años de la administración Mulino

Tras llegar al Palacio de Las Garzas con el 34% de los votos, impulsado en campaña por la figura del expresidente Ricardo Martinelli, el presidente José Raúl Mulino cumple dos años de administración con un plan de gobierno cuyas metas, en su mayoría, siguen sin concretarse.

La transparencia, generación de empleo y ordenamiento fiscal, figuran entre los retos pendientes en una administración marcada por tensiones geopolíticas con Estados Unidos y China en torno al principal activo del país, el Canal de Panamá.

“Vamos a desarrollar un plan de gobierno que vuelva a convertir a Panamá en un país más próspero y seguro, con más dinero en el bolsillo de la gente, más crecimiento, y pleno empleo. Y volver a sentir el orgullo de que Panamá vuelva a ser la economía de mayor crecimiento de toda América Latina”, condensa en una frase el plan de gobierno de la “Alianza para Salvar a Panamá, como se describe el plan en el que aparece Martinelli, asilado en Colombia, y Mulino.

Es un documento de 29 páginas y más de 100 promesas en diversos ejes temáticos para gobernar un país de $34,901 millones, según el presupuesto ley del año en curso.

A dos años de gobierno, la administración Mulino llega con una desaprobación ciudadana de —79,3%, según la encuesta Vea Panamá “La verdad en cifras”, de La Estrella de Panamá, aplicada por Prodigious Consulting— y con una lectura dividida entre los sectores consultados. Mientras algunas voces describen la gestión como “desalentadora” por el rezago en empleo, transparencia y respuestas sociales, otras reconocen avances en el frente económico y hablan de un “balance positivo” en áreas como disciplina fiscal, confianza internacional y cumplimiento de compromisos financieros.

$10 mil millones, el incremento de la deuda Mulino

Justamente, donde se le pone más ahínco a la estrategia es al desarrollo de la economía con unas 13 promesas, en un país donde el desempleo llegó a los dos dígitos, con 10,4% este año, retornando a niveles de la pandemia de la covid- 19 en 2021, y con una deuda pública que aumentó $10 mil millones solo en 23 meses, para totalizar en $61,872 millones a mayopasado, un incremento de 20% en dos años.

Contrariamente, se ponderó “volver a recuperar la estabilidad macroeconómica, como punto de partida para el progreso económico, la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleo genuino y de calidad para lograr una vez más tener pleno empleo en el país. Nuestro compromiso es concreto y contundente: lograr un 7% de crecimiento económico nominal en la economía, y reducir el desempleo hasta lograr pleno empleo”, cita el programa de gobierno.

También se planteó “volver a impulsar el orden fiscal, la competitividad, la eficiencia para atraer la inversión extranjera directa”, misma que se contrajo 63% a diciembre 2025.

El empleo “de calidad”, recordó el expresidente del Colegio de Economistas, Raúl Moreira, no se logra con las constantes renovaciones de contratos, como lo está avalando el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Hay tres cosas que no se han hecho: “el saneamiento de las finanzas públicas, no se ha reactivado la economía, por el contrario el desempleo ha aumentado y la inversión en infraestructura, que requiere de sanear las finanzas públicas”, comentó el analista de riesgo y economista, Ernesto Bazán.

En otro puntos, la creación del “Espacio del Emprendedor” para impulsar el emprendimiento como fuente de generación de empleo y “resolver el problema de la Caja de Seguro Social (CSS) con amplia consulta con el pueblo y consenso nacional”, serían aspectos cumplidos en el plan, pero con matices.

Está por verse el resultado de la iniciativa del emprendimiento, con la mitad de la población en la informalidad, y se debate si se dio el consenso ante la aprobación de la ley que reformó el sistema de pensiones de la CSS.

“La famosa reforma a la CSS no fue una sana, sino que postergó el problema actuarial al fusionar los dos subsistemas para acceder a los fondos del antiguo subsistema mixto. Se convirtió en pan de hoy y hambre para mañana”, acotó Bazán , quien calificó la gestión gubernamental como “desalentadora”.

¿Consenso o retroceso democrático’?

De igual manera, el consenso prometido para la CSS contrasta con los enfrentamientos de diversos sectores por este tema.

La Alianza para Salvar Panamá prometió “fortalecer el sistema de justicia, la transparencia y participación ciudadana como pilar fundamental para generar la confianza y cohesión social”.

Distinto a esta participación ciudadana prometida, para el analista político José Eugenio Stoute la reforma de la ley de la CSS se logró “pese a la mayor represión del movimiento social de los últimos 10 años”.

Añadió que la forma en la que el mandatario “descalifica a los críticos”, y no consulta a la ciudadanía sobre una materia trascendental como la posible reapertura de la mina de cobre, en la provincia de Colón, es “un evidente retroceso democrático”.

Otra de las promesas empeñadas de manera verbal fue el “Hospital de Mascotas”, una obra licitada por $14 millones. Cuando este diario solicitó las acciones nominativas a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que antes se publicaban en el portal de Panamá Compra, la entidad las calificó de “acceso restringido” y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó esta decisión.

Esto impide conocer a los beneficiarios finales de un contratista del Estado, lo que según organismos como Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, es un retroceso en la materia así como en la participación ciudadana.

Para la exprocuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, el sistema de administración de justicia no depende del mandatario, pero la promesa suponía dotar de mayor presupuesto al sistema, y no intervenir “para bloquear iniciativas legislativas que buscan fortalecer la eficacia de la acción de la justicia como fue su expresión de oposición a los proyectos de la Procuraduría General de la Nación y a la ley de extinción de dominio en materia de persecución criminal”

Adicionalmente, haber otorgado el salvoconducto a Martinelli -condenado a 10 años por blanqueo de capitales- le permitió evadir la justicia y el pago de la multa de $19 millones, actos contrarios a dicha promesa.

Apede: un balance positivo

En cambio, para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se lograron aspectos claves en disciplina fiscal, la reforma a la ley de la CSS “mediante debate democrático” y haber salido de la lista discriminatoria de la Unión Europea (UE) y mantener el grado de inversión.

Giulia De Sanctis, presidenta del gremio, resaltó como un “balance económico positivo” la aprobación de la Ley de Sustancia Económica para salir de las listas de la UE, la adhesión al Mercado Común del Sur, y el apoyo al emprendimiento. Empero, se requiere más financiamiento y menos burocracia, precisó.

El reto “urgente”, destacó la empresaria, es la generación de empleo formal, reducir la informalidad y dar a conocer la situación del futuro de la mina en Colón; en la que dos fallos de la CSJ declararon su inconstitucionalidad.

En otras cuestiones, el plan de gobierno prometió “resolver integralmente y con decisión la problemática del agua potable en todo el país”, problema que ha empeorado, sobre todo en la región de Azuero.

Otra promesa que quedó en papel al contrarestarla con las estadísticas de homicidios, hurtos y la mayor fuga carcelaria, fue “garantizar la seguridad en todo el país como prioridad para el bienestar y el progreso de nuestra población”.

En materia ambiental se enumeraron 10 compromisos que van desde descontaminar los ríos de la ciudad, promover el tratamiento integral de los residuos, “promover el uso de tecnologías eficientes que utilizan calor para convertir residuos en energía, para el uso en la red eléctrica”, los que “ni siquiera están en proceso”, calificó la Fundación Panamá Sostenible, liderada por Raisa Banfield.

La gestión del actual gobierno de Mulino “es mediocre en el desarrollo social, educativo, y ni qué decir del tema de seguridad pública”, consideró el sociólogo y criminólogo, Tirso Castillo.

A su parecer el Ejecutivo ha priorizado cumplirle a los mercados internacionales y sanear la confianza crediticia del Estado postergando el componente social del plan. “La prosperidad en los hogares, el ‘buco chen chén’, y “pleno empleo” quedan reducidos a una proyección estadística”, acotó Castillo.