Tren Panamá-David frena obra del Tribunal Electoral en Coclé

La posible ruta del proyecto ferroviario Panamá-David empezó a impactar decisiones de inversión pública incluso antes de que exista un trazado definitivo divulgado oficialmente. El Tribunal Electoral confirmó este jueves que suspendió un proyecto de construcción en Coclé, por $6.7 millones, ante la incertidumbre sobre el paso del futuro tren impulsado por el Gobierno.

La revelación surgió durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, durante la sustentación de dos traslados de partida por $1.44 millones solicitados por la entidad para proyectos tecnológicos y compromisos contractuales.

La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, consultó inicialmente sobre el retiro de un traslado de $415 mil destinado a la construcción de la oficina regional de Llano Cartí.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, explicó que la institución decidió excluir temporalmente esa obra porque todavía no estaba lista para iniciar su ejecución.

Sin embargo, el intercambio derivó en otro proyecto que sí quedó descartado: una sede regional en Coclé.

“En la negociación para la finca, para el inmueble donde se iba a realizar la construcción, aparentemente va a pasar el tren”, declaró Arellano ante los diputados.

Según explicó, la institución decidió detener el proceso porque no existía certeza sobre la viabilidad futura del terreno donde se planeaba desarrollar la obra.

“Entonces, el proyecto de Coclé quedó descartado por el momento”, afirmó.

La diputada Prado advirtió durante la sesión sobre los riesgos que implica la circulación de datos preliminares sobre el trazado del tren, especialmente en materia de especulación inmobiliaria y acceso privilegiado a información sensible.

“Es importante tener cuidado con eso, sobre todo para evitar especulación o aprovechamiento de la información”, sostuvo la diputada.

Prado también cuestionó en qué etapa se encuentra el proyecto ferroviario, tomando en cuenta que todavía continúan las consultas y estudios de viabilidad.

Arellano indicó que quienes negociaban el inmueble recibieron la advertencia de que el tren podría pasar por el área. No obstante, reconoció que no podía precisar si la información provino de la Secretaría del Ferrocarril o del propietario del terreno.

“Creo que fue por el propietario del inmueble”, dijo.

La discusión se produjo mientras la Comisión de Presupuesto analizaba dos traslados de partida del Tribunal Electoral.

El primero, por $500 mil, se destinará al desarrollo de un sistema de identidad digital o “wallet digital”, que permitirá portar la cédula de identidad en dispositivos móviles.

El segundo traslado, por $944,180, cubrirá pagos pendientes de contratos tecnológicos vigentes desde 2023.

Ambas solicitudes fueron aprobadas por unanimidad, con 12 votos a favor.

Durante la sustentación, el magistrado Arellano explicó que el denominado “wallet digital” es un proyecto que el Tribunal Electoral desarrolla desde hace varios años y que busca modernizar los mecanismos de identificación ciudadana en Panamá.

“Hace muchos años que tiene el Tribunal Electoral y que la ciudadanía y muchas instituciones del Estado están en espera del mismo. Me refiero al denominado wallet digital”, expresó.

El director de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Tribunal Electoral, Mike Martínez, detalló que el sistema permitirá a los ciudadanos contar con una versión digital de su cédula de identidad personal en sus teléfonos celulares.

“El proyecto del wallet y ID digital no es más que la cédula en formato digital de manera segura con la encriptación adecuada para que el panameño pueda contar con su documento de identidad en su dispositivo móvil”, explicó.

Según indicó, la plataforma también busca integrarse con Panamá Conecta y otros sistemas digitales del Estado para facilitar procesos de autenticación e identificación electrónica.

Durante la sesión, diputados también consultaron sobre el mecanismo de contratación y las garantías de seguridad del proyecto, especialmente tras recientes alertas sobre posibles ataques informáticos a instituciones públicas.

Martínez confirmó que el contrato relacionado con la solución tecnológica tendrá una duración de 10 años y aseguró que la empresa seleccionada cuenta con experiencia previa en proyectos similares desarrollados en Perú y Colombia.

Añadió que la escogencia tomó en cuenta recomendaciones de CAF y el aval técnico de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

La diputada Prado manifestó preocupación sobre la seguridad de la información personal que manejará la plataforma digital, tomando en cuenta recientes casos de vulneraciones informáticas registrados en entidades públicas.

“Hay que tener en cuenta que últimamente se han dado anuncios de posibles hackeos a varias instituciones que ponen en riesgo información sensitiva y personal de miles de panameños”, señaló.

En respuesta, Martínez aseguró que la seguridad fue uno de los principales criterios para seleccionar a la empresa encargada del sistema y añadió que el contrato incluye una fianza de cumplimiento relacionada con la protección de la información.

Además del wallet digital, la comisión aprobó otros $944,180 para cubrir pagos pendientes de contratos tecnológicos vigentes desde 2023.