Tribunal confirma arresto domiciliario a exvicepresidente José Gabriel Carrizo

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó este jueves 12 de febrero las medidas cautelares de retención domiciliaria e impedimento de salida del país contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión la adoptaron los magistrados José Félix Sánchez (presidente), Gustavo De Gracia y Fernando Alonzo, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica del exfuncionario. El Tribunal concluyó que las medidas impuestas por la jueza de garantías resultan necesarias y proporcionales a la naturaleza de los hechos investigados y garantizan los fines del proceso penal.

El proceso surge a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detalla un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones durante el período 2019-2024.

Fiscalía insiste en detención preventiva

Durante la audiencia, la fiscal anticorrupción Adela Cedeño solicitó que se revocara la retención domiciliaria y se ordenara la detención provisional del exvicepresidente en un centro penitenciario.

“Somos respetuosos de la decisión de los magistrados del Tribunal Superior, donde se confirma la postura de la jueza de garantías y la retención domiciliaria al señor José Gabriel Carrizo Jaén y el impedimento de salida”, declaró Cedeño tras conocerse el fallo.

No obstante, la fiscal sostuvo que la detención preventiva era necesaria debido al riesgo de fuga. Argumentó que Carrizo cuenta con recursos económicos suficientes para abandonar el país y recordó que días antes de conocer la orden de aprehensión viajó a Colombia y luego a Guatemala.

Según el Ministerio Público, ese traslado a Guatemala presuntamente buscaba una juramentación ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que, a criterio de la Fiscalía, podía interpretarse como un intento de obtener inmunidad.

Cedeño también se opuso a una solicitud presentada por la defensa para que se aclarara el alcance de la medida cautelar y se permitiera al imputado movilizarse en áreas sociales del PH donde cumple la retención domiciliaria. El Tribunal determinó que esa petición no correspondía en esa instancia, ya que no se planteó ante la jueza de garantías en primera instancia.

“El Ministerio Público se opuso y los magistrados señalaron que no correspondía porque eso no fue pedido ante la jueza de garantía”, explicó la fiscal.

Defensa: “No existe riesgo de fuga”

Por su parte, el abogado Leonardo Paul, miembro del equipo defensor, manifestó su conformidad con la decisión del Tribunal y destacó que la medida confirmada fue solicitada originalmente por la propia defensa.

“La decisión del tribunal de garantías fue confirmada. El 28 de enero la jueza concedió lo que nosotros pedimos: retención domiciliaria e impedimento de salida del país. La Fiscalía pidió detención y hoy pretendía que el señor ingresara a un centro carcelario”, afirmó.

El abogado sostuvo que durante la audiencia quedó demostrado que los fondos del exvicepresidente “se encuentran bancarizados” y que no existe evidencia de recepción de fondos públicos ni de contratistas.

“No ha recibido un solo centavo de fondos públicos, no hay un solo centavo proveniente de contratistas y no existe en toda esa auditoría un reporte de operación sospechosa”, señaló.

La defensa también indicó que Carrizo, por su condición de exvicepresidente y exministro de la Presidencia, estaba sujeto a debida diligencia reforzada como persona políticamente expuesta, lo que implicaba mayor escrutinio bancario.

Sobre el riesgo de fuga, Paul afirmó que su cliente regresó voluntariamente al país tras conocer la orden de aprehensión. “Él no tiene temor. Se presentó. El tribunal consideró que no existe riesgo de fuga ni peligro que justifique un centro carcelario”, expresó.

En relación con el viaje a Guatemala, la defensa rechazó que existiera intención de buscar impunidad. Sostuvo que, en caso de asumir un cargo en el Parlacen, el proceso pasaría a la Corte Suprema de Justicia, pero continuaría su curso.

Auditoría y argumentos técnicos

De acuerdo con la defensa, el Ministerio Público practicó más de 200 diligencias en bancos, comercios y empresas para verificar la adquisición de bienes, entre ellos vehículos y propiedades, sin detectar irregularidades.

“Todas las operaciones financieras, ingresos, pagos y compras se pueden seguir a través de la trazabilidad bancaria. Nunca compró un bien o saldó deudas con sumas en efectivo que no pudiera sustentar”, sostuvo el equipo legal.

Además, cuestionaron el tiempo de análisis del informe de auditoría de más de 2,000 páginas remitido por la Contraloría. “¿En qué momento lo pudieron revisar?”, planteó el abogado.

Con esta decisión, Carrizo continuará bajo arresto domiciliario en el PH donde reside, con impedimento de salida del país, mientras avanza la investigación por el presunto delito contra la administración pública.

El Tribunal dejó claro que las medidas cautelares buscan asegurar la comparecencia del imputado al proceso y evitar riesgos procesales, sin que ello implique un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia, lo que deberá definirse en etapas posteriores del proceso penal.