Uber e InDrive podrían quedar fuera del cobro del ITBMS

Las aplicaciones de transporte que mueven a miles de usuarios a diario desde la pantalla de un celular podrían quedar fuera del nuevo impuesto que impulsa el Gobierno. InDrive y Uber estarían exentas del 7% del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone mediante el proyecto de ley 30-26 para gravar determinadas operaciones de la economía digital.

El caso de InDrive y Uber se debe a que actualmente el servicio de transporte en Panamá no cobra ITBMS a los usuarios, por lo que ambas plataformas quedarían fuera de la discusión.

“Pensaría que sí, en verdad. A ver, la lógica indica que siendo transporte no aplica ITBMS”, declaró Fausto Fernández, viceministro de Finanzas, a La Estrella de Panamá.

Para Airbnb, el escenario cambia. Este medio conoció que la plataforma sería incluida en el proyecto de ley 301, que propone un ITBMS del 10% para los hospedajes turísticos de corta estancia. La norma define esta actividad como la prestación temporal de alojamiento por periodos de uno a 90 días, sin configurar una residencia habitual.

La iniciativa para gravar determinadas operaciones de las plataformas digitales surge como renta sustitutiva tras la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), en cumplimiento del artículo 276 de la Constitución, que obliga al Estado a reemplazar cualquier ingreso fiscal exonerado.

Aunque el proyecto de ley 30-26 aún no llega a la Asamblea Nacional, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que la propuesta no busca crear un nuevo impuesto, sino regular operaciones digitales que, según el Gobierno, ya estaban obligadas a pagar ITBMS, pero carecían de una normativa específica.

“No se están creando nuevos impuestos. Lo que se está haciendo es llenar un vacío legal que se había quedado atrás de la tecnología”, señaló Chapman.

Plataformas bajo el radar

El nuevo esquema alcanzaría a servicios como Airbnb, Uber, Spotify, Netflix y Temu, entre otras plataformas que operen en Panamá.

Las transacciones se realizarían mediante pagos electrónicos, en coordinación con emisores de tarjetas como Visa, Mastercard y American Express. Esto permitiría que el cobro se efectúe de manera automática en cada operación.

El alcance final de la medida dependerá del contenido que apruebe la Asamblea Nacional y de la reglamentación posterior.

Las plataformas digitales también estarían obligadas a emitir facturas electrónicas. Chapman explicó que esta medida permitiría garantizar un cobro transparente y verificable, acorde con las exigencias constitucionales.

“Tiene que emitirse una factura digital que hoy en día no se emite, y esa constancia servirá también para que el usuario pueda reclamar o participar en la lotería fiscal”, indicó.

La propuesta todavía debe pasar por la Asamblea Nacional, donde ya genera rechazo entre algunos diputados.

José Pérez Barboni calificó el cobro del ITBMS a las plataformas digitales como “mercantilismo” y consideró que la medida evidencia, a su juicio, una deficiencia en la recaudación fiscal del Gobierno.

Pérez sostuvo que, así como se debe cumplir la normativa vigente para aplicar impuestos a las compras digitales, también deben realizarse esfuerzos para recuperar los recursos que, según estimaciones mencionadas por el diputado, se pierden por evasión fiscal.

“Como siempre, es el panameño, sin importar su estatus social, el que está subsidiando la reducción del ITBI, un proceso que irresponsablemente se presentó en la Asamblea sin presentar la renta sustitutiva porque primero nos meten la solución. Pero si aquí un diputado presenta un proyecto de ley sin renta sustitutiva, son los primeros en saltar que es inconstitucional. Aquí se pueden llevar sus propuestas inconvenientes e inexequibles porque están atentando contra el panameño”, criticó el diputado.

El diputado Ernesto Cedeño, por su parte, señaló que para aceptar una reforma tributaria el Gobierno debe presentar evidencia sobre la rentabilidad y administración de los recursos que se recauden.

“Sabemos que no la está dando”, dijo.

Para Cedeño, las deficiencias en la recaudación también están relacionadas con actos de corrupción y enriquecimiento ilícito de exfuncionarios.

“Debe haber certeza del castigo y una evidencia que palpe que se están administrando bien los fondos del Estado y que no existe distorsión”, recalcó.