Una carretera clave rediseñada bajo presión ambiental

La rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos, en el tramo que conecta Corozal, Red Tank y la Vía Centenario,vuelve a colocarse en el centro de la agenda de infraestructura del país como una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la conectividad de la Ciudad de Panamá con la Zona del Canal y el sector oeste del país.

Sin embargo, más allá de su importancia vial, se trata de una obra marcada por paralizaciones, fallos judiciales, reclamos ciudadanos y un profundo replanteamiento ambiental que redefinió su alcance y su ejecución.

Los estudios de impacto ambiental (EsIA), elaborados inicialmente en 2018 y actualizados en 2025, permiten reconstruir la evolución de un proyecto que pasó de ser una ampliación vial convencional a convertirse en un caso emblemático sobre los límites ambientales, el control judicial y la necesidad de una planificación más rigurosa en obras públicas de gran escala.

En su versión original, el proyecto fue evaluado en 2018 mediante un Estudio de Impacto Ambiental de Categoría II. En ese momento, la intervención se concentraba en un tramo aproximado de 3.8 kilómetros, entre las estaciones 3K+100 y 6K+945, con el objetivo de mejorar la capacidad de una vía ya congestionada y facilitar el tránsito entre la capital y las áreas revertidas.

No obstante, la ejecución temprana de los trabajos, que incluyó movimientos de tierra y tala de áreas boscosas, generó un fuerte rechazo entre comunidades cercanas y organizaciones ambientales. Los reclamos se centraron en que la obra atravesaba zonas de alto valor ecológico, incluyendo sectores vinculados al Bosque del Camino de Cruces y a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, por lo que —según los denunciantes— no debía haberse tramitado bajo una categoría ambiental intermedia.

El conflicto escaló hasta el ámbito judicial. El 11 de febrero de 2019, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión del proyecto, al considerar que existían elementos que apuntaban a eventuales infracciones a la legislación ambiental vigente. En su resolución, el tribunal advirtió que los daños ocasionados podían resultar irreversibles si no se adoptaban medidas cautelares o precautorias de forma inmediata.

La intervención judicial no se limitó a una suspensión temporal. Posteriormente, la Sala Tercera anuló el Estudio de Impacto Ambiental original del proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos que conectaría con el Puente Centenario, declarando ilegal la resolución administrativa que lo había aprobado.

El fallo fue categórico al señalar que el EIA de 2018 no evaluaba adecuadamente la magnitud de los impactos ambientales, especialmente sobre áreas protegidas como el Parque Nacional Camino de Cruces y zonas estratégicas para la sostenibilidad hídrica del Canal de Panamá. Como consecuencia, la Corte exigió la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental de Categoría III, el nivel más riguroso dentro del sistema panameño de evaluación ambiental.

En diciembre de 2021, otro fallo de la Corte Suprema ratificó esta posición, dando la razón a los moradores y organizaciones que habían denunciado que el proyecto no podía ejecutarse bajo una Categoría II. La sentencia confirmó que, por su escala, ubicación y efectos acumulativos, la obra requería un análisis ambiental profundo, mayor participación ciudadana y medidas de mitigación reforzadas.

Paralización prolongada y replanteamiento integral

A la presión judicial se sumaron complicaciones legales con el contratista inicial, lo que derivó en una paralización prolongada del proyecto por más de 1,700 días. Este estancamiento obligó al Estado a replantear la obra desde cero, no solo en términos contractuales, sino también técnicos, financieros y ambientales.

Fue en este contexto que, para 2025, el proyecto fue retomado bajo un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Categoría III. El alcance se amplió de manera significativa: la longitud total pasó a 6.8 kilómetros, iniciando en Corozal (estación 0K+000) y extendiéndose hasta la conexión con la Vía Centenario (estación 6K+800). Según la planificación actual, la obra concluiría el 26 de marzo de 2027.

El diseño actualizado no se limita al ensanche de la vía. La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, combinando pavimentos de hormigón y asfalto, pero incorpora elementos propios de una movilidad urbana más integral.

Entre las principales novedades figura una ciclovía de tres metros de ancho, que se extenderá desde Corozal hasta la estación 6K+400, ofreciendo una alternativa de transporte no motorizado en un corredor históricamente dominado por el automóvil. A esto se suman aceras de entre dos y tres metros de ancho y la construcción de puentes peatonales en puntos estratégicos, como la Ciudad del Saber.

En materia de seguridad vial, el proyecto contempla retornos a nivel en la zona de Ciudad del Saber y retornos elevados tipo “herradura” en la Vía Centenario, con el fin de eliminar giros a la izquierda considerados peligrosos.

Camino de Cruces: un eje de tensión ambiental

El mayor desafío del proyecto sigue siendo su interacción con el Parque Nacional Camino de Cruces. La carretera atraviesa sectores de esta área protegida, lo que implica un cambio permanente en el uso del suelo en los polígonos intervenidos.

El estudio de 2018 estimaba que la afectación directa representaría menos del 0.11 % de la superficie total del parque, cuya extensión ronda las 4,550 hectáreas. No obstante, el diseño actualizado de 2025 introdujo ajustes sustanciales, precisamente como respuesta a los fallos judiciales.

Entre las modificaciones más relevantes está la eliminación total del uso de explosivos, contemplados en el diseño inicial para trabajos de excavación. También se fortaleció la planificación de pasos de fauna: cada 1,000 metros para especies de mayor tamaño y cada 500 metros para vertebrados pequeños, con el objetivo de reducir el efecto barrera de la vía.

Se mantiene, además, el compromiso de compensación ecológica mediante una relación de reforestación de 10 a 1, es decir, la siembra de diez árboles por cada árbol talado, dentro del propio Parque Nacional Camino de Cruces.

Desde el punto de vista económico, el proyecto se proyecta como un generador relevante de empleo. Las estimaciones más recientes apuntan a la creación de 300 empleos directos y alrededor de 450 empleos indirectos durante su ejecución.

La inversión global se estima en aproximadamente 89.1 millones de balboas. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha informado que el rescate integral del proyecto asciende a 105 millones de balboas, una cifra que incluye ajustes de precios acumulados a lo largo de casi una década y nuevas condiciones contractuales.

Una de las novedades es la inclusión de tres años de mantenimiento dentro del contrato, una cláusula que no estaba contemplada en el diseño original y que busca garantizar la sostenibilidad de la obra una vez concluida.

Para el Ministerio de Obras Públicas, la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos es una de las obras emblemáticas recuperadas por la actual administración. Así lo expresó el ministro José Luis Andrade, quien aseguró que los cambios introducidos responden directamente a los problemas detectados en etapas anteriores.

“El proyecto de Omar Torrijos se modificó un poco para poder nosotros evitar los problemas que hubo anteriormente. Entre esos problemas quedaron una serie de banquetas y movimientos de tierra que se están convirtiendo en puntos críticos, y por ahí vamos a iniciar”, señaló Andrade.

El ministro subrayó que todas las modificaciones han sido coordinadas con el Ministerio de Ambiente, como parte de un esfuerzo por garantizar la viabilidad ambiental del proyecto.

“Ya hemos hablado con el Ministerio de Ambiente, ya hemos hecho todas las diligencias para poder iniciar por esos puntos críticos. Todo está coordinado y los cambios fueron para mejorar el proyecto”, afirmó.

Según el cronograma oficial, los trabajos en campo arrancarán durante el verano de 2026 y se ejecutarán bajo la modalidad de “llave en mano”.