‘Una vez lleguen, investigamos’, alega Gobierno sobre denuncias de abusos a detenidos
- 27/06/2025 09:00
Autoridades afirman que detenidos han recibido “atención médica” y que ‘habeas corpus’ de detenidos deben responderlos la dirección del sistema penintenciario El Gobierno salió al paso en medio de los cuestionamientos sobre abusos de la fuerza pública a los detenidos durante la operación Omega en la provincia de Bocas del Toro, asegurando que “investigarán” las denuncias “una vez lleguen”.
De acuerdo con los testimonios recogidos por abogados de los detenidos, que conversaron con este medio, varios de los 71 detenidos esta semana han sido sometidos a maltratos con golpes, abusos psicológicos y afectaciones a su salud, así como violaciones a los términos judiciales. Incluso denunciaron que hasta este jueves se desconocía el paradero de algunos de los apresados o las circunstancias de su aprehensión, lo que comprometía el acceso a una defensa legal.
“Una vez lleguen esas denuncian, pues nos toca a nosotros, a lo interno, evacuar esas investigaciones, y definitivamente lo que salga, se les aplicará [a los agentes policiales involucradas] el reglamento interno como tal”, dijo Luis Felipe Icaza, viceministro de Seguridad, ante la pregunta de La Estrella de Panamá sobre este tema, en conferencia de prensa ayer.
De acuerdo con el informe levantado por la abogada Lirieth Rodríguez y otros juristas en Veraguas, una de las tres provincias donde han sido llevadas las personas fuera de Bocas del Toro; los detenidos tampoco han comparecidos ante un juez de garantías ni tienen medidas cautelares dentro de los términos. Además, manifiestan que fueron puestos en celdas con delincuentes comunes, trasladados en ropa interior y sin zapatos en aviones, lo que consideran como una forma de vejación fuera del procedimiento.
El comisionado Edgardo Núñez, director de Operaciones de la Policía Nacional, indicó que los detenidos han recibido “atención médica” y buen trato, y que estos están “a órdenes” de la Dirección del Sistema Penitenciario (DGSP). Justificó, además, la dispersión de los detenidos en al menos cuatro centros carcelarios en distintas provincias, por problemas de “espacio” en las prisiones. Algo cuestionado por la defensa que ha criticado “falta de colaboración” de la Policía para ubicar a sus defendidos.
Desde que arrancó el operativo Omega, que desplegó más de 2.080 efectivos en la Bocas del Toro, las autoridades hablan de 371 apresados, de los cuales 21 son menores de edad y la mayoría apresados bajo el estado de emergencia, medida que desde el 20 de junio suspendió las garantías constitucionales. Ese mismo día, el gobierno restringió la internet y toda la comunicación en la provincia.
Este miércoles se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia más de cinco habeas corpus para que los detenidos sean puestos a órdenes de un tribunal; sin embargo, al cierre de esta nota se desconocía si la DGSP dio respuesta.
La Decana preguntó a la Policía si recibió solicitud de la Corte sobre estos habeas corpus, pero insistieron que es la DGSP la que “debe” responder a estos.
Los abogados aseguran que los detenidos “no formaron” parte de los actos de vandalismo que ocurrieron en la ciudad de Chaguinola la semana pasada, en el que hubo cuantiosos destrozos en oficinas públicas y comercios. Alegan que algunos ni siquiera participaban de las protestas y fueron aprehendidos en sus casas. En tanto, el gobierno aduce que entre estas personas hay pandilleros, aunque hasta el momento no se han dado detalles al respecto.
Denuncia de fallecimiento También este jueves, la Defensoría del Pueblo formalizó una denuncian ante el Ministerio Público, luego de que la organización Aldeas Infantiles SOS Panamá informara de una situación en el que presuntamente habría fallecido una niña de 1 año y 8 meses por gases lacrimógenos en Bocas del Toro.
Según un comunicado de la entidad, la denuncia, interpuesta por Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas de la Defensoría, busca esclarecer la verdad y procurar justicia en este caso.
“Solicitó que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes, cumpliendo con los estándares de protección de la niñez”, remarcó la entidad.
La Defensoría indicó a este medio que mantienen abiertas pesquisas en torno a los detenidos y sus condiciones, adelantando que por el momento no comentarán las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, advertido por los abogados.
El Ejecutivo confirmó que el estado de urgencia se mantendrá al menos hasta el 29 de junio con las comunicaciones suspendidas.
Ayer, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, expresó su preocupación por posibles “excesos” en la aplicación de medidas que suspendan garantías y que esta no puede ser un “cheque en blanco”.
El Gobierno salió al paso en medio de los cuestionamientos sobre abusos de la fuerza pública a los detenidos durante la operación Omega en la provincia de Bocas del Toro, asegurando que “investigarán” las denuncias “una vez lleguen”.
De acuerdo con los testimonios recogidos por abogados de los detenidos, que conversaron con este medio, varios de los 71 detenidos esta semana han sido sometidos a maltratos con golpes, abusos psicológicos y afectaciones a su salud, así como violaciones a los términos judiciales. Incluso denunciaron que hasta este jueves se desconocía el paradero de algunos de los apresados o las circunstancias de su aprehensión, lo que comprometía el acceso a una defensa legal.
“Una vez lleguen esas denuncian, pues nos toca a nosotros, a lo interno, evacuar esas investigaciones, y definitivamente lo que salga, se les aplicará [a los agentes policiales involucradas] el reglamento interno como tal”, dijo Luis Felipe Icaza, viceministro de Seguridad, ante la pregunta de La Estrella de Panamá sobre este tema, en conferencia de prensa ayer.
De acuerdo con el informe levantado por la abogada Lirieth Rodríguez y otros juristas en Veraguas, una de las tres provincias donde han sido llevadas las personas fuera de Bocas del Toro; los detenidos tampoco han comparecidos ante un juez de garantías ni tienen medidas cautelares dentro de los términos. Además, manifiestan que fueron puestos en celdas con delincuentes comunes, trasladados en ropa interior y sin zapatos en aviones, lo que consideran como una forma de vejación fuera del procedimiento.
El comisionado Edgardo Núñez, director de Operaciones de la Policía Nacional, indicó que los detenidos han recibido “atención médica” y buen trato, y que estos están “a órdenes” de la Dirección del Sistema Penitenciario (DGSP). Justificó, además, la dispersión de los detenidos en al menos cuatro centros carcelarios en distintas provincias, por problemas de “espacio” en las prisiones. Algo cuestionado por la defensa que ha criticado “falta de colaboración” de la Policía para ubicar a sus defendidos.
Desde que arrancó el operativo Omega, que desplegó más de 2.080 efectivos en la Bocas del Toro, las autoridades hablan de 371 apresados, de los cuales 21 son menores de edad y la mayoría apresados bajo el estado de emergencia, medida que desde el 20 de junio suspendió las garantías constitucionales. Ese mismo día, el gobierno restringió la internet y toda la comunicación en la provincia.
Este miércoles se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia más de cinco habeas corpus para que los detenidos sean puestos a órdenes de un tribunal; sin embargo, al cierre de esta nota se desconocía si la DGSP dio respuesta.
La Decana preguntó a la Policía si recibió solicitud de la Corte sobre estos habeas corpus, pero insistieron que es la DGSP la que “debe” responder a estos.
Los abogados aseguran que los detenidos “no formaron” parte de los actos de vandalismo que ocurrieron en la ciudad de Chaguinola la semana pasada, en el que hubo cuantiosos destrozos en oficinas públicas y comercios. Alegan que algunos ni siquiera participaban de las protestas y fueron aprehendidos en sus casas. En tanto, el gobierno aduce que entre estas personas hay pandilleros, aunque hasta el momento no se han dado detalles al respecto.
También este jueves, la Defensoría del Pueblo formalizó una denuncian ante el Ministerio Público, luego de que la organización Aldeas Infantiles SOS Panamá informara de una situación en el que presuntamente habría fallecido una niña de 1 año y 8 meses por gases lacrimógenos en Bocas del Toro.
Según un comunicado de la entidad, la denuncia, interpuesta por Anna Karina Salerno, directora de Unidades Especializadas de la Defensoría, busca esclarecer la verdad y procurar justicia en este caso.
“Solicitó que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes, cumpliendo con los estándares de protección de la niñez”, remarcó la entidad.
La Defensoría indicó a este medio que mantienen abiertas pesquisas en torno a los detenidos y sus condiciones, adelantando que por el momento no comentarán las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, advertido por los abogados.
El Ejecutivo confirmó que el estado de urgencia se mantendrá al menos hasta el 29 de junio con las comunicaciones suspendidas.
Ayer, Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, expresó su preocupación por posibles “excesos” en la aplicación de medidas que suspendan garantías y que esta no puede ser un “cheque en blanco”.