Varela Leaks: admiten querella penal contra Varela, Porcell y exjefe del Consejo de Seguridad
- 02/02/2026 13:40
Investigación judicial avanza tras decisión fiscal, abogados alegan interferencias institucionales, señalan delitos graves y abren debate sobre eventuales nulidades en procesos penales emblemáticos
La Procuraduría General de la Nación (PGN) admitió una querella penal relacionada con los denominados Varela Leaks, dirigida contra el expresidente Juan Carlos Varela, la exprocuradora Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López Pérez, por presuntas conductas vinculadas a delitos contra la administración de justicia y la personalidad interna del Estado. El abogado Royz Navarro informó que será notificado formalmente este lunes a las 11:30 a.m. en la sede del Ministerio Público.
Según lo expuesto por los abogados querellantes ante medios de comunicación, la acción penal se origina en hechos derivados de las filtraciones conocidas como Varela Leaks, que habrían evidenciado —según la tesis de la acusación— una presunta injerencia indebida del Ejecutivo en procesos judiciales durante el quinquenio pasado.
De acuerdo con Navarro, la querella fue interpuesta inicialmente contra Varela, Porcell y López Pérez por delincuencia organizada, conspiración, delitos contra la administración de justicia, delitos contra la personalidad interna del Estado, simulación de hecho punible y asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, el Ministerio Público solo admitió formalmente la querella contra Kenia Porcell y Rolando López Pérez, al considerar que el expresidente mantiene un blindaje jurídico que impide, por ahora, que sea procesado directamente mediante esta vía.
“El presidente de la República tiene un blindaje jurídico. No obstante, si de la investigación surgen pruebas idóneas, la Fiscalía podría iniciar una investigación de oficio”, explicó Navarro, subrayando que la admisión parcial no cierra la puerta a eventuales actuaciones futuras contra el exmandatario.
Por su parte, el abogado Fermín García, parte del equipo legal del querellante, sostuvo que la decisión representa “un paso importante para la democracia”, al permitir que se investiguen presuntas irregularidades graves que, según dijo, afectaron derechos fundamentales y el debido proceso.
Los abogados detallaron que los hechos denunciados encuadran, entre otros, en el artículo 384 del Código Penal, relacionado con delitos contra la administración de justicia —en la modalidad de simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales—, así como en el artículo 435, que tipifica los delitos contra la personalidad interna del Estado.
La querella se tramita dentro de la carpeta 2025-306760, y, según la defensa, se sustenta en actuaciones que habrían incluido presuntas interceptaciones, investigaciones y maniobras procesales al margen del debido proceso, presuntamente ejecutadas desde estructuras de poder estatal.
Uno de los elementos más sensibles señalados por los abogados es que, de comprobarse la injerencia denunciada, podrían solicitarse nulidades de sentencias dictadas en procesos penales relevantes. Navarro mencionó expresamente el caso del empresario Hernán Iglesias Chali, pero advirtió que el alcance podría extenderse a otros expedientes emblemáticos, incluso vinculados a figuras de alto perfil político.
“Esto no se limita a una persona o a un solo caso. De acreditarse la intervención indebida en la administración de justicia, el impacto sería mucho mayor”, afirmó.
Los abogados insistieron en que sus planteamientos se hacen respetando la presunción de inocencia de los señalados y que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia imputaciones formales.
Los Varela Leaks salieron a la luz a partir de filtraciones de conversaciones privadas atribuidas al expresidente, que generaron un fuerte debate nacional sobre la independencia judicial, el uso de organismos de seguridad del Estado y la separación de poderes. Desde entonces, diversos sectores han exigido investigaciones formales sobre el alcance real de esas revelaciones.
La admisión de esta querella marca el primer avance procesal concreto en ese sentido y reabre un capítulo sensible sobre el ejercicio del poder, la justicia y la rendición de cuentas en Panamá.