Viajes, viáticos y nepotismo: Diputados cuestionan a Cancillería en Presupuesto

Los viajes oficiales, el presupuesto para viáticos, las designaciones diplomáticas y las cuotas que Panamá paga a organismos internacionales fueron algunos de los temas que generaron cuestionamientos durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La sesión estuvo encabezada por el vicecanciller, Carlos Hoyos, quien acudió en funciones de canciller encargado debido a que el titular de la cartera, Javier Martínez-Acha, se encontraba en una misión oficial en Singapur y Vietnam.

Uno de los primeros cuestionamientos estuvo relacionado precisamente con la ausencia del canciller durante la discusión del presupuesto. El vicecanciller explicó que Martínez-Acha se encontraba en Asia como parte de una agenda orientada a fortalecer las relaciones comerciales, dar seguimiento a visitas oficiales anteriores y preparar una futura gira del presidente de la República.

Según explicó, la selección de los destinos responde a criterios como la reciprocidad diplomática, la búsqueda de inversión extranjera y el posicionamiento internacional de Panamá.

También puso sobre la mesa los recursos destinados a los viajes de funcionarios al exterior. Cancillería explicó que los viáticos y el transporte internacional se manejan mediante fondos comunes correspondientes a las partidas 142, para viáticos en el exterior, y 152, para transporte.

Para 2027 se recomiendan $50 mil para viáticos y $158 mil para transporte. Durante la discusión, Hoyos reconoció que los $50 mil destinados a viáticos resultan insuficientes para sostener la política exterior que desarrolla actualmente el país.

La conversación también abordó las tarifas diarias de viáticos, que pueden alcanzar $400, $500 o $600, dependiendo de la región.

El funcionario planteó la posibilidad de revisar estos montos de acuerdo con el país de destino, debido a las diferencias en el costo de vida. Como ejemplo, mencionó el caso de Barbados, donde los gastos pueden ser considerablemente distintos a los de otros destinos.

Otro de los momentos de mayor tensión se produjo al abordar los nombramientos de embajadores. Aunque se reconoció el trabajo realizado por el cuerpo diplomático en el exterior, también surgieron a colación las designaciones que responden a nepotismo, de acuerdo a los diputados.

Entre los casos mencionados estuvieron el hermano del presidente, designado en Portugal; el hermano de la primera dama, en Japón; y el hijo de la expresidenta Mireya Moscoso, ante las Naciones Unidas.

El vicecanciller defendió los nombramientos y sostuvo que el vínculo familiar con una figura política no debe ser, por sí solo, un impedimento para ejercer una función diplomática.

En el caso de Portugal, destacó la trayectoria del embajador, mientras que sobre Japón resaltó el trabajo desarrollado por el representante panameño. También aseguró que los gastos de las misiones diplomáticas están sujetos a fiscalización y deben cumplir con las normas establecidas.

Las cuotas que Panamá paga a organismos internacionales también fueron objeto de cuestionamientos. Cancillería contempla $10,4 millones para el pago de membresías y aportes a organismos internacionales.

En este sentido, el vicecanciller señaló que el nivel de aprovechamiento puede variar de un organismo a otro, pero sostuvo que estos pagos son parte del costo de pertenecer al denominado “Club de Naciones”.

Según explicó, la participación permite a Panamá mantener espacios de interlocución internacional y contar con respaldo político y diplomático en determinados escenarios, además de generar posibilidades de reciprocidad entre los Estados.

La situación de la Marina Mercante también fue abordada durante la sustentación.

Ante el cuestionamiento por la pérdida de naves registradas bajo bandera panameña, el vicecanciller explicó que la reducción responde, en parte, a una decisión deliberada de la administración.

Detalló que Panamá ha optado por no abanderar buques con más de 15 años de antigüedad, como parte de una estrategia para sanear la reputación de la Marina Mercante y acercarla a los estándares internacionales.

La medida implica una reducción en el número de embarcaciones registradas, pero, de acuerdo con la explicación ofrecida por Cancillería, busca mejorar la calidad del registro y no únicamente incrementar la cantidad de naves bajo bandera panameña.

La sustentación del presupuesto permitió así poner sobre la mesa no solo las necesidades financieras de la Cancillería para 2027, sino también interrogantes sobre la política de viajes, los nombramientos diplomáticos, el costo de la representación internacional y la estrategia del país para mantener su presencia en organismos y escenarios multilaterales.