‘Lo ocurrido a las víctimas del dietilenglicol se puede repetir en Panamá’

Esta semana la Corte Suprema de Justicia reconoció, en un fallo, indemnizaciones para tres de las cientos de víctimas con demandas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol ocurrido en 2006 en la Caja de Seguro Social (CSS), tras dos décadas de una tragedia que aún se proyecta como una sombra criminal sobre el sistema de salud panameño. Muchas víctimas, incluso fallecidas sin recibir reparación ni perdón, continúan esperando justicia. Más grave aún, el sistema sanitario sigue presentando fallas graves en los controles. Así lo advierte, en este Polígrafo de La Estrella de Panamá, Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, que agrupa a los afectados. Mientras los casos permanecen sin resolver, Pascual lanza una alerta clara: el sistema de la CSS y del Ministerio de Salud (Minsa) no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido, manteniendo vigente el riesgo de otra tragedia.

Es un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero deja interrogantes sobre los criterios que utilizó la Corte para determinar el daño moral. Sé que la Corte se pronunciará en lo penal sobre la responsabilidad del Estado, y que en 2021 ya hubo fallos con indemnizaciones superiores a $180,000 por lucro cesante y daño moral. Lo que quiero es contrastar los argumentos actuales con los utilizados anteriormente y entender mejor los criterios aplicados, porque ahora la indemnización es menor. Nos preocupa que no se esté avanzando con la rapidez necesaria, considerando que hay entre 300 y 400 expedientes, que representan el 82%. Por eso, espero que se publiquen los resultados y que todas las víctimas conozcan la reparación completa, tanto en lucro cesante como en daño moral.

Desde 2021, seis personas han sido beneficiadas en la vía penal o administrativa. Esto es distinto a la pensión vitalicia especial que otorga el gobierno, la cual reciben unas 940 personas. Sin embargo, aún quedan más de 400 casos pendientes que deben evaluarse de forma rigurosa.

Por eso, se le exige al Minsa que declare a estas personas conforme a un criterio único establecido por la ley, y no múltiples criterios que los terminan excluyendo, para garantizar una respuesta justa y atender adecuadamente a todas las víctimas... muchas personas tienen dificultades para obtener un trabajo por su condición y para conseguir financiamiento, que les es negado por su situación de salud.

Entre 2004 y 2006 se distribuyeron 200,000 envases y 102,000 recetas; en ese tiempo, el comité logró recabar evidencia de más de 400 personas fallecidas, más las que posteriormente se han dado a conocer. Estamos hablando de por encima de entre 1,200 y 1,500 personas en total que el comité ha documentado como fallecidas por dietilenglicol, y aún queda una gran cantidad de sobrevivientes. La cantidad que reposa en la Corte Suprema de Justicia es ínfima frente a la magnitud de la distribución que se dio. Es más, en el expediente que está en la Corte se señala que hay una lista que recoge más de 15,000 nombres de personas identificadas con su nombre, receta e historial, y que recibieron el medicamento con dietilenglicol.

Es un proceso muy duro para personas que ya vienen sufriendo desde hace 20 años; muchas no tenían ni tienen los recursos. Solamente el comité de familiares y su firma de abogados presentamos 562 demandas por el orden de los 500 millones de dólares entre lucro cesante y daño moral, aunado al resto de los abogados que, de manera independiente, han presentado las suyas. Le pedimos a la Corte Suprema agilizar esos trámites, fallar a conciencia, con criterio científico, y que ese recurso, esa indemnización, pueda compensar y mejorar su calidad de vida. El problema es que hay mucho gasto en el que la víctima ha incurrido por la ausencia de medicamentos que no tiene la CSS, por la falta de un protocolo de seguimiento que no tienen ni el MINSA ni la CSS, y por la ausencia, realmente, de políticas públicas que eviten situaciones como las que estamos viviendo en este momento.

Los sistemas no mejoraron y seguirán existiendo problemas mientras no haya cambios reales que garanticen confianza y credibilidad. Peor aún, como víctimas del dietilenglicol, hemos sufrido deterioro y retrasos en la calidad de atención y en el acceso a medicamentos, lo que me hace preguntarme qué ocurre con el resto de la población; hay falta de control sobre los fármacos y su seguridad. Entre 2004 y 2006, quienes acudían a hospitales buscaban atención digna, pero muchos encontraron un daño que destruyó su organismo y los dejó con secuelas graves. Esta situación ha sido dura y poco visibilizada, afectando a todo el país, no solo a la capital.

Lo ocurrido a las víctimas del dietilenglicol se puede repetir, porque el sistema y los controles no han mejorado. Lo hemos advertido y no es alarmismo, es la realidad. Conozco el sistema de salud porque he estado dentro, y por eso afirmo que no hay laboratorios de producción ni controles que garanticen la trazabilidad de medicamentos e insumos. Cada día vemos noticias sobre medicamentos vencidos en la CSS, y me pregunto cómo es posible que eso ocurra todavía. Esto evidencia fallas en los controles que deberían tener el Minsa y la CSS para evitar pérdidas de insumos, medicamentos e incluso vidas. A esto se suman problemas como la falta de camas y de especialistas, lo que impide garantizar una atención adecuada. Todo esto demuestra que aún no contamos con un sistema de salud sólido, como la población lo ha exigido y seguirá exigiendo.

La justicia en este país es selectiva. Como esto se dio en mayor magnitud a población vulnerable, gente pobre y humilde, les dieron 5 o 10 años a algunos; otros simplemente fueron absueltos. Peor aún cuando ves que el Estado repara a víctimas cuyas vidas destruyó con solo 25 mil dólares, a regañadientes, pero le paga a una empresa que nunca construyó un hospital oncológico millones de dólares; te das cuenta de la distancia que hay entre los intereses de quienes dirigen el país con la necesidades de la población. No hay compromiso ni empatía con la gente por parte de quienes dirigen la política nacional del Estado.

Hemos mandado una cantidad de notas al director de la CSS, Dino Mon, y ha sido imposible reunirnos con él, cuando justamente fue en la CSS donde se dio la tragedia. Queremos sentarnos con él y buscar soluciones, mejorar las atenciones a nivel nacional en cada una de las provincias. Ha sido imposible hablar con él. Con el Ministerio de Salud, las reuniones que hemos tenido han sido de muy bajo nivel y no llenan las expectativas, además tampoco responden a nuestras cartas. También hay una comisión de seguimiento y una evaluadora que certifica a las víctimas, pero no juega su rol; no hay una política de seguimiento a las víctimas ni de atención efectiva en las provincias del interior. No hay voluntad política.

Además de voluntad política, hay una ausencia de empatía y falta de humanidad. Si lo vemos con una mirada más amplia a lo largo de los años, cuando se habla de mejorar el sistema de salud, te das cuenta de que hay intereses que complican aún más las cosas.

Los intereses de quienes se benefician de que cada rubro de la salud pública se mantenga como está, priorizando el negocio particular por encima del bienestar de la población. ¿Cómo es posible que puedas comprar un medicamento en un país vecino a bajo precio y aquí te lo tripliquen?, ¿cómo es posible que el mismo médico que te atiende en una instalación de salud pública te atienda mejor en la salud privada, siendo el mismo médico? Necesitamos buscar una equidad entre lo económico y el respeto a los derechos humanos.

Primero, mantener nuestra unidad en la lucha. En el comité, más que una organización somos un entorno familiar; eso es lo que nos ha permitido fortaleza y mantener la memoria. Enseñar a las nuevas generaciones lo que pasó y seguir perseverando por un horizonte de justicia y una salud digna para las víctimas y el resto de los panameños.