Oriel Ortega: ‘El agente encubierto llega hasta donde lo avale la justicia’

Con treinta y dos años de servicio en los estamentos de seguridad del Estado panameño, Oriel Óscar Ortega Benítez le toma el pulso a uno de los mayores problemas de los ciudadanos: la inseguridad y analiza la polémica por los métodos de combate a la delincuencia y el uso de agentes para vigilar a campesinos y activistas.

Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), entre julio 2019 a julio 2023, y quien desde 1997 tuvo que lidiar con los paramilitares en la provincia de Darién, secuestros, ver como las guerrilleras eran las parteras en esa provincia y se izaban en suelo patrio las banderas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) recomienda el replanteo de estrategias para recuperar la tranquilidad.

¿Dónde estudió usted seguridad?

Soy egresado de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, de la República de Colombia, del arma de artillería. Inicié mi carrera como subteniente en la zona de policía de Colón, en 1992. De allí fui trasladado a la Unidad de Control de Multitudes y posteriormente a la Dirección de Inteligencia Policial (DIP). Luego pasé al Servicio Especial de Fronteras, después de realizar un curso de fuerzas especiales en Colombia. Entré a Darién en 1997 y empecé a ver la situación desde entonces. Pasé a formar parte del equipo de la Escuela de Oficiales de Panamá y continué mi carrera. Luego fui trasladado como mayor al Centro Penitenciario La Joyita, como jefe. Cuando se creó el Senafront, en 2008, empecé la carrera de cero en el Servicio Nacional de Fronteras.

¿Cómo ha evolucionado la seguridad en la actual administración?

El Estado debe hacer un cambio, un giro en cuanto a los métodos tradicionales para ejercer la seguridad pública, porque la delincuencia organizada, tanto nacional como transnacional, es muy flexible y cambiante. Hay que adaptarse a esa flexibilidad a través de lo que yo llamo un ecosistema policial integrado. Antes de que una persona sea delincuente hay muchos factores que lo llevan allá. Es una acción integrada entre la sociedad civil en todos sus componentes, la propia fuerza pública y también en sus tres componentes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

¿Qué son los métodos tradicionales?

Las directrices vienen ministeriales a las direcciones de las distintas fuerzas públicas y de allí las zonas policiales que son las que ejecutan el trabajo en las calles. Podríamos retomar nuevas acciones con mucha tecnología, capacitación de primer nivel en las calles. Algo muy importante es que cuando se traslada la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Técnica Judicial a la Policía Nacional, a través de la ley 69 del 2007, pasa un fenómeno que se pierde la esencia de la escuela de investigaciones, se le llamaba la academia de detectives y es un factor muy importante porque la modalidad delictiva ha evolucionado en todos los sentidos...

¿Cuál es la consecuencia de que esta academia de detectives no exista?

Hay que retomarlo porque la investigación tiene que ser hoy mucho más profesional y científica para poder llevar a los transgresores de la ley ante el Órgano Judicial y determinar medidas cautelares contundentes [...] el Sistema Penal Acusatorio así lo demanda.

En la actual administración se ha creado una Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para combatir la desinformación y no se ha explicado qué se entiende por “desinformación” ni cuáles van a ser los métodos. Grupos ciudadanos alertan de posibles violaciones a derechos fundamentales. ¿Qué opinión le merece?

La inteligencia policial es una cosa y la de investigaciones otra cosa. La inteligencia policial se utiliza para buscar información y presentarla a los organismos estratégicos y de esta manera se toman decisiones. La investigación policial es otro ambiente, ya legal. Son dos temas totalmente diferentes porque una trabaja directamente para el Estado en la toma de decisiones, que es la inteligencia y la investigación policial trabaja para el Ministerio Público y el Órgano Judicial en la persecución del delito[...]En este momento el Estado lo que ha buscado es normarlo y reglamentarlo a través de esta resolución de la Senan que está en el tema mediático. Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial está avalada por la Universidad de Panamá, hay un diplomado de inteligencia, es un ejemplo de llevar académicamente todas estas capacidades que tiene el Estado para la persecución del delito.

A septiembre se han registrado 415 homicidios, un incremento del 2% respecto al año pasado. ¿Qué significa esto?

Somos muy estudiosos del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, son siete víctimas más. Debemos recordar que la función primordial del Estado es garantizar la vida de los seres humanos, lo que llamamos la seguridad humana, que las personas estén libres de miedo.

¿Hemos logrado vivir así, libres de miedo?

La sensación de la ciudadanía es, justamente, una situación de inseguridad. También los Estados, a través de las directrices de la oficina de droga y el delito de las Naciones Unidas, miden su nivel de seguridad por la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes. Es un desafío muy importante para la fuerza pública, buscar que los niveles de homicidios sean reducidos. También es muy importante para la sensación ciudadana de que la seguridad se note, evitar que se cometan delitos en lugares que no se deban cometer, por decir algo, en centros comerciales, o áreas donde se aglomera la ciudadanía, evitar que sucedan en horas que no se debieran cometer, y eso es la presencia policial, y que personas que no tengan que ver con una acción delictiva entre pandillas o bandas delincuenciales por ajuste de cuenta, sufran esta situación y sean víctimas del delito que se vaya a cometer.

¿Fracasamos en esto?

Allí es donde está la sensación ciudadana de inseguridad.

¿La estrategia de seguridad implica infiltrarse en los movimientos sociales y seguir la vida íntima de los activistas?

Son directrices del propio Estado. Si hay un delito que se está cometiendo o se percibe que haya una situación que atente o raye en una tipicidad al Código Penal, lógicamente que se van a utilizar acciones, pero esta pregunta es muy importante hacérsela más bien al Ministerio Público y al Órgano Judicial porque si ellos legalizan los agentes encubiertos quiere decir que están anuentes que hay un proceso de la comisión de un delito y por eso avalan la presencia de fuerzas policiales dentro de este caso, lo que está mediáticamente hoy, la situación que ha presentado el sindicato Suntracs.

En una democracia donde,en teoría existe libertad de reunión, de manifestación, de asociación ¿hasta dónde llega esa línea delgada en la que los agentes del orden público “encubiertos”, como dice la policía, pueden trabajar?

Llega hasta donde lo avala el Ministerio Público o el Órgano Judicial

El plan Firmeza de la actual administración menciona la protesta como una amenaza. Usted formó parte del gobierno de Cortizo y se dieron fuertes protestas ¿Así se consideraba también la protesta?

Siempre y cuando no atente con la infraestructura pública o privada, contra la vida de personas que no tienen que ver en la protesta, si la protesta se torna violenta, si dañan bienes del Estado o de personas o empresas. De igual manera, si atenta contra la vida de alguna persona o agentes de la fuerza pública. Ejemplo: las protestas en el área de la construcción del Hospital del Niño lanzaron un tubo con una plancha de cemento a una unidad policial, eso es una acción que va a favor de causarle daño a una persona.

Pero no se sabe si eran los encubiertos o los manifestantes

Ahí está el detalle, cuando pasan situaciones como estas y se descubre que hay un agente encubierto, vienen este tipo de consecuencias que el Estado tiene que responder y queda la duda.

En un gobierno liderado por un miembro de la Cruzada Civilista, se cuestiona si se activó el G2. ¿Qué responde?

En realidad los agentes encubiertos se han utilizado siempre para operaciones antidroga, operaciones con secuestros o para grupos delincuenciales organizados [...].

Panamá es el epicentro del narcotráfico y blanqueo de capitales, lo han dicho organizaciones internacionales. ¿Cómo observa el flagelo?

Panamá ha estado, a través de los años, durante más de dos décadas, entre los tres primeros lugares de incautación de droga porque somos países de tránsito y tenemos frontera con uno de los países que más cocaína y marihuana produce. Es muy atractivo para los delincuentes utilizar nuestras rutas multimodales de logística...

¿De qué adolece nuestra estrategia en esta materia?

Cada dos años se debe evaluar la estrategia, El 3,4% del producto interno bruto de América Latina está dirigido al combate a la delincuencia organizada y representa más del 12% para obras de carácter social... Entonces, muchos recursos se van hacia el combate a la delincuencia organizada porque cada quien lo hace solo. Pero si hubiera esta integración, un ecosistema policial que nosotros llamamos nacional, binacional y multinacional se lograrían mejores resultados.

¿Por qué Estados Unidos (EEUU) apoya tanto al Senafront?

Por la situación de la lucha mundial contra las drogas. Lastimosamente EEUU es uno de los mayores países consumidores de drogas en el mundo. Se dice que diariamente pueden estar muriendo alrededor de 90 personas por intoxicación producto de las drogas.

¿Es cierto que tenemos un ejército camuflado en el Senafront, a pesar de que la Constitución dice lo contrario?

No es un ejército camuflado, es una fuerza policial especializada.

¿En qué se diferencia?

La propia Constitución, en el sentido tal de que en ningún momento usted ve aquí en Panamá un tanque de guerra, un lanzacohetes o un cañón.

Se creó un fondo secreto que va a manejar el Ministerio de Seguridad para la protección del Canal, ¿cómo se protegía antes?

La Autoridad del Canal de Panamá siempre ha aportado de sus recursos a la zona de policía del Canal y teníamos convenios. En mi momento como director del Senafront teníamos convenios de patrullajes [...]

¿Si ya existía, para qué crear algo nuevo?

Habría que preguntar al Estado.