‘Hace falta una cultura de Estado en materia de seguridad’

Los recientes casos de violencia criminal han generado preocupación por la inseguridad y han despertado dudas sobre el manejo del Gobierno y de la Policía. Conversamos para el Polígrafo de La Estrella de Panamá, con el comisionado retirado y presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Servicios de Policía de Panamá (Conapol), Irving Muñoz, sobre este problema y los desafíos relacionados con la necesidad de construir políticas públicas.

No diría que la estamos perdiendo. Entiendo que, de acuerdo con los registros que presentan los estamentos de seguridad, los homicidios están por debajo de años anteriores. Esto no quiere decir que no haya hechos violentos.

Yo respeto a todos los ciudadanos y su sentir, pero tenemos que hablar de varios conceptos. ¿Qué es la seguridad? Es un estado en el que tú te sientes sin incertidumbre. Cuando tienes certidumbre, te sientes seguro. Cuando hay incertidumbre, entonces se genera la inseguridad; pero eso es individual, es perceptivo. Entonces, tenemos que ver los hechos concretos, la data dura: las cifras de homicidios, robos, hurtos, los hechos que ocurren. La desinformación impacta en la psique del ciudadano y eso genera un estado de incertidumbre, lo que se llama inseguridad.

Nosotros tenemos que crear una cultura de Estado. Hablamos de gobierno y no tenemos un concepto claro de Estado ni de Nación. No queremos entender que las políticas de Estado tienen que perdurar en el tiempo (...) Necesitamos una política de Estado en materia de seguridad para disminuir la incidencia delictiva. Entonces, hay que hacer un trabajo que vaya a la raíz (...) Hay que apuntar a la respuesta social y a la prevención. No es un problema exclusivamente de los estamentos de seguridad, porque ellos no son especialistas en esa parte de la prevención.

El presupuesto en cualquier fuerza de policía nunca es suficiente. Parte del problema obedece a la necesidad de una planificación específica y bien dirigida de los recursos. También hay que medir los objetivos que se plantean con indicadores, para poder darles seguimiento. Muchas veces el presupuesto se ve agotado porque los estamentos de seguridad, además de cumplir con su rol en la prevención y represión del delito, también apoyan a otros ministerios o asumen otros roles.

Tenemos contingentes de policías custodiando cárceles; muchas veces los policías realizan labores de reparación de escuelas, cuando el Ministerio de Educación tiene un presupuesto para eso.

Ocurre que, mientras se hacen reclutamientos muy masivos, llega un momento en que también se dan salidas grandes cuando el policía debe retirarse. Esto impacta el pie de fuerza. Debe haber una mejor estructuración en cuanto al reclutamiento y que estos se hagan escalonadamente, lo que debe contemplar además la transmisión del acumulado de conocimiento del personal hacia quienes se insertan en la institución y no cuentan con la experiencia. Hay que trabajar de manera científica el tema de la rotación de personal, con estudios que permitan tomar decisiones en función de mantener el pie de fuerza y la estructura organizativa.

En el caso de los estamentos de seguridad, claro que están infiltrados; nadie puede decir que no, y sería engañarnos afirmarlo. Pero frente a eso, los estamentos de seguridad tienen un departamento de inteligencia y dentro de ellos se hace contrainteligencia. Eso quiere decir que quien investiga también es investigado, y se hace una investigación sobre todo aquel que pueda ser sospechoso. Debe darse una verificación constante, pero no es el único lugar donde hay que vigilar. Si miramos las estructuras criminales del narcotráfico y nos concentramos solo en el joven que siembra la hoja de coca y en el tráfico de drogas, ¿a dónde van los millones de dólares que mueve este delito? Ese dinero no entra al mercado, gobierno y empresas privadas por medio de ese muchacho que sembró la hoja de coca. Es un problema estructural que debe verse de manera panorámica.

Primero, debemos crear una comisión de evaluación objetiva de los estamentos de seguridad, donde se analice su funcionamiento en todos los sentidos: recursos humanos, materiales y equipo. También escogería tres o cuatro zonas donde tengo mayores problemas, las focalizaría y las establecería como un plan piloto bien estructurado, que no sea solo una política del Ministerio de Seguridad, sino que involucre a otros ministerios sociales. Muchas veces el Estado entra y aplica represión y no lleva más nada, de tal manera que no se ofrece una respuesta integral. Debe haber más participación con la ciudadanía; no solo un programa de Vecinos Vigilantes, sino un vínculo más directo. La seguridad se construye entre todos los actores. Debe haber interoperabilidad entre todos los que conforman ese conjunto que se llama comunidad. Todos los cuerpos necesitan adaptarse, porque vivimos en un tiempo en donde el conocimiento, la información y los delitos van cambiando. Entonces, las estructuras policiales, las estructuras de represión del delito, requieren una actualización.

Primero, tenemos que tener algo claro: el policía no actúa porque él quiere actuar; actúa porque es una necesidad del Estado. La fuerza pública no media la situación desde un punto de vista político. Siguen órdenes de una autoridad legítima que está dando una orden legítima. Muchas veces escucho el clamor de la gente que dice: “Sí, pero es que la policía debe sumarse”. Imagínese que cada vez que hay una manifestación o pasa algo, el policía se voltea contra el gobierno. ¿Dónde vamos a quedar? Los policías son funcionarios que hacen cumplir la ley. Aquí lo importante es entender que la debida obediencia no existe cuando afecta la dignidad o pone en riesgo la vida de un tercero.

Si, mi general Torrijos tenía razón en eso. ¿Pero al final reprimió o no? Sí lo hizo. Aunque la gente tuviera la razón, eso no quiere decir que no lo hiciera. Muchas de esas situaciones, además, a veces afectan derechos de terceros. Tuvimos paralizaciones en 2022 y 2023, y en 2025 iba a ocurrir un caos parecido. A lo que nosotros tenemos que prestarle más atención es a la escogencia de los funcionarios que deben estar al frente para resolver los problemas sociales y evitar que lleguemos a ese tipo de situaciones.

Dentro de ese ser llamado policía está la parte humana, y esa parte es la de ayudar al prójimo; eso lo hemos visto en el actuar de la fuerza pública. No se puede condenar a todo un estamento porque alguno haya participado en una violación de derechos. Además, si alguien se siente afectado, a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) puede poner una denuncia, y se hace una investigación interna. Algunos sectores piensan que, para debilitar al gobierno de turno, es bueno golpear a la Policía. Si hay alguna actividad fuera de la ley, deben poner las denuncias.

¿Por qué yo debería dudar? En cualquier cuerpo policial, incluso en países con ejércitos, son las mismas fuerzas las que investigan posibles crímenes en tribunales militares. Nada coarta a las personas para que presenten denuncias en una instancia jurisdiccional e interpongan una denuncia.

Nuestro rol debe ser de neutralidad. No podemos dejar de lado que siempre hemos tenido una relación muy cercana con los Estados Unidos, pero también somos un país soberano, independiente y con libre determinación. Con base en la experiencia de la invasión de 1989, que a mí me tocó vivir, debemos enfocarnos en el plano diplomático.

Depende de la situación, pero la Constitución es clara: todos los panameños están obligados a tomar las armas en caso de que el país sea atacado; todos los ciudadanos tenemos que prepararnos. Pero pienso igual que todo debe resolverse por la diplomacia y el diálogo; la última instancia debe ser la vía de la guerra.