‘Lo ocurrido con el terremoto en el interior podría repetirse en Arraiján y San Miguelito’

Las deficiencias estructurales, la construcción informal y la falta de fiscalización no son problemas exclusivos del interior del país: también persisten en las periferias de la capital, como Panamá Este y Panamá Oeste, e incluso en San Miguelito, un distrito integrado al área metropolitana. Allí, muchas familias levantan sus viviendas con recursos limitados y sin suficiente orientación técnica, mientras las debilidades en la inspección de obras plantean interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar construcciones seguras. Un sismo no solo pone a prueba la resistencia de los edificios; también expone las desigualdades sociales, las fallas de supervisión y las posibles negligencias que pueden costar vidas. ¿Quién responde cuando una estructura colapsa? ¿Qué ocurre cuando la rentabilidad se antepone a la seguridad? En esta entrevista para El Polígrafo de La Estrella de Panamá, el arquitecto Lizandro Castrellón Villarreal, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá y varias veces miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, analiza los riesgos de la construcción informal, las responsabilidades profesionales y las brechas de fiscalización tras el desastre del 9 de octubre

Es una combinación de ambas. Estamos obligados a construir bajo marcos regulatorios, pero también debemos considerar la distancia del epicentro y otros elementos que han señalado los expertos. Sin exagerar los resultados, hoy construimos mucho mejor que hace más de 50 años.

Los diseños buscan satisfacer necesidades humanas, ya sea una escuela, un hospital o una vivienda. Para ello, la arquitectura y la ingeniería trabajan de manera interdisciplinaria, cumpliendo normas y requisitos técnicos. Desde los planos, que tienen carácter legal, hasta los cálculos estructurales y la construcción, todo debe ajustarse a los marcos regulatorios vigentes para garantizar un comportamiento adecuado ante sismos y proteger la vida humana.

Primero, habría que investigar las causas del colapso del edificio y realizar una trazabilidad del proceso para verificar si se cumplieron todas las normas. Si se identifican fallas, estas podrían estar relacionadas con el diseño arquitectónico, la estructura o la construcción. Las sanciones recaerían sobre los responsables, incluso con consecuencias penales. Sin embargo, si el edificio cumplía con todos los requisitos para ser habitado y colapsó por un fenómeno natural extraordinario, se consideraría una desgracia. Por eso, es fundamental realizar una investigación exhaustiva.

En caso de que una promotora, so pretexto de aumentar sus ganancias, falsee detalles, la única manera de eliminar estas malas prácticas es precisamente con la certeza del castigo (...) Ninguna empresa tiene la potestad de alterar o cambiar detalles que se han plasmado en un documento legal que llamamos plano (...) De ocurrir desgracias, en efecto, es porque hay una mala praxis. Lo único que puede abolir ese procedimiento es la certeza del castigo.

Cuando tú estás trabajando el diseño e intervienes con todo el profesional idóneo, tú comienzas a garantizar un producto de calidad desde el punto de vista habitable y estructural (...) Tienes que garantizarlo a través de la inspección de obra; eso es fundamental. La inspección tiene que garantizar que toda esa normativa contenida en un plano sea aplicada en sitio. Si no tienes una buena inspección, no vas a tener un producto final (...) Si tienes una empresa que ha sido denunciada reiteradas veces por mala praxis, entonces ponle un inspector que sea un poco más observador en los detalles técnicos. Es la única manera de garantizar que el producto final cumpla a través de la inspección. Hemos visto que, en las últimas décadas, se ha hecho más laxo ese proceso de inspección. Hay quienes inclusive consideran que no es necesario.

En las imágenes que se están publicando puedes ver paredes fracturadas, bloques sin ningún tipo de acero, y no ves columnas ni vigas en la mayoría de ellas; no estoy diciendo que en todas. También puedes ver imágenes de edificios que tienen el marco estructural según las condiciones mínimas exigidas por el REP [Reglamento para el Diseño Estructural]. Eso indica que donde se cumplen las mínimas exigencias, funcionó (...) Si tú ves alrededor las casas que se cayeron, en su mayoría, de verdad, es triste decirlo y reconocerlo, pero ahí no se han aplicado las mínimas condiciones exigidas por los códigos.

En el interior hay menos inversión e incidencia constructiva; la fiscalización es más laxa. Lamentablemente, no debería ser así, pero sí existe esa debilidad. Eso no significa que nosotros [en la capital], si hubiésemos estado sobre el epicentro, estuviésemos hablando del mismo escenario, porque las normas acá son más rigurosas. Sin embargo, estamos seguros de que hubiésemos resistido ese escenario en un nivel también mínimo aceptable.

Lo ocurrido con el terremoto en el interior podría repetirse en Arraiján y San Miguelito, donde existen viviendas informales. Frente a eso, no se trata simplemente de multar a la gente que construye con esfuerzo propio, sino de fortalecer la fiscalización y brindar orientación técnica, especialmente a familias de bajos recursos, para garantizar construcciones seguras, cumplir las normas estructurales y prevenir tragedias ante futuros sismos.

No hay; hemos descuidado esa parte del proceso. Los inspectores municipales no deben limitarse a comprobar permisos o el pago de impuestos, sino también supervisar aspectos esenciales, como la instalación de vigas, columnas y refuerzos en puertas y ventanas. Es fundamental para proteger vidas. Es necesario evaluar si el personal contratado cuenta con la formación profesional adecuada o si existen otros criterios, incluso políticos, que influyen en su selección. Una fiscalización efectiva requiere profesionales capacitados que garanticen que las construcciones cumplan con las normas.

En ese terremoto se comprobaron graves incumplimientos de las normas de construcción que resultaron en una mayor destrucción. Para Panamá, atribuir los daños directamente a la corrupción es delicado. No creo que sea el caso de Panamá, ya que la mayoría de las viviendas afectadas fueron autoconstruidas. Es necesario distinguir entre negligencia profesional e incumplimientos derivados de la autoconstrucción. En el caso de Turquía, hubo sanciones severas contra profesionales declarados culpables, una medida que también debería aplicarse en Panamá mediante investigaciones profundas y garantizando la certeza del castigo, en caso de encontrarse personas responsables. Cuando alguien prioriza sus beneficios económicos sobre su deber, compromete su honor y credibilidad. Las sanciones deben abarcar los sectores público y privado; se habla poco de la corrupción privada.

Su papel es fundamental. La Universidad de Panamá (UP) incorpora en sus programas de Arquitectura asignaturas sobre análisis estructural, diseño, inspección y normativas de seguridad. Aunque los arquitectos no están habilitados para diseñar un edificio, aunque sepamos hacerlo, nuestros estudiantes reciben formación para comprender y supervisar las estructuras. La enseñanza también abarca instalaciones eléctricas, gas, ascensores y otros reglamentos orientados a proteger la vida humana. Este conocimiento se extiende a las sedes de la UP en el interior, como Azuero y Veraguas, aunque aún debemos fortalecerlo. Asimismo, la colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá contribuye a fortalecer la formación académica y la seguridad de las construcciones en el país. También podemos decir que los resultados que hemos tenido tras el sismo, no tan adversos como podrían haber sido, fueron posibles gracias al esfuerzo mancomunado de ambas universidades.