Aprueban presupuesto 2027 con excepción de hasta $1 millón en compras públicas

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, por $35,111.7 millones.

La discusión estuvo marcada por una polémica modificación al artículo 370, que amplía la lista de instituciones públicas autorizadas a contratar determinados servicios técnicos, repuestos y equipos bajo condiciones excepcionales y sin aplicar los procedimientos ordinarios de la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas.

La propuesta, presentada por los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD), generó cuestionamientos sobre los controles que acompañarán la ampliación de este mecanismo de contratación.

La modificación contempla contrataciones por montos inferiores a un millón de dólares, cuando se presenten situaciones fortuitas o de urgencia, o concurran circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria.

Entre las entidades incluidas en la propuesta figuran Metro de Panamá, S.A., y sus subsidiarias; el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa); la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La lista también incorpora a determinadas instituciones públicas, entre ellas los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno, cuando atiendan asuntos de interés general relacionados con derechos poblacionales, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto propuesto.

Chapman promete fiscalización rigurosa

La ampliación de las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas abrió interrogantes sobre cómo se garantizarán la transparencia y la fiscalización de los fondos estatales, en un escenario en el que más entidades podrán acogerse a este mecanismo.

A la salida del pleno, luego de aprobarse en segundo debate el proyecto de ley el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que utilizará las facultades que le concede la ley para vigilar el manejo de los recursos públicos.

“Tenga la certeza de que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa. Que eso no quepa la menor duda”, afirmó Chapman.

El titular de Economía y Finanzas también se distanció de la iniciativa y aclaró que la propuesta no surgió de su despacho.

“No lo propusimos nosotros y yo voy a defender los recursos de los ciudadanos. Y ese es mi compromiso”, manifestó.

Chapman sostuvo que su responsabilidad consiste en procurar que los fondos públicos reciban un manejo adecuado y transparente. “Yo sirvo a todos los panameños y pueden estar tranquilos de que yo haré lo propio para asegurarme de que se dé un manejo apropiado, responsable, transparente”, agregó.

Las declaraciones del ministro se producen en medio del debate sobre el alcance de las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación y los mecanismos que permitirán comprobar que las instituciones utilicen esta facultad únicamente para los fines previstos.

Contrataciones sujetas a condiciones especiales

El texto de la modificación establece que las contrataciones al amparo de la excepción no podrán alcanzar ni superar el millón de balboas. También dispone que ese límite no será acumulativo por proveedor o por tipo de servicio técnico y que las instituciones deberán evitar la fragmentación contractual.

Para acogerse al mecanismo, cada empresa o institución pública deberá elaborar una lista de los servicios técnicos, repuestos y equipos comprendidos en la medida. Además, tendrá que adoptar un reglamento especial de contratación.

Estos reglamentos deberán contar con la aprobación de la Contraloría General de la República y publicarse en la Gaceta Oficial.