Archivan seis demandas contra José Raúl Mulino en la Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional archivó este lunes 22 de septiembre seis demandas presentadas contra el presidente de la República, José Raúl Mulino.

“Los siete diputados que hoy estamos aquí, hemos coincidido que las denuncias carecen de sustento jurídico. En consecuencia, las seis denuncias que reposan en la Comisión de Credenciales en el día de hoy no han sido admitidas y hemos ordenado el archivo de las mismas y devolverlo a la Secretaría General”, explicó la presidenta de la Comisión, Dana Castañeda.

Varias de las denuncias se relacionaban con el memorando de entendimiento firmado entre el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados unidos, Pete Hegseth. Otras se relacionaban con declaraciones sobre el proyecto minero o las acciones tomadas contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Los demandantes eran Gonzalo Moncada Luna, Neftalí Jaén, Abdiel González Tejeira, José Luis Galloway Logan, Alexis Sinclair Padilla y Diego Dal Boni.

La decisión de no admitir las denuncias fue unánime, con siete votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Participaron los comisionados Manuel Cedeño de la bancada Seguimos; Augustos Palacios y Yamireliz Chong de Vamos; Ariel Vallarino y Dana Castañeda de Realizando Metas; Arquesio Arias del Partido Revolucionario Democrático y José Luis Varela del Partido Panameñista. Los diputados Benicio Robinson y Joan Guevara no asistieron a la sesión.

La denuncia de Moncada Luna fue presentada en abril de este año y se refiere a declaraciones hechas por el presidente Mulino durante su conferencia semanal de los jueves en Presidencia dónde afirmó que había autorizado sacar el material de la mina, usar los fondos para pagar a los proveedores y construir una termoeléctrica.

“La Constitución establece límites y controles para el presidente, él no puede hacer lo que le da la gana, él no es el dueño de este país”, declaró el abogado al presentar la denuncia.

Para el diputado Cedeño no se trata de un caso de extralimitación de funciones ya que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) aprobó la exportación del material y recordó que el material fue extraído antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Otra de las denuncias relacionadas con la mina había sido presentada por Abdiel González Tejeira, quien aportó como evidencia un video del podcast de Oli Meza dónde el presidente Mulino afirmaba que la mina sería abierta mediante un mecanismo estatal-privado, sin pasar por la Asamblea Nacional, ni mediante un contrato ley.

“No podemos investigar, o hacer una denuncia, o abrir una investigación basados en hechos futuros, es decir, yo escuché que el Presidente dijo que iba a hacer tal cosa, ese hecho no ha ocurrido”, rebatió durante su intervención la diputada Chong.

Tres de las denuncias, las presentadas por Neftalí Jaén, José Galloway y Alexis Sinclair, se referían al memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Durante la discusión, Cedeño listó todos los memorandos y acuerdos suscritos entre Panamá y Estados Unidos, citando fallos de la CSJ como jurisprudencia de que son acuerdos administrativos que no necesitan aprobación de la Asamblea Nacional.

“Esta curul, desde el punto de vista jurídico y en justicia, no le da validez a ninguna de estas denuncias, para no hablar de todas, que tengan que ver con el cuestionamiento de estos memorándum de entendimiento, porque son actos administrativos con el principio de legitimidad”, declaró Cedeño haciendo referencia al principio que establece que estos actos son considerados legítimos hasta que se demuestre lo contrario. “Aunque yo estuviera equivocado, necesitamos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, acotó.

El diputado panameñista, José Luis Varela, también se refirió a estas denuncias. “Son acuerdos que se han firmado en diferentes gobiernos en la historia republicana de Panamá, y está claro que según el convenio de Viena hay que diferenciar entre un tratado, que es un acuerdo internacional vinculante entre un convenio, que es como un tratado multilateral que tiene que venir a la Asamblea Nacional, y un acuerdo de un gobierno con otro gobierno que no tiene la necesidad de ser enviado a la Asamblea Nacional para su ratificación”, resaltó.

La última denuncia, presentada por Diego Dal Boni Hasenberg, fue calificada como un “manifiesto político personal” por Cedeño, quien apuntó que en sus 77 páginas no lograba identificar un hecho penal atribuible al presidente Mulino.

El único punto de discusión se centró alrededor del concepto de prueba idónea. El texto original del documento que no admitía las denuncias estipulaba que se carecía de prueba idónea para presentar la denuncia. El diputado Cedeño arguyó que estaba en contra de ese lenguaje, ya que el requerimiento de prueba idónea solo aplica a diputados y no puede usarse para negar denuncias contra el presidente de la República. El resto de los comisionados coincidieron y se modificó el texto.