Asamblea investigará reclamos de policías y bomberos jubilados
- 07/08/2026 00:00
Una comisión especial revisará si existen obligaciones pendientes del Estado con miembros retirados de los estamentos de seguridad
La Asamblea Nacional investigará los reclamos presentados por policías jubilados, reservistas y bomberos relacionados con supuestas obligaciones pendientes del Estado, luego de que una comisión accidental recomendara crear una instancia especial para revisar las peticiones de estos grupos.
La recomendación surgió tras el análisis de los pliegos de peticiones presentados por la Asociación de Reservistas de la Policía Nacional y el Frente por la Dignidad de los Bomberos Jubilados, Activos y Afines.
El informe de la comisión accidental, presidida por el diputado Raphael Buchanan, fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional. El documento recomienda crear una comisión investigativa especial integrada por diputados de las distintas bancadas, con apoyo de asesores técnicos y jurídicos, para determinar si existen obligaciones pendientes del Estado.
La comisión propuesta deberá convocar a representantes del Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, Caja de Seguro Social, Contraloría General de la República y otras entidades relacionadas con los reclamos.
Entre las solicitudes que serán revisadas figura el pago de la prima de antigüedad, además de otras prestaciones económicas reclamadas por miembros retirados de los estamentos de seguridad y del Cuerpo de Bomberos.
Los reclamantes sostienen que existen pagos pendientes correspondientes a los años laborados, principalmente entre 2014 y 2023. En el caso de los policías jubilados, señalan una deuda estimada de $71 millones por concepto de prima de antigüedad.
Además, solicitan la revisión de vacaciones acumuladas, intereses del décimo tercer mes, bonos negociables, porcentajes pendientes del fondo complementario y ajustes de rangos establecidos por ley.
Una vez concluida la investigación, la comisión deberá presentar un informe final al pleno de la Asamblea Nacional con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, que podrían incluir medidas legislativas, administrativas o presupuestarias.
La Asamblea busca establecer si existen responsabilidades institucionales y definir las acciones que correspondan dentro del marco legal vigente.