Asamblea y Tribunal Electoral chocan por las reglas de 2029

Las reglas con las que los partidos, candidatos e independientes competirán por el poder en 2029 entraron en una nueva disputa. El proyecto de reformas al Código Electoral que llegó desde el Tribunal Electoral (TE) enfrenta cambios que tocan el dinero de las campañas, el reparto de curules, la competencia de los independientes, la vida interna de los partidos y las facultades de la autoridad electoral.

La discusión dejó de ser solo una revisión técnica de la legislación electoral. En la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se confrontan dos visiones sobre cómo deben quedar las reglas del próximo proceso: una planteada por el TE y otra que toma forma a partir de las modificaciones introducidas durante el debate legislativo.

El choque ocurre mientras la Comisión de Gobierno, presidida por Benicio Robinson y con Luis Eduardo Camacho como secretario, avanza en el primer debate del proyecto 699.

Uno de los cambios más sensibles toca la manera en que se distribuyen las curules en los circuitos plurinominales. El proyecto del TE conserva el sistema de cociente, medio cociente y resto mayor. La propuesta que surgió, apoyada por los diputados Robinson y Camacho, modifica ese mecanismo y establece que los partidos que obtengan dos o más curules mediante cociente queden fuera de las siguientes etapas de adjudicación.

El cambio también redefine la competencia de los candidatos por libre postulación. En lugar de acumular o transferir votos entre candidatos independientes, cada aspirante competiría individualmente por alcanzar los votos necesarios para obtener una curul.

El financiamiento de las campañas constituye otro de los terrenos donde el proyecto original cambia.

La propuesta mantiene el 93% del financiamiento público preelectoral y la fórmula de distribución de 25% en partes iguales y 75% según los votos obtenidos. Pero modifica la manera en que se reparte el 70% destinado a propaganda.

La nueva distribución asignaría 50% a la elección presidencial, 30% a diputados, 10% a alcaldes, 5% a representantes de corregimiento y 5% a candidatos al Parlacen y concejales.

También aumenta los límites de financiamiento privado para determinadas candidaturas. En los circuitos para diputados, los topes propuestos llegarían hasta $500,000, dependiendo de la cantidad de electores.

En las alcaldías, el límite podría alcanzar $500,000 en los distritos con más de 200,000 electores.

La discusión, por tanto, también toca cuánto dinero podrá entrar en una campaña y cómo podrá utilizarse durante la competencia electoral.

En medio de este debate apareció uno de los puntos de mayor tensión institucional.

Una de las modificaciones plantea que, una vez abierto el proceso electoral, el TE no pueda aprobar, dictar, modificar o poner en vigor reformas, reglamentos o disposiciones que alteren las reglas de esa elección.

El magistrado Luis Guerra cuestionó la propuesta y pidió retirarla. Su argumento es que la disposición limita una atribución que la Constitución asigna directamente al Tribunal Electoral.

Durante la discusión, Guerra calificó el nuevo artículo como “abiertamente inconstitucional” y sostuvo que la Constitución reconoce al Tribunal la facultad de reglamentar la ley electoral, interpretarla y aplicarla.

Robinson rechazó que la propuesta elimine esa potestad. Su posición es que el Tribunal conservaría la facultad de reglamentar, pero tendría un límite temporal para evitar que las reglas cambien cuando el proceso electoral ya esté en marcha.

El intercambio entre ambos deja expuesto uno de los problemas políticos de fondo de la reforma: hasta dónde llega la autoridad del Tribunal Electoral y en qué momento el Legislativo puede fijar límites a esa facultad.

Guerra también cuestionó otra modificación relacionada con la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta propuesta fue presentada por las diputadasWalkiria Chandler y Alexandra Brenes. El planteamiento busca establecer que determinadas discusiones de esa instancia tengan carácter vinculante para el Tribunal, algo que el magistrado rechaza porque considera que la comisión funciona como espacio de consulta y discusión, mientras la iniciativa final corresponde al Tribunal.

Las modificaciones alcanzan además la estructura interna de los partidos.

Las directivas colegiadas tendrían que elegirse mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas, con alternancia de género. La nómina que obtenga más votos se quedaría con los cargos.

El proyecto también establece que el presidente de cada partido sea su representante legal.

En paralelo, se mantienen disposiciones relacionadas con la paridad de género y la participación de mujeres y jóvenes, mientras se incorporan reglas específicas sobre la conformación de las directivas.

Así, la reforma no solo define cómo se competirá en las elecciones generales. También interviene en la manera en que los partidos organizan y eligen a sus propias estructuras de poder.

La libre postulación es otro de los terrenos donde el proyecto cambia.

En los circuitos plurinominales, la propuesta permitiría que el número de candidatos independientes corresponda al número de curules disponibles, siempre que cada aspirante cumpla con el porcentaje mínimo de firmas exigido.

También se mantiene la posibilidad de postular candidatos independientes para distintos cargos y se modifican las reglas para determinar cuáles candidaturas obtienen reconocimiento.

El cambio en el sistema de adjudicación agrega otra diferencia: los votos de un candidato independiente no podrán acumularse ni transferirse a otro candidato.

Las modificaciones también eliminan varias disposiciones que el TE incluyó en su propuesta.

Entre ellas aparecen las nuevas reglas para el funcionamiento de determinadas mesas de votación, disposiciones sobre las actas de escrutinio, modificaciones al fuero penal electoral y la creación de una jurisdicción coactiva para el TE.

También se eliminan artículos relacionados con sanciones por financiamiento privado, responsabilidad de los partidos y otras infracciones electorales.

En algunos casos, el movimiento reduce las facultades o herramientas que el proyecto original otorgaba al Tribunal; en otros, modifica plazos, sanciones o mecanismos de control.