CNRE 2025: ¿Qué reformas se han aprobado hasta ahora?, consensos y polémicas

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), instalada el 13 de marzo de 2025, ha avanzado en la búsqueda de consensos para fortalecer el Código Electoral, especialmente con miras al próximo torneo electoral.

Durante este periodo de evaluación, se han logrado varios consensos. Entre los primeros acuerdos de carácter general en la CNRE, se aprobó la inclusión de los abogados designados por partidos o candidaturas de libre postulación en la lista de personas que pueden votar en una mesa distinta a la de su Padrón Electoral Final, facilitando su labor en las juntas de escrutinio. Adicionalmente, se flexibilizó el proceso de cambio de residencia permitiendo a los ciudadanos realizar el trámite mediante plataformas digitales y oficinas regionales, y se determinó excluir del Padrón Electoral Preliminar a los menores de edad que no tramitaron su cédula personal antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

Sin embargo, también han surgido temas que han generado debates extensos y desacuerdos entre los participantes de la Comisión.

El debate sobre partidos políticos y candidaturas independientes

Entre los temas más controversiales estuvo el blindaje del sistema de partidos y las restricciones a la libre postulación. La CNRE aprobó aumentar del 2% al 3% el porcentaje mínimo de adherentes requeridos para la constitución de un nuevo partido político, elevando significativamente el número de firmas necesarias.

Esta medida, impulsada por los colectivos políticos, generó fuertes críticas de representantes de la sociedad civil y figuras electas por la libre postulación, quienes señalaron que limita el acceso de nuevos actores y refuerza las estructuras tradicionales.

Modificaciones en la Libre Postulación: ¿cuáles son las nuevas restricciones?

En una serie de reformas que impactan directamente a los aspirantes a la libre postulación, la Comisión incrementó al 3% de los votos válidos de la última elección la cantidad de firmas de respaldo necesarias, un requisito que es idéntico al exigido para la formación de un partido. Además, se introdujo la renuncia tácita y automática a su colectivo para cualquier militante de un partido que respalde con su firma a un aspirante independiente.

La restricción más significativa establece que ningún ciudadano podrá iniciar el proceso de recolección de firmas sin haber estado fuera de un partido político por un mínimo de un año antes de presentar su solicitud de precandidatura. Estas decisiones han sido consideradas un retroceso por este sector político.

Al respecto, “los partidos políticos y los empresarios representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en una clara violación a la Constitución le impiden a los miembros en partidos a dar su firma de respaldo a candidatos por la libre postulación. Que no se note el miedo”, publicó Juan Diego Vásquez, líder de Vamos.

Por su parte, la diputada Janine Prado, electa por la libre postulación, expresó en X: “Los cambios que se están aprobando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales son un retroceso inaceptable. Pretender prohibir que un ciudadano inscrito en un partido pueda dar su firma para respaldar a un candidato por la libre postulación es una violación abierta a la Constitución y a la libertad ciudadana”.

El polémico fuero penal electoral y la postulación presidencial

El tema del fuero penal electoral generó un intenso debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Se ha propuesto que este fuero solo esté vigente por un periodo de seis o siete meses, abarcando únicamente el tiempo en que el candidato se encuentra en firme en la contienda, excluyendo a los presidentes o secretarios de los partidos políticos de este beneficio.

Otro punto polémico fue la necesidad de subsanar el vacío legal existente en la nómina presidencial, que quedó en evidencia tras la inhabilitación del candidato Ricardo Martinelli en 2024. La CNRE aprobó adecuaciones para que, en caso de renuncia, fallecimiento o inhabilitación, el suplente del candidato presidencial o vicepresidencial asuma la posición principal, con el objetivo de establecer reglas claras para la conformación de la fórmula.

El modelo de financiamiento político y las prohibiciones de donación

El financiamiento político ha sido un bloque de discusión complejo en estas reformas electorales. Aunque la propuesta de eliminar totalmente el financiamiento privado fue rechazada, la Comisión sí logró aprobar la modificación al Código Electoral ampliando las prohibiciones de donaciones políticas, vetando los aportes de personas naturales o jurídicas condenadas por delitos financieros o terrorismo. También se prohibió la recaudación de ingresos mediante artículos promocionales comprados con fondos del financiamiento público. Sobre el uso del subsidio electoral no utilizado, se planteó que este dinero debe ser devuelto al Estado panameño y no donado a otras entidades como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT).

Conflictos institucionales, la Fiscalía General Electoral en el ojo de la tormenta

El debate también enfrentó un estancamiento debido a la controversia sobre el derecho a voto de la Fiscalía General Electoral (FGE) en temas de fuero penal electoral, con partidos políticos impugnando su participación. Pese a este conflicto, la Comisión alcanzó un acuerdo sobre las atribuciones de la FGE, otorgándole derecho a voz y voto en postulaciones, pero excluyéndola de asuntos sobre fuero y paridad de género. Finalmente, en lo referente al proceso de selección, se propuso y debatió la idea de celebrar una sola primaria para todos los cargos de elección popular, incluyendo la incorporación de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para garantizar mecanismos de selección claros y transparentes.

Este punto se incluyó, sobre todo, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que los candidatos a diputados del Parlacen deberán buscar sus votos y ser electos por mayoría durante los comicios electorales.