Comisión de Gobierno prohija anteproyecto de ley sobre derecho al olvido

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó este miércoles 26 de agosto el anteproyecto de Ley 48 “Que crea la Ley de Segunda Oportunidad y Derecho al Olvido Penal, establece mecanismos de reinserción social y regula la cancelación de antecedentes y registros policiales.”

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Isaac Mosquera, emulando modelos adoptados en España, Colombia y Chile.

En esencia, estipula la cancelación de antecedentes y registros policiales, aplicado solo a personas condenadas por delitos de baja lesividad que hayan cumplido íntegramente la pena principal y las penas accesorias o hayan satisfecho las obligaciones derivadas de la sustitución por días multa o trabajos comunitarios.

“No se borra el daño ni se altera sentencia. La víctima conserva todos sus derechos”, aseguró Mosquera durante su presentación a la comisión. “El país gana productividad, menos reincidencia y más contribuyentes, no personas excluidas. La seguridad ciudadana no se pone en riesgo, se refuerza favoreciendo la reinserción.”

El anteproyecto de ley no aplica para los delitos de homicidio, feminicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada, terrorismo, ni delitos contra niños, niñas y adolescentes.

Fue aprobado con el voto de todos los miembros de la comisión, con la excepción de la diputada Alexandra Brenes, quien advirtió que se podrán acoger a esta legislación personas condenadas por blanqueo de capitales.

“Yo quiero también que podamos entender como diputados y como país, que el problema más grande que tiene este país hoy es corrupción, aparte del desempleo, aparte de la inseguridad, pero todo se da en base a la corrupción rampante que existe”, declaró Brenes. “Y este proyecto incluye delitos contra la administración pública que yo no podría avalar”, acotó.

El anteproyecto efectivamente contempla a las personas condenadas por blanqueo de capitales, siempre y cuando la cuantía del delito no exceda los 100 mil dólares, no exista relación con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada, y la pena haya sido cumplida en su totalidad.

El diputado proponente, Isaac Mosquera, enfrentó un proceso por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en 2012. En 2023 fue absuelto, aunque el caso fue luego elevado a la Corte Suprema de Justicia en 2024 dónde permanece a la espera de revisión por parte del pleno.

“Yo soy producto de esa reinserción social. Yo sé, y todo el que está allá tiene muchas razones de estar y a veces la sociedad estigmatiza porque estás allá y de verdad que creo que nosotros lo que tenemos que es apelar a que se robustezca la reinserción social, donde el Ministerio Gobierno y Justicia, porque no tiene mecanismo para eso. En Panamá no se da resocialización efectiva, eso es falso, pero sí se puede hacer”, concluyó Mosquera.

A inicios de este mes, la exrelatora para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, visitó Panamá. En entrevista con La Estrella de Panamá habló sobre el derecho al olvido implementado en países como España para eliminar resultados en Internet luego de varios años.

”Eso suena que si yo me equivoqué alguna vez hace 10 años, pues Internet no siga recordando eso cada vez que alguien pone mi nombre en Google, que yo tenga derecho al olvido, a volver a arrancar”, comentó Botero en aquel momento. “El problema es cuando eso es utilizado por criminales, por personas que han sido condenadas o investigadas, por corrupción, por violaciones de derechos humanos, por narcotráfico, por testaferrato, para purificar Internet y para que esos delitos que son muy graves y que han cometido, o por los que han sido investigados, no sean conocidos y esa gente, por ejemplo, pueda lanzarse a un cargo público sin que esa información sea recordada”, advirtió.