Comisión de Presupuesto: Diputados denuncian ‘intercepción ilegal’ de la Policía

Durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Seguridad (Minseg), diputados acusaron a la entidad de realizar una “intercepción ilegal” contra miembros de la Asamblea Nacional (AN).

Los señalamientos tuvieron lugar este jueves 25 en la Comisión de Presupuesto de la AN, en el que los diputados Jairo Salazar y Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lanzaron fuertes acusaciones contra el titular de Seguridad, Frank Ábrego y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quienes se encontraban sentados frente a los diputados.

“Hace pocos días este diputado fue víctima de una interceptación ilegal por parte de la Policía Nacional (...) si el Ministerio de Seguridad cree que puede atemorizarme en mi labor legislativa por lo crítico que he sido...yo no le tengo temor señor ministro a las acciones que ustedes quieran tomar y máximo si son ilegales y contrariando la Ley”, denunció Buchana.

Previamente, Salazar había cuestionado al Minseg sobre el uso de los fondos de la entidad para represión de las protestas contra las organizaciones sociales que rechazaban la reforma del gobierno a la Caja de Seguro Social (Ley 462).

Buchanan señaló que presentó las denuncias ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y que también hará lo mismo frente al Ministerio Público.

Tanto Salazar como Buchana, críticos del manejo de la seguridad bajo la administración Mulino, señalaron que se estarían dando “sobrevuelos” de drones de la fuerza pública en sus residencias.

Buchana, que aseguró que se comunicó en ese momento con Ábrego, manifestó que incluso habría “allanado” su auto de manera irregular.

Por su parte, el ministro rechazó que se estén utilizando las estructuras de seguridad para amedrentar a diputados. También manifestó que luego del incidente mantuvo comunicación con Buchanan y que el mismo habría pedido al diputado que presentara la denuncia ante la DRP.

“Le puedo asegurar que nadie anda detrás de ningún miembro de esta Asamblea Legislativa, ni de forma física, ni telefónica, ni con drones. No es el norte que nos acompaña en esa tarea”, sostuvo el ministro.

El Mnseg también sustentó su presupuesto del 2026. El MEF les asignó 983,1 millón de dólares. De ese total, 103,6 millones de dólares estarían destinados para el pago de jubilaciones. Unos 825,6 millones de dólares irían a funcionamiento, 41,8 millones de dólares para inversión y 12 millones de dólares para el Sistema Único de Manejo de Emergencias.

Sin embargo, el Minseg recomienda un monto mayor. Piden 1.102 millones en total, 1.000 millones para funcionamiento, y 65,7 millones para inversión.

Al cierre de esta edición, todavía se mantenía el Minseg sustentando. En la lista se mantenía, aún estaban pendientes el MEF, la Contraloría de la República y la Asamblea Nacional.

La Autoridad Nacional de la Descentralización también sustentó sus vistas presupuestarias para el 2026 ante la Comisión.

La AND solicitó 43,6 millones de dólares para funcionamiento y 148,6 millones en inversión. De ese total, 86,1 millones van para inversión de obras públicas y servicios municipales, 62,4 millones en Transferencia del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), 100,5 millones para suministro y equipamiento.

Durante la sustentación, los comisionados cuestionaron a la directora de la AND, Roxana Méndez, sobre las investigaciones a alcaldes y representantes de juntas comunales que adelanta el Ministerio Público luego que la AND presentara denuncias.

El diputado de PRD, Benicio Robinson, denunció persecución contra las autoridades locales, argumentando que la Autoridad de Descentralización no había citado un reglamento específico que se hubiera quebrantado y que le correspondía dirigirse a la Contraloría primero. También comentó que Méndez era psicóloga de profesión, añadiendo que su hija también es psicóloga y no trata en temas de política ni administración pública.

La directora Méndez respondió que todos los funcionarios están sujetos a las leyes de transparencia y administración, por lo que tienen la responsabilidad de conocerlo. Sobre su administración, manifestó que al detectar irregularidades cumplió con la ley elevando el caso al Ministerio Público, que entonces solicitó las auditorías pertinentes. Enfatizó que ninguna persona fue imputada con cargos sin una auditoría previa de la Contraloría.

“Estamos cumpliendo, estamos trabajando en apego a la ley. Hemos mandado un mensaje claro que los fondos públicos se tienen que respetar y manejar con transparencia”, declaró.

La diputada de Vamos, Janine Prado, preguntó por el número de funcionarios, incluyendo 28 nuevas plazas que se estaban incluyendo. Los funcionarios de la AND explicaron que se trata de 28 puestos que fueron absorbidos por la Presidencia y que necesitan reemplazar.

Prado resaltó la importancia de verificar la ejecución de los presupuestos de inversión en los municipios.

Méndez respondió que se cuenta con el detalle de los fondos asignados y cada proyecto, pero que todavía trabajan en que se conozca el porcentaje de avance para cada uno.

Por su parte, el diputado del Partido Panameñista, Francisco Brea, señaló la necesidad de dotar a los municipios con los recursos necesarios para funcionar, apuntando casos de municipios de Veraguas como Cañazas.

La AND estima que se necesita al menos 250 mil dólares anuales para que cada municipio tenga los recursos necesarios para operar con las unidades administrativas mínimas que establece la ley.

Durante la investigación por irregularidades en Juntas Comunales han sido imputadas 21 personas por el delito de peculado, entre ellas tesoreros y representantes, de acuerdo al Ministerio Público.

Entre las otras instituciones que sustentaron su presupuesto estuvo el Ministerio de la Presidencia.

Este ministerio solicitó 172,4 millones de dólares para funcionamiento, unos 9,5 millones más que lo que presentó el MEF. Para inversión, solicitan 32 millones de dólares, de los cuáles 1 millón de dólares irían para el ferrocarril, 7,2 millones de dólares para electrificación rural, 3,7 millones de dólares para asuntos comunitarios y el Despacho de la Primera Dama, 2,3 millones de dólares para el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y 17,7 millones de dólares para mejoras de instalaciones y equipamientos.