Contralor Flores y Vamos se enfrentan por fondos para autoridades locales

El contralor general de la República, Anel Flores, volvió hablar de los fondos transferidos a juntas comunales y municipios y desató la reacción de diputados de la bancada Vamos. E contralor defendió el rol de la Contraloría en el refrendo de partidas municipales, al tiempo que lanzó duras críticas al incremento sostenido de la planilla de la Asamblea Nacional, que actualmente supera los 8 millones de dólares mensuales.

Durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN, Flores explicó que las partidas asignadas a municipios y juntas comunales responden a solicitudes específicas que, en su mayoría, no superan los $200 mil y son refrendadas bajo criterios sectoriales.

“La Contraloría no maneja fondos, solo aprueba partidas. Si me llega una solicitud de $75 mil y es para un municipio, no para un diputado, quien decide cómo se gasta ese dinero es la junta comunal, no el gobierno central”, afirmó Flores.

El contralor también anunció que se iniciará una auditoría sobre el uso de estas partidas, con el mismo rigor aplicado en otros casos.

Esta decisión, dijo, surge en medio de cuestionamientos públicos sobre la transparencia y el destino de los fondos municipales, especialmente tras denuncias de posibles irregularidades en juntas comunales con presupuestos millonarios.

En contraste, Flores fue enfático al señalar su preocupación por el crecimiento de la planilla legislativa.

“La dejamos en $7 millones y ahora va por $8 millones, cuando debería ser de $5 millones”, advirtió.

Según el contralor, el sistema conocido como “20 y 20” —que permite a cada diputado nombrar hasta 20 personas con un presupuesto de $20 mil— ha generado una nómina paralela de más de mil funcionarios. “Si se elimina ese esquema, nos ahorraríamos casi 2 millones al mes”, sostuvo.

Además, reveló que existen oficinas de participación ciudadana en provincias donde hay hasta 55 personas nombradas, pero solo tres realmente laboran.

Flores también cuestionó la incoherencia de algunos diputados independientes que, según él, ahora replican prácticas que antes criticaban, como el uso de escoltas y vehículos oficiales, y la contratación masiva de personal por compromisos políticos.

Las declaraciones de Flores se dan en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Contraloría ha procesado pagos por más de $65 mil millones y a firmado desembolsos por $33 mil millones en lo que va del periodo, en medio de una carga fiscal heredada que, según Flores, incluye más de $150 mil millones en deuda y presupuesto acumulado.

El contralor reiteró que su despacho prioriza auditorías donde se detectan mayores daños al Estado, y que la falta de personal limita la capacidad de fiscalización.

“Tenemos auditorías de dos laptops y de dos millones. Yo creo que todos se inclinan por los dos millones, independientemente de quiénes sean”, concluyó.

El diputado jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, y el subjefe, Luis Duke, salieron a responderle al contralor Flores y las calificaron de “desafortunadas”.

El diputado Zuñiga aseguró que la bancada publica informes mensuales, divulga de forma voluntaria sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, y entregó íntegramente el subsidio postelectoral por $6 millones a instituciones públicas.

“Aquí no hay nada que ocultar. Todo está publicado y a disposición del país”, sostuvo Zúñiga, al tiempo que subrayó que los fondos públicos deben ser tratados como “sagrados” y manejados con total transparencia.

Duke, por su parte, aclaró que los recursos cuestionados no fueron entregados a diputados, sino transferidos directamente a municipios y juntas comunales.

Dijo que existe una relación política entre algunas de estas entidades y los diputados de las áreas beneficiadas, lo que amerita un análisis y una fiscalización más profunda.

Duke también afirmó que toda la información solicitada por la Contraloría ya fue entregada por los diputados y explicó que las solicitudes de prórroga realizadas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente. Sin embargo, cuestionó la actuación del ente fiscalizador y le exigió cumplir su rol constitucional.

“El país necesita saber por qué no se detectaron a tiempo desvíos que superan los $10 millones hacia municipios y juntas comunales. No basta con anunciar auditorías; se requieren investigaciones reales y consecuencias”, manifestó.

Durante la conferencia, los diputados insistieron en que las transferencias fueron aprobadas de forma expedita y sin una explicación clara de los criterios utilizados.

Además, cuestionaron la falta de información pública sobre el destino final de los fondos y reclamaron que se fiscalice a todos los municipios beneficiados, sin distinciones políticas.

La bancada Vamos reiteró su exigencia al MEF y a la Contraloría para que publiquen la documentación que respalda estas transferencias y expliquen por qué se realizaron fuera del procedimiento regular. “Es dinero de todos los panameños y el país tiene derecho a conocer cómo se manejó”, concluyeron.