Contraloría pone en licencia sin sueldo a 39 empleados de diputados de Vamos

Una nueva controversia surge alrededor del contralor Anel Flores, esta vez por las planillas de los diputados de la coalición Vamos.

”Queremos hacer de conocimiento público al país que en vísperas de la discusión de un proyecto tan importante como el bioetanol, cerca de 40 funcionarios adscritos a nuestra bancada se les ha retenido los pagos como una medida de extorsión de la Contraloría de la República”, declaró el diputado y presidente de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional. “Esto es una intromisión una vez más del contralor General de la República en el quehacer de esta Asamblea y de los diputados pero casualmente de esta bancada, primordialmente que es la que está llevando los procesos de fiscalización en diversos temas que aquejan a nuestra ciudadanía,” acotó.

Son 39 personas empleadas por nueve diputados de la bancada de Vamos afectadas. Se trata de Eduardo Gaitán, Augusto Palacios, Luis Duke, Roberto Zúñiga, Janine Prado, Alexandra Brenes, Jhonathan Vega y Yamireliz Chong. El estatus de su personal fue cambiado a “licencia sin sueldo”.

Duke solicitó más información a la dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional y recibió una carta firmada por la directora, Marielus De León. “El no pago de los salarios de los colaboradores antes mencionados obedece a una decisión administrativa adoptada por la Contraloría. Sobre dicha medida, la Asamblea no ha sido formalmente notificada de las razones y fundamento legal que la ampara.

No obstante, en las proformas de certificado de trabajo de los colaboradores, en el estado laboral se observa la inscripción: Licencia Sin Sueldo, sin embargo, en el listado de retenciones que nos hizo llegar Contraloría en el motivo de la retención señala Investigación”, detalla la carta.

Duke explicó a este medio que se afectó desde su community manager, hasta sus asesores económicos y legales.

“Yo tengo una carta al Secretario General (de la Asamblea) donde él indica que las únicas personas que pueden tener licencia sin sueldo son personal permanente de la Asamblea. El personal de cada uno de los diputados es un personal eventual. Él está cometiendo una ilegalidad directa y pura en esta Asamblea ”, cuestionó Duke.

“Yo quiero señalarle también al contralor Bolo Flores que justo en el debate de un proyecto como el bioetanol donde él públicamente ha señalado un claro conflicto de interés quiere utilizar esas medidas para venir a presionar, a extorsionar y hacer que diputados tengan que votar a su beneficio para entonces conseguir el objetivo que tanto él está esperando”, añadió, haciendo referencia a la Central Azucarera de Alanje, una empresa manejada por la familia de Flores y uno de los cuatro grandes ingenios azucareros en el país que podrían desarrollar la producción de bioetanol a través de la caña de azúcar.

Para la diputada Janine Prado, las acciones del contralor han sido selectivas solo contra un grupo específico de diputados.

“Ocho despachos cuyos diputados en ningún momento han guardado silencio al momento de presentar la denuncia o la demanda de inconstitucionalidad contra la resolución que le otorga superpoderes al contralor de la República, un contralor que no hemos tenido ninguna duda en señalar que en más de una ocasión confunde su rol fiscalizador como contralor de la República con las funciones que debe ejercer única y exclusivamente el Ministerio Público. Además, levantamos nuestra voz en el momento que el contralor irrumpe en la Fiscalía Anticorrupción en un caso de alto perfil, en un caso de esos de corrupción que en este país suelen pasar y no tener consecuencias y hoy coincide que vemos esa publicación donde se anuncia que el Ministerio Público abre investigaciones en contra del Contralor”, dijo Prado.

“La Contraloría rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, en las que se pretende calificar como “extorsión” la suspensión de pagos a determinados funcionarios de la Asamblea”, señaló la entidad en un comunicado.

“La institución aclara que dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”, añade.

De acuerdo a la Contraloría, las medidas surgen desde el año pasado y asegura que responden a la necesidad de validar el cumplimiento de disposiciones vigentes relacionadas con el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.

Añade que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración con relación a la excepción del marcaje en los funcionarios de la Asamblea, y que recibió la respuesta de que solo el presidente de la Asamblea y el secretario general pueden exonerar del registro obligatorio de asistencia a los funcionarios.

Sin embargo, la diputada Yamireliz Chong, resaltó que mantiene un control transparente de la asistencia. “En mi despacho hay marcación digital, cosa que ni Contraloría ni la Asamblea lo acepta. Por eso es que aparte de la marcación digital, nuestros equipos tienen que marcar lista a lista porque eso es lo que acepta la Contraloría”, explicó la diputada. “Nosotros aquí somos transparentes, pero esto es un pase de factura muy claro. No nos van a callar y no van a hacer que votemos como ellos quieren. El Contralor está totalmente fuera de todas sus casillas y lo que está haciendo con el país entero es hacer lo que le da la gana y no hay quien le ponga cascabel a ese gato”, sentenció la diputada.