El diputado Betserai Richards cuestiona al director de la DGCP, Javier Marquínez, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Foto del video de la Asamblea Nacional
La Dirección General Contrataciones Públicas confirmó ante el Legislativo que no verifican la información de las empresas que participan en licitaciones mayores a $500 mil.
Se trataría de un acto de “buena fe”, no hay verificación de conflicto de interés para las empresas que licitan ante actos de medio millón a más. Así lo reiteró públicamente la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ayer ante la Asamblea Nacional, luego de contradecirse en este aspecto, durante la presentación de su presupuesto como institución.
La DGCP solicitó $6,9 millones, $2,5 millones más que su presupuesto de 2025 para publicación de “datos abiertos” que faciliten las investigaciones periodísticas y contratación de funcionarios. Justamente el tipo de información que han negado hasta ahora y que ha disparado las alertas.
La falta de validación de la información de los beneficiarios finales de las personas jurídicas que contratan con el Estado ya había sido revelada por este diario.
Sin embargo, ayer los diputados Betserai Richards, de Otro Camino, y Janine Prado, de Vamos, cuestionaron a la DGCP ante las publicaciones de La Decana de las restricciones de confidencialidad en la entrega de información.
La entidad dirigida por Luis Marquínez se excusó legalmente, para luego matizar el tema indicando que estaría dispuesto a debatir los señalamientos de opacidad.
El descubrimiento de las restricciones de esa información pública, surgió con la petición de la periodista de este nota, que requirió -con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información- los detalles de los beneficiarios finales de las empresas que participaron el Hospital de Mascotas, cuyo precio de referencia supera $14 millones.
La Ley de Contrataciones Públicas establece que las personas jurídicas que participen en procesos de contratistas mayores de medio millón presentarán ante la DGCP una declaración jurada para certificar el nombre de cada persona natural beneficiario final, de por lo menos, el 10% del capital accionario emitido y en circulación.
La DGCP negó la información calificándola de “acceso restringido”. Según Marquínez, entraría en la calificación de “secreto comercial” establecido en la Ley de Transparencia o Ley 6 de 2002.
Diputados cuestionan
¿Pero, para qué sirve que la DGCP tenga y restrinja esta información que antes era pública en el portal de Panamá Compra?
“La correcta interpretación de [la ley de Contrataciones] es que los nombres de los beneficiarios finales sean públicos y esta argumentación no la hago solo yo, sino el exprocurador de la Administración en su consulta... ¿Si se sigue manteniendo esta confidencialidad, cómo se garantiza la transparencia y lucha contra la corrupción?”, preguntó Prado.
“No podemos desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de derecho administrativo” contestó Marquínez ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo.
El fallo al que hizo alusión es de 2021 cuando el abogado Publio Ricardo Cortés C. solicitó la misma información de otra sociedad.La negativa de la Corte se basó en que se trata de información de “carácter comercial privado”.
A juicio de Marquínez la Ley de Transparencia argumenta que los documentos recibidos para un fin específico deben mantener la confidencialidad, lo mismo que la ley de las Sociedades Anónimas que establece el velo corporativo, contestó.
“Coincido en que nos debemos a la transparencia y es el momento propicio para entablar las conversaciones”, añadió.
“¿Estaría dispuesto a hacer esas reformas a la leyes de contrataciones públicas para que no se siga ocultando la verdadera identidad de estos contratistas?”, preguntó nuevamente Prado.
“Mi respuesta es abrir el debate en materia jurídica”, dijo el funcionario.
Richards, a su turno, preguntó quiénes tienen acceso a esta información de los beneficiarios finales y si los funcionarios pudieran alertar de un conflicto de intereses, de lo contrario había que reformar la norma.
“Por ética del funcionario, debería poder hacerlo. Sin embargo, no hay forma de validar. Por presunción asumimos que la información que se entrega es así [de buena fe]. No tenemos un sistema para cruzarla con otra base de datos para indicar un conflicto de interés”, respondió Marquínez.
Richards volvió a cuestionar: “¿Si hay beneficiarios en común, se declara impedimento de la licitación o el proceso continúa?”
“Desconozco si el funcionario estaría en la capacidad de ver. Nada más va a recibir, leer y ver los nombres porque no tiene un sistema. Si lo ve, debe alzar la mano, va a ver los nombres, pero no tiene un sistema de revisión”, remarcó Marquínez.
A lo que el diputado concluyó que por esa razón no se podía permitir la opacidad y menos al tratarse de fondos públicos.
Al respecto, el exmagistrado de la CSJ, Edgardo Molino Mola, dijo a La Decana que “cuando se maneja dinero del Estado, la transparencia debe ser la regla y la reserva la excepción, no al revés” por lo que habría que “cambiar la Ley de Transparencia lo más rápido posible”.
Por su parte, el abogado Cortés, al que la Corte le negó el habeas data cuando pretendía conocer esta información para su profesión, dijo que “ni los jueces ni los de la DGCP están atados de manos” con el fallo, que no es ley.
“Ellos pueden decidir no considerarlo”, dijo en entrevista con el periodista Álvaro Alvarado en su programa por Radio Red.
Para la exprocuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, la decisión de la DGCP solo se puede “calificar de total retroceso en la lucha por la transparencia y contra la corrupción”, señaló en redes sociales.
