Defensas presentan alegatos finales en caso de Patrimonio Histórico

Terminan los alegatos de las defensas en el juicio por las obras de restauración del Patrimonio Histórico del Casco Antiguo, la ampliación de la Vía Domingo Díaz, los tramos 1 y 2 de la Vía Brasil y la Cinta Costera 3.

De los nueve imputados inicialmente, el Ministerio Público pidió la absolución de cinco que fueron los miembros de la Comisión Evaluadora que aprobó los proyectos, mientras que otros dos firmaron acuerdos de colaboración (uno de ellos acuerdo de pena también). Las fiscales buscan la condena de dos personas: el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y quien fue representante de la consultora Louis Berger Group, Marcelo De la Rosa.

La defensa de Suárez estuvo a cargo del abogado defensor Rosendo Miranda. Sus argumentos se basaron en desmeritar el informe pericial presentado por el perito Aristides Hernández, una pieza clave de evidencia que utiliza el Ministerio Público para demostrar la complicidad de Suárez en la adjudicación de los contratos con presuntos sobrecostos.

“La valoración del informe realizado por el señor Aristides Hernández, esa es la columna vertebral de toda la investigación del Ministerio Público, que descansa en un sobreprecio que solamente lo indica él. Ese informe es totalmente ilegal”, manifestó Miranda al salir de la audiencia. Afirma que Hernández empezó a trabajar en el informe desde el 17 de febrero, pero no fue hasta el 3 de abril que tomó posesión de su cargo en la Contraloría. “Ya él sabía que iba a ser designado perito, desde antes. Todo lo que evidencia esto es un entramado que se dio para perjudicar, no solamente a nuestros representantes, sino a los otros que por ocho años se vieron sometidos a medidas cautelares, a detenciones preventivas. No hay menos de ocho informes de la Contraloría de diferentes departamentos donde dicen todos los contratos en todas sus distintas etapas cumplieron con la ley”, acotó.

El abogado pasó entonces a cuestionar al Ministerio Público, acusándolo de no respetar la Constitución y “no hacer una investigación objetiva e imparcial con apego a la ley”.

La fiscal Ruth Morcillo explicó esta semana que este caso tiene como antecedente la trama de sobornos que confesó pagar la constructora Odebrecht y que las investigaciones se iniciaron a la par.

Miranda respondió afirmando que se ha “satanizado” a Odebrecht y cuestionando a los medios de comunicación. “Odebrecht está satanizado y hay que pegarlo con lo que sea. Y eso es lo que hizo la fiscalía, traer ese cuco y ponérselo aquí y decirle mire, acuérdese que este señor estaba, acuérdese que Odebrecht se ganó esto. Eso es lo que ellos dicen. Y esa es la satanización. Y eso es lo que se les ha vendido a los medios de comunicación. Y eso es lo que ustedes replican. ¿Ya? Pero cuando usted entra en la intimidad del caso, esto que le acabo de decir, no va a salir en los medios de comunicación”, denunció.

El exministro Suárez ha sido condenado a ocho años por peculado en el caso de la ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera y espera el fallo de la jueza Baloisa Marquínez en el juicio Odebrecht dónde aparece imputado por presunto blanqueo de capitales.

El otro imputado para quien el Ministerio Público pide condena es Marcelo De la Rosa, un empresario argentino que fue representante legal de la compañía Louis Berger Group, la cual realizó consultorías en los proyectos.

“La primera consultoría guardaba relación con la estimación de costos de los cinco proyectos y la segunda consultoría guardaba relación con el asesoramiento a la Comisión. Nosotros le evidenciamos a la juez en el día de hoy que, tanto en la primera consultoría como en la segunda consultoría, Luis Berger cumplió con la ley, con los criterios técnicos y con la legislación panameña”, manifestó el abogado Ariel Núñez, quien representa a De la Rosa en el juicio. “Además, ha dicho el Ministerio Público que Louis Berger participó del entramado para establecer precios en las obras que iban a beneficiar a determinadas empresas y que esas empresas se repartieron los precios y que como Louis Berger hizo un estimado de precios, y que los estimados de precios de Louis Berger eran muy próximos a los de las empresas, entonces Louis Berger era responsable”, añadió.

El abogado recalcó que su cliente no es dueño, ni accionista de la empresa, ni tampoco el responsable del trabajo técnico. “Su único pecado es haber sido representante legal”, lamentó.

Núñez sustentó sus argumentos con cifras, citando los precios presentados en los informes y los ofertados en las licitaciones.

“Louis Berger dijo que esa obra de patrimonio histórico costaba 164 millones. ¿Usted sabe cuál fue el precio de referencia? 170 millones. No tiene nada que ver con el precio que estableció Louis Berger. ¿Usted sabe por cuánto se adjudicó? Por 168 millones. ¿Usted sabe cuál fue el proponente que menos propuso? Conalvías con 165 millones. Es decir, todas las propuestas que hicieron en esa licitación, el Estado y el ganador, pusieron los precios por encima de Louis Berger”, detalló el abogado defensor. “Una cosa inicia con un precio y puede, más adelante, cambiar por imprevisto, por otras situaciones, por financiamiento, por utilidades, y va aumentando. Pero eso no significa que sea ilegal. De hecho, la misma Contraloría firmaba las adendas como buenas. Entonces, ¿dónde está el sobrecosto? No lo han probado. Lo que ha habido es una intención muy malsana, tanto de ese perito, como de la Contraloría, como del Ministerio Público, en querer afectar a Louis Berger,” puntualizó.

Terminados los alegatos, le corresponde ahora a la jueza Águeda Rentería evaluar los testimonios y pruebas presentados para emitir su fallo. El Código Penal le permite acogerse a un período de 30 días, pero el mismo puede extenderse por el número de páginas en el expediente por lo que podría tomar meses dependiendo de la jueza.