Diputados aprueban reformas al Código Electoral en primer debate

La reforma al Código Electoral avanzó este miércoles en la Asamblea Nacional después de una extensa jornada de discusión y votaciones artículo por artículo. Tras un receso de tres horas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales retomó el debate y aprobó en primer debate el proyecto de ley, que ahora pasa a segundo debate.

La sesión estuvo marcada por la discusión de decenas de modificaciones y por diferencias entre los integrantes de la comisión. En la mayoría de las votaciones, siete diputados de partidos políticos respaldaron las propuestas aprobadas, mientras que las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la coalición Vamos, votaron en contra de varias de ellas.

Las propuestas presentadas por Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho lograron avanzar en la comisión, mientras que la mayoría de las modificaciones planteadas por las diputadas de Vamos fueron rechazadas.

Entre los cambios que quedaron incorporados al debate aparecen modificaciones relacionadas con el financiamiento privado de las campañas, las elecciones internas de los partidos, las candidaturas por libre postulación, las reglas para funcionarios que aspiren a cargos de elección popular y la posibilidad de que una persona electa para dos cargos conserve la titularidad de ambos.

Dos cargos electos y la posibilidad de alternarlos

Uno de los cambios de mayor alcance aparece en la propuesta de modificación del artículo 73 del proyecto.

La iniciativa plantea que una persona que resulte electa para dos cargos de elección popular conserve la titularidad de ambos durante el periodo constitucional, aunque solo ejerza uno de ellos a la vez.

La persona tendría cinco días hábiles después de su proclamación para informar al Tribunal Electoral cuál de los cargos ejercerá inicialmente. Sobre el otro cargo podría acogerse a una licencia sin sueldo por un periodo no menor de un año.

Durante esa licencia, el suplente asumiría las funciones correspondientes y recibiría la remuneración establecida para el cargo.

La propuesta también permite que el titular prorrogue la licencia o solicite su reincorporación al cargo que dejó temporalmente. En ese caso, tendría que acogerse simultáneamente a licencia sin sueldo respecto del cargo que venía ejerciendo.

El texto establece que en ningún momento se podrían ejercer simultáneamente los dos cargos ni recibir las remuneraciones de ambos.

El Tribunal Electoral tendría que reglamentar el procedimiento para comunicar, registrar y hacer públicas esas licencias y reincorporaciones.

El dinero privado de las campañas

Otro de los puntos centrales está en el financiamiento electoral.

La propuesta para el artículo 50 establece que las candidaturas a presidente, PARLACEN, diputados, alcaldes, representantes y concejales, tanto por partidos como en los casos contemplados por la propuesta, podrían utilizar financiamiento privado hasta por un 30% del tope establecido.

A esto se suma una propuesta para modificar los límites del financiamiento privado.

Para la candidatura presidencial se establece un límite de B/.10 millones.

Para los diputados al Parlamento Centroamericano, el límite sería de B/.300,000. Para los diputados de la Asamblea Nacional, el monto dependería del número de electores del circuito: B/.300,000 para circuitos de hasta 30,000 electores; B/.400,000 para los que tengan más de 30,000 y hasta 50,000; y B/.500,000 para los circuitos con más de 50,000 electores.

En el caso de los alcaldes, el límite llegaría hasta B/.500,000 en distritos con más de 200,000 electores.

Para los representantes de corregimiento, la propuesta establece un límite de cinco balboas por elector, con un mínimo de B/.10,000 y un máximo de B/.150,000.

Así se repartiría el financiamiento preelectoral

La propuesta también modifica la distribución del financiamiento preelectoral.

El texto establece que el 93% del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se asigne a los partidos políticos que participen en las elecciones.

De ese monto, el 25% se repartiría por partes iguales entre los partidos constituidos, mientras que el 75% se distribuiría de acuerdo con el promedio de votos obtenidos por cada partido en las elecciones para presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento en la última elección general.

En cuanto al dinero destinado a propaganda electoral, la propuesta distribuye el 70% de esta forma:

50% para propaganda presidencial.30% para diputados.10% para alcaldes.5% para representantes de corregimiento.5% para diputados al PARLACEN y concejales.

El Tribunal Electoral pagaría directamente a las empresas, medios o agencias de publicidad, de acuerdo con la documentación presentada por los partidos.

Partidos: nóminas cerradas para sus directivas

Otra modificación relevante aparece en las reglas para las elecciones internas.

La propuesta establece que las directivas y órganos colegiados de dirección ejecutiva y administración de los partidos políticos se elijan mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas, con alternancia de género.

Además, incorpora el principio mayoritario. La nómina que obtenga la mayor cantidad de votos válidos recibiría la totalidad de los cargos.

La propuesta también mantiene dentro de los estatutos partidarios los mecanismos para garantizar la paridad de género, con 50% de hombres y 50% de mujeres, tanto en los procesos internos como en las primarias y otros métodos de selección de candidatos.

Cambios para las candidaturas independientes

Las propuestas también modifican las reglas para la libre postulación.

Para determinados cargos, se plantea que las tres nóminas que obtengan la mayor cantidad de firmas válidas sean las que queden postuladas, siempre que cada una alcance como mínimo el 3% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y circunscripción correspondiente.

En los circuitos plurinominales, la propuesta plantea reconocer como candidatos a quienes obtengan la mayor cantidad de firmas hasta completar el número de curules que se deben elegir, siempre que cumplan el porcentaje mínimo.

Para el PARLACEN, el texto establece un régimen transitorio para 2029: el requisito mínimo de firmas para una candidatura por libre postulación sería de 1.5% de los votos válidos emitidos para presidente en la última elección.

Además, la propuesta sobre las firmas establece que ciudadanos estén o no inscritos en partidos políticos puedan respaldar una candidatura independiente sin que esa firma implique una renuncia tácita al partido en el que estén inscritos.

Primarias en una misma fecha

La propuesta también cambia las reglas de las elecciones primarias.

Los partidos escogerían mediante primarias y voto secreto a sus candidatos a los distintos cargos. En el caso de diputados al PARLACEN, diputados, alcaldes, representantes y concejales, las primarias se realizarían en la misma fecha de la elección primaria presidencial.

También se contempla la realización de primarias entre partidos aliados para escoger candidaturas presidenciales y de vicepresidencia, de acuerdo con los procedimientos que establezcan los partidos y el Tribunal Electoral.

Funcionarios tendrían cinco días para renunciar

Otro de los cambios está relacionado con los servidores públicos que aspiren a cargos de elección popular.

La propuesta establece que los funcionarios incluidos en la norma deben renunciar dentro de los cinco días calendario siguientes a la publicación de su postulación en firme cuando participen por un partido político.

En el caso de la libre postulación, el plazo sería de cinco días después de que quede firme la resolución que los reconoce como precandidatos.

La renuncia sería irrevocable y el funcionario tendría que abandonar el cargo inmediatamente.

Entre los funcionarios incluidos aparecen ministros y viceministros, directores de ministerios y entidades públicas, funcionarios de órganos judiciales y electorales, miembros de la Fuerza Pública, gobernadores, tesoreros municipales y miembros de juntas directivas de entidades y empresas en las que el Estado tenga participación.

Se busca mantener la Comisión Nacional de Reformas Electorales

Entre las propuestas también aparece la eliminación de varios artículos del proyecto.

Uno de ellos corresponde al artículo 34, relacionado con la derogatoria del artículo 136 del Código Electoral, que se refiere a la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

La propuesta de los diputados plantea eliminar ese artículo del proyecto de ley.

También se propuso eliminar otros artículos relacionados con mesas de votación, embargos, fuero penal, financiamiento, nuevas disposiciones y la creación de una jurisdicción coactiva.

Informes de gastos: de 45 a 90 días

Otra modificación amplía el plazo para que los partidos presenten sus informes de ingresos y gastos de campaña.

La propuesta establece un plazo de 90 días calendario después de la elección general para entregar el informe, que debe ser firmado mediante declaración jurada por el representante legal del partido y un contador público autorizado.

Para los candidatos también se establecen sanciones específicas por la no presentación o entrega tardía de los informes.

La multa propuesta sería de B/.2,000 para la candidatura presidencial, B/.1,000 para diputados, PARLACEN y alcaldes, y B/.500 para representantes de corregimiento y concejales en circunscripciones mayores de 10,000 electores.

Si el informe se presenta fuera de plazo antes de que comience el proceso sancionatorio, la multa sería equivalente al 70% del monto correspondiente.

Propaganda: restricciones al contenido

La propuesta para regular la propaganda electoral incorpora restricciones sobre el contenido de las campañas.

El texto prohíbe la propaganda que ofenda la dignidad humana mediante insultos, intromisiones en la vida privada, discriminación o imputaciones de conductas ilícitas que no hayan sido determinadas por los tribunales competentes.

También prohíbe la promoción de violencia y plantea que partidos, precandidatos, candidatos y equipos de campaña fundamenten sus propuestas sin difundir material denigrante, calumnioso o injurioso contra otros precandidatos o candidatos.

La propuesta incluye además restricciones sobre el uso no autorizado de la imagen, nombre, voz o cualquier elemento que permita identificar a un candidato, incluyendo su alteración o manipulación.

Después de varias horas de debate, un receso de tres horas y una revisión artículo por artículo, la Comisión de Gobierno cerró el primer debate del proyecto de reforma al Código Electoral.

La aprobación deja al proyecto listo para su discusión en segundo debate.

La jornada también dejó expuestas las diferencias dentro de la comisión. Mientras las propuestas de Robinson y Camacho consiguieron avanzar en su mayoría, las modificaciones planteadas por Brenes y Chandler encontraron mayor resistencia y fueron rechazadas en buena parte de las votaciones.

Ahora, el proyecto llega al pleno de la Asamblea Nacional con una serie de cambios que pueden modificar las reglas sobre cómo se financian las campañas, cómo se organizan los partidos, quiénes llegan a la papeleta por libre postulación, cómo funcionan las primarias y qué ocurre cuando una persona gana dos cargos de elección popular.

La discusión continuará en segundo debate.