El freno en la Asamblea Nacional en el combate a la corrupción

Proyectos para endurecer las sanciones, fortalecer las investigaciones o recuperar bienes vinculados a delitos relacionados con la corrupción han llegado a la Asamblea Nacional, pero no han logrado convertirse en ley de la República.

El recorrido legislativo muestra distintos escenarios: proyectos que fueron rechazados, propuestas que no consiguieron avanzar en una comisión y otras que lograron superar alguna etapa, pero permanecen pendientes de los siguientes debates.

Uno de los casos más relevantes fueron los dos proyectos de ley presentados en julio de 2025 por el procurador de la Nación, Luis Gómez. Una de las propuestas era una Ley General Anticorrupción y buscaba facilitar las investigaciones de delitos contra la administración pública, mientras que la otra modificaba el Código Penal y contemplaba, entre otras medidas, penas de prisión para los funcionarios que cobraran del Estado sin prestar el servicio, las llamadas “botellas”.

La propuesta anticorrupción planteaba eliminar la necesidad de contar con una auditoría previa de la Contraloría cuando los hechos pudieran acreditarse mediante otras pruebas. También contemplaba investigaciones patrimoniales, aprehensión provisional de bienes vinculados a delitos y mecanismos especiales de investigación.

El proyecto que modificaba el Código Penal proponía una pena de cuatro a seis años de prisión para el funcionario que aceptara un nombramiento o recibiera remuneración sin prestar el servicio correspondiente.

Sin embargo, en octubre de 2025 ambos proyectos fueron rechazados en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. La votación terminó 5-4 en contra.

Los diputados de Realizando Metas, PRD y Cambio Democrático votaron en contra, mientras que diputados de Vamos y Movimiento Otro Camino respaldaron las iniciativas.

La mayoría de las propuestas que se han presentado han surgido de la propia Asamblea Nacional, impulsadas por distintos diputados.

El diputado de la bancada Vamos Roberto Zúñiga, por ejemplo, ha presentado una reforma para endurecer las sanciones por delitos contra la administración pública. En julio de 2026 presentó por tercera ocasión un anteproyecto que busca declarar imprescriptibles delitos como peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas.

La iniciativa también plantea aumentar las penas, establecer la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y eliminar penas sustitutivas, como el trabajo comunitario o el arresto domiciliario, para quienes sean condenados por estos delitos.

Sin embargo, en los dos primeros intentos del diputado Zúñiga, las iniciativas no fueron prohijadas durante el periodo legislativo. En ese caso, la propuesta debe volver a presentarse para que la comisión legislativa, en este caso la de Gobierno y Asuntos Constitucionales, la ponga en agenda.

Durante los dos primeros periodos legislativos (2024-2025 y 2025-2026), la Comisión de Gobierno estuvo presidida por el diputado del oficialista partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

Para este periodo legislativo, que inició en julio pasado, la Comisión de Gobierno quedó presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson.

En julio pasado, el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, retomó la iniciativa del procurador Gómez y presentó una propuesta de Ley General Anticorrupción.

La iniciativa busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para ampliar las herramientas de investigación y combatir la prescripción de los delitos contra la administración pública.

Entre las medidas planteadas están suspender el plazo de prescripción mientras los involucrados en determinados delitos continúen ocupando cargos públicos, así como permitir técnicas especiales de investigación y facilitar la cooperación internacional para recuperar activos.

Cedeño también propuso eliminar el requisito de “prueba idónea” para iniciar investigaciones contra diputados. El anteproyecto todavía debe recorrer el trámite legislativo correspondiente.

Una nueva propuesta

La iniciativa más reciente se encuentra en el anteproyecto de Ley 141, presentado por la diputada Janine Prado y respaldado por la bancada Vamos. La propuesta fue recibida por la Asamblea el 17 de agosto de 2026 y está pendiente de prohijamiento en la Comisión de Gobierno.

Uno de sus principales objetivos es ampliar las posibilidades de comiso de bienes relacionados con delitos contra la administración pública.

El texto incluye bienes transformados, ganancias y rendimientos derivados del delito, bienes lícitos mezclados con fondos ilícitos y bienes de valor equivalente cuando los activos originales no puedan ser localizados.

También plantea crear una Cuenta de Recuperación de Activos por Corrupción dentro del Tesoro Nacional, cuyos recursos serían destinados prioritariamente a salud, educación, infraestructura comunitaria y prevención de la corrupción.

La propuesta contempla, además, técnicas especiales de investigación bajo control judicial y aumenta las penas para determinados delitos de corrupción. En el caso del cohecho, por ejemplo, plantea elevar la pena de dos a cuatro años a siete a diez años cuando se configuren las conductas descritas en el proyecto.

Por ahora, la iniciativa apenas comienza su recorrido legislativo.

Otras propuestas

El historial reciente no se limita a las reformas penales. Uno de los temas que ha tenido varios intentos es la protección de denunciantes de actos de corrupción.

Una propuesta anterior fue rechazada por el pleno en segundo debate en septiembre de 2025. La iniciativa buscaba proteger a quienes denunciaran irregularidades frente a posibles represalias laborales, administrativas o personales.

Meses después, una nueva versión fue presentada por los diputados Lenín Ulate y Luis “Lucho” Duke, con el respaldo de otros diputados. En marzo de 2026, la Comisión de Gobierno la prohijó y la envió a primer debate. La propuesta extiende la protección a familiares del denunciante y establece mecanismos para mantener su identidad bajo reserva.

Otro proyecto relacionado con el manejo de fondos públicos es el de Duke para eliminar las partidas discrecionales.

La propuesta busca impedir que se asignen partidas cuyo uso quede a discreción de funcionarios y establecer que las ayudas, subsidios y beneficios con fondos públicos estén sustentados en programas institucionales.

En abril de 2026, la Comisión de Economía y Finanzas la prohijó con seis votos a favor y ninguno en contra. Por tanto, aunque avanzó, todavía no se ha convertido en ley.

En marzo de 2026, la Asamblea tenía en trámite el Proyecto de Ley 503, que adopta una Ley de Integridad y Prevención de la Corrupción en la Hacienda Pública y establece disposiciones relacionadas con contrataciones, presupuesto, deuda pública, subsidios y fondos especiales.

Junto a este se encontraba el Proyecto de Ley 504, que busca fortalecer la contratación pública mediante la creación de un listado público digital de personas condenadas y sancionadas por delitos contra la administración pública.

El Proyecto 504 sí logró avanzar más. Fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas y posteriormente aprobado en primer debate, pero quedó pendiente del segundo debate. Entre sus medidas está obligar a las entidades contratantes a consultar el listado antes de adjudicar contratos y establecer sanciones para los funcionarios que omitan esa consulta.

El conjunto de iniciativas deja un panorama dividido. Mientras algunas propuestas fueron rechazadas directamente, como las del procurador Gómez y la primera ley de protección a denunciantes, otras han tenido que ser presentadas nuevamente después de no conseguir el impulso legislativo necesario.

También están las que han logrado avanzar en comisiones, pero permanecen pendientes de nuevos debates, como las relacionadas con la protección a denunciantes, las partidas discrecionales y la contratación pública.

La propuesta de Zúñiga representa otro escenario: después de no ser prohijada en dos legislaturas, el diputado volvió a llevarla a la Asamblea en julio de 2026. Y la iniciativa de Prado, presentada en agosto, apenas inicia su recorrido.

Así, más que una sola historia de proyectos rechazados, el expediente legislativo muestra una sucesión de propuestas que, con distintos niveles de avance, han intentado modificar las reglas para investigar, sancionar y recuperar recursos vinculados a la corrupción.