El reclamo ciudadano a raíz de los secuestros a exfuncionarios

Las medidas cautelares y secuestros patrimoniales ejecutados por la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas contra exfuncionarios del pasado gobierno ya comenzaron a provocar reacciones en el ámbito político y judicial, en medio de un debate sobre corrupción, controles institucionales y posibles responsabilidades penales.

Los procesos, que en conjunto superan los $21 millones en bienes y fondos cautelados, involucran expedientes abiertos contra el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés; el exadministrador de la Autoridad Marítima Noriel Araúz Villarreal; y la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia Del Río Fernández. Además del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, a quien el Tribunal de Cuentas ordenó cautelar bienes por más de $16 millones.

Las resoluciones emitidas por la Contraloría incluyen secuestros preventivos sobre propiedades, cuentas bancarias, vehículos, depósitos, créditos contra el Estado y otros activos mientras avanzan auditorías e investigaciones patrimoniales.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, afirmó que los casos representan una prueba crítica para la institucionalidad panameña.

“Lo primero que me produce es la importancia de que un contralor mantenga su cargo en completa objetividad y con parámetros siempre técnicos”, sostuvo.

Gómez señaló que la función de la Contraloría exige independencia y rigor técnico debido al impacto que generan sus decisiones.

“Como tiene una misión tan delicada de cuidar los fondos públicos y contribuir a la recuperación de fondos públicos mal habidos o mal manejados, es importantísimo que su actuación sea totalmente transparente y técnica”, indicó.

La exprocuradora advirtió además que las auditorías deben estar sólidamente sustentadas para evitar que los procesos terminen debilitándose en tribunales o derivando en reclamos contra el Estado.

“Una auditoría bien hecha mata cualquier argumento baladí de persecución política”, afirmó.

Añadió que el país necesita investigaciones exhaustivas que permitan no solo cautelar bienes, sino también determinar responsabilidades penales cuando existan méritos.

“Lo que esperamos es que esto llegue hasta las consecuencias que tiene que llegar, para que haya resarcimiento al Tesoro Nacional y también la posibilidad del enjuiciamiento de las personas”, manifestó.

Gómez alertó sobre el riesgo de que las medidas se conviertan únicamente en titulares mediáticos sin resultados judiciales concretos.

“No queremos que simplemente se quede en un auto de secuestro o en un hecho noticioso de incautación. Lo que queremos es que esté bien fundamentado para que no haya que devolver esos dineros después”, puntualizó.

El analista político José Eugenio Stoute sostuvo que Panamá atraviesa una crisis prolongada de corrupción estatal que, a su juicio, se profundizó durante la pasada administración.

“Durante los últimos tres gobiernos Panamá ha sufrido una verdadera epidemia de corrupción. Con el agravante de que con el gobierno pasado esa corrupción no se detuvo, se profundizó”, afirmó.

Stoute consideró que las investigaciones y secuestros patrimoniales no resultan sorprendentes ante las sospechas planteadas por las auditorías estatales.

“No extraña en absoluto que personas que hayan delinquido o exista sospecha fundamentada sean investigadas, llevadas a juicio y condenadas si se prueban los delitos”, indicó.

La diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, consideró que este tipo de casos refleja una práctica recurrente dentro de la administración pública panameña.

“Es algo que vemos cada período. Pasa un gobierno y el siguiente encuentra situaciones similares”, expresó.

La diputada sostuvo que el principal problema radica en la falta de controles oportunos y en la debilidad de los mecanismos de fiscalización estatal.

“Lo importante es encontrar los mecanismos para que esto no suceda y que se descubra en el tiempo. La fiscalización, tanto de los diputados como también de los entes de control, es la que tiene que hacer que estas cosas no pasen después de un período”, afirmó.

Brenes señaló además que las instituciones deben actuar antes de que las irregularidades escalen a procesos multimillonarios.

“Esto solamente se va a corregir con personas que tengan voluntad de hacerlo”, agregó.

Las declaraciones surgen luego de que la Contraloría General ordenara medidas precautorias contra Enrique Lau Cortés por $2.9 millones, tras auditorías relacionadas con pérdidas de medicamentos e insumos médicos en la Caja de Seguro Social durante el período 2019-2024.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas mantiene cautelados bienes del exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por más de $16.3 millones, dentro de un proceso relacionado con supuestas irregularidades tributarias vinculadas con la empresa FCC Construcción S.A.

Por su parte, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (MOCA), afirmó que las medidas adoptadas por la Contraloría envían un mensaje sobre la responsabilidad en el manejo de bienes públicos.

“La Contraloría, según medios de comunicación social, ha ordenado la cautelación o el secuestro de casi 3 millones de dólares a un exdirector de la Caja de Seguro Social, principalmente porque conforme a las auditorías dejaron vencer cantidades de medicamentos”, expresó.

Cedeño señaló que, independientemente del resultado final de los procesos, el caso evidencia la necesidad de mejorar la administración dentro de la CSS.

“Esto manda un mensaje de que los bienes públicos se deben administrar como buen padre de familia”, sostuvo.

El diputado agregó que solicitó una reunión con el director de la CSS, Dino Mon, para abordar problemas relacionados con medicamentos y atención médica.

“Hay personas que nos han dicho que los medicamentos en algunos lugares no hay. También el trato de urgencia debe mejorar”, indicó.

Tras la divulgación de las medidas cautelares, Nadia Del Río reaccionó públicamente mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La exfuncionaria cuestionó la cobertura mediática y aseguró que no mantiene procesos patrimoniales abiertos ante el Tribunal de Cuentas.

“No hubo contraste, no hubo llamada previa, no hubo derecho a réplica”, afirmó.

Además, divulgó una certificación emitida por el Tribunal de Cuentas el 19 de mayo de 2026, firmada por el secretario general encargado, Gustavo Bonilla Arango, en la que consta que “no ha sido procesada patrimonialmente” ante esa jurisdicción.

Sin embargo, el secuestro contra la exfuncionaria fue ordenado por la Contraloría y no por el Tribunal de Cuentas como quiso hacer ver.

Del Río también aseguró que conoció las actuaciones de la Contraloría a través de redes sociales y medios de comunicación.

“No tengo nada que ocultar ni me he ocultado en lo absoluto”, expresó.

La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia denunció además una supuesta “campaña sistemática de persecución mediática impulsada mediante filtraciones selectivas”.

Al cierre de esta edición, este medio intentó obtener reacciones de Noriel Araúz Villarreal y Enrique Lau Cortés, pero no hubo respuesta por parte de ambos.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó una nueva advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo Jaén dentro de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado y tráfico de influencias.

La decisión quedó consignada en el Edicto N.° 670, mediante el cual la Secretaría General del máximo tribunal notificó la resolución adoptada el 9 de marzo de 2026 por el Pleno de la Corte, que resolvió no admitir el recurso promovido por la firma forense Orobio & Orobio.

La acción buscaba que se declararan inconstitucionales los artículos 39 y 44 del Código Procesal Penal, normas que regulan las competencias del Pleno de la Corte Suprema y de los jueces de garantías dentro de los procesos penales.

La investigación contra Carrizo también derivó en medidas cautelares de carácter administrativo adoptadas por la Contraloría General de la República, por $1,3 millones.