El revés legislativo a la primera Ley General Anticorrupción: una oportunidad perdida

Desde penalizar las “botellas” hasta otorgar a las entidades públicas la potestad legal de constituirse en querellantes en los procesos relacionados con actos de corrupción en la administración pública formaban parte de las medidas incluidas en los proyectos de ley presentados por el Ministerio Público, que fueron rechazados este martes en la Comisión de Gobierno.

Eran dos proyectos de ley: el 291, que adoptaba la Ley General Anticorrupción, y el 292, que modificaba artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la administración pública.

El proyecto 291 establecía, entre otros aspectos, que “toda institución pública que sea afectada por los delitos (...) tendrá la obligación de denunciar la conducta y constituirse en querellante por intermedio de su representante legal”.

Asimismo, la propuesta disponía que las instituciones estaban obligadas a preservar toda documentación física, digital, material o de cualquier otra naturaleza, y a coadyuvar con una pronta respuesta ante los requerimientos del Ministerio Público en el marco de las investigaciones correspondientes, con el fin de no entorpecer, dilatar ni obstaculizar el ejercicio de la acción penal.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, ha instado a los ministros y directores de entidades a constituirse en querellantes en los casos denunciados ante el Ministerio Público. El presidente de la República, José Raúl Mulino, también lo ha solicitado, y el Ministerio de Gobierno creó, mediante decreto ejecutivo, una unidad para coordinar las querellas.

La propuesta del Ministerio Público buscaba elevar a rango de ley la potestad de las entidades públicas para ser querellantes. En el año y tres meses que lleva el gobierno de Mulino se han presentado más de 250 denuncias relacionadas con casos de corrupción en diversas instituciones.

El proyecto de ley 291 también pretendía agilizar las investigaciones. Establecía que no era “necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General de la República para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal, que por otros medios de prueba se puedan deducir”.

La iniciativa indicaba que los peritajes y auditorías necesarias para acreditar los hechos delictivos podrían ser realizados por servidores públicos de entidades estatales, autónomas o semiautónomas, universidades oficiales, miembros de los estamentos de seguridad o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No obstante, debían ajustarse al principio de libertad probatoria y a la urgencia o naturaleza de la diligencia técnico-científica requerida.

Este punto fue cuestionado por el presidente Mulino durante una de sus conferencias semanales.

Otro aspecto del proyecto 291 establecía que el Ministerio Público podría ordenar la aprehensión provisional de bienes relacionados, directa o indirectamente, con actividades ilícitas, cuando existieran elementos que razonablemente permitieran presumir su vinculación con el delito o que pudieran ser objeto de comiso.

Una medida similar fue adoptada por la Contraloría General de la República, mediante resolución, que permite secuestrar bienes de personas objeto de una investigación administrativa de la entidad fiscalizadora. Sin embargo, esta disposición ha sido cuestionada por algunos sectores de la sociedad civil. El presidente Mulino la respalda, aunque al mismo tiempo criticó la propuesta del Ministerio Público de realizar investigaciones sin depender de los informes de la Contraloría.

El proyecto contenía 71 artículos y, según el procurador Gómez, representaba la primera Ley General Anticorrupción del país.

Por su parte, el proyecto de ley 292, de 13 artículos, proponía castigar con cárcel las llamadas “botellas”, al modificar el artículo 349 del Código Penal. “El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio, o sin prestar el servicio para el cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”, establecía la iniciativa.

La norma actual solo contempla una sanción de 150 a 300 días-multa o trabajo comunitario.

El proyecto 292 también planteaba aumentar las penas relacionadas con los delitos contra la administración pública, entre ellos el de recibir coimas.

El procurador Gómez, en declaraciones a La Estrella de Panamá tras el rechazo en la Comisión de Gobierno, lamentó la decisión y señaló que uno de los principales problemas que enfrenta en la investigación de estos delitos es la prescripción, citando como ejemplo los casos Blue Apple y Odebrecht.

Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, nunca hubo interés real en debatir los proyectos, ya que la Comisión de Gobierno esperó las postrimerías del cierre del período de sesiones ordinarias para discutirlos.

A su juicio, el debate debió ser técnico, serio y profundo. Los diputados que votaron en contra pudieron haber presentado modificaciones para mejorar los artículos que les generaban incomodidad, si verdaderamente existiera un interés en combatir la corrupción y dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias.

“Lo que hubo fue simplemente una demostración de lucha de poder y un mensaje de quién tiene el control político de la Asamblea en los temas importantes”, expresó.

La exprocuradora consideró que los diputados no están dispuestos a aprobar nada que limite los actos de corrupción ni que fortalezca la eficiencia del Ministerio Público. Destacó que las propuestas presentadas por el procurador Gómez eran necesarias, especialmente la que buscaba castigar con cárcel las “botellas”, pero recordó que la Asamblea es precisamente la institución que más incurre en esta práctica.