En febrero inicia restricción para la propaganda de los gobiernos central y locales

A partir del 5 de febrero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 277 del Código Electoral, entra en vigor una prohibición rigurosa sobre la propaganda o publicidad estatal y de gobiernos locales en los medios de comunicación, tanto privados como estatales.

Esta medida, contemplada en el marco legal electoral, tiene como objetivo asegurar la equidad y transparencia durante el periodo electoral.

La normativa prohibe expresamente la difusión de publicidad estatal en medios de comunicación durante los tres meses previos al día de la elección.

Las restricciones incluyen la prohibición de promover avances o culminación de obras por parte de entidades públicas nacionales y locales. Las excepciones a esta regla deben ser previamente autorizadas por el Tribunal Electoral.

Un punto destacado de la normativa es la obligación de retirar, antes de la medianoche del 4 de febrero de 2024, todas las vallas y publicidad fija instaladas por entidades públicas nacionales y locales. Esto implica un despliegue logístico por parte de dichas entidades para cumplir con la disposición legal.

Las excepciones a esta prohibición incluyen situaciones de importancia nacional, como campañas de prevención, vacunación, salud pública, así como información sobre el inicio o suspensión de periodos de clases, y la conmemoración de días establecidos por disposición legal.

También se permite la difusión de información en situaciones de emergencia, catástrofes naturales y cuando sea necesario informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.

Se destaca que ciertas instituciones públicas, como el Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral, y otras entidades cuyos servicios requieran publicidad para la difusión de anuncios e información a la ciudadanía, podrán ser exceptuadas de esta prohibición. No obstante, estas instituciones deben registrarse previamente en el Tribunal Electoral para obtener la autorización correspondiente.

Con esta medida, se busca preservar la imparcialidad y garantizar un proceso electoral justo, libre de influencias gubernamentales que puedan distorsionar la equidad entre los distintos contendientes.