Endurecen reglas y limitan firmas para candidaturas independientes

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó un paquete de modificaciones que redefine y endurece las reglas para quienes aspiren a competir por libre postulación en las próximas elecciones generales.

La decisión, adoptada con nueve votos a favor —en su mayoría de representantes de partidos políticos—, uno en contra y tres abstenciones, eleva la cantidad de firmas necesarias para acceder a una candidatura y establece que cualquier miembro de un partido político que respalde con su firma a un aspirante independiente incurrirá en una renuncia tácita a su colectivo.

Los partidos defendieron la medida. Sin embargo, los sectores que impulsan la participación ciudadana fuera de los partidos la consideran un retroceso.

Entre los cambios aprobados destaca la fijación del 31 de agosto del año previo a las elecciones como fecha límite para que los precandidatos reúnan las firmas de respaldo. Solo tendrán seis meses para la recolección de las firmas de respaldo.

El requisito se establece en un mínimo equivalente al 3% de los votos válidos de la última elección, ajustado según el cargo y la circunscripción. Para la candidatura presidencial, esta cifra asciende a 68,255 firmas, el mismo número que exigirá la ley para la constitución de un nuevo partido político. Anteriormente era el 2% de los votos emitidos.

Además, la CNRE avaló una disposición que impacta directamente a los firmantes inscritos en partidos: cualquier militante que respalde a un aspirante por libre postulación será considerado como renunciante automático a su partido.

En contraste, los ciudadanos no afiliados podrán firmar libremente por la nómina que prefieran, siempre que estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Estas decisiones generaron tensiones en la mesa, donde confluyen representantes partidistas, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Las reacciones entre los independientes no tardaron en surgir. Juan Diego Vásquez, exdiputado por libre postulación, criticó que los partidos y empresarios representados en la CNRE “impiden a los miembros de partidos dar su firma de respaldo” a independientes, lo que —según dijo— constituye una violación constitucional.

El diputado Luis Duke afirmó que los partidos “buscan lo mínimo para perjudicar” a los independientes y calificó la medida como un atentado contra la democracia.

Por su parte, la diputada Janine Prado calificó los cambios como “un retroceso inaceptable” y advirtió que prohibir que un ciudadano inscrito en un partido firme para respaldar a un independiente vulnera la libertad ciudadana. Para ella, la democracia se fortalece ampliando espacios y no restringiéndolos.

Entre otros cambios avalados por la CNRE se incluyó la reducción del periodo de recolección de firmas, la modificación de los criterios de reconocimiento de candidaturas por libre postulación y nuevas reglas sobre la manera en que los aspirantes pueden identificarse públicamente, con la obligación de respetar los símbolos patrios y normas éticas.

Durante la sesión, el magistrado Luis Guerra recordó que el Tribunal Electoral dio lectura reciente a un fallo de la Corte Suprema relacionado con normas anteriores sobre la libre postulación, pero aclaró que la CNRE actúa de manera autónoma y soberana. Explicó que la propuesta aprobada por la mesa podría ser objeto de futuras impugnaciones, pero que ello escapa a las competencias del Tribunal.

El fallo citado corresponde al 11 de agosto de 2015, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional un párrafo del artículo 260 del Código Electoral vigente en ese momento.

Aquella norma establecía que solo los electores no inscritos en partidos podían firmar o adherirse a candidaturas de libre postulación para alcalde, concejal y representante de corregimiento.

En su parte resolutiva, la Corte determinó que el texto impugnado contravenía normas constitucionales y supranacionales, por lo que fue expulsado del ordenamiento jurídico.

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por doctor Miguel Antonio Bernal.

Todos los cambios que se están haciendo aún deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, el próximo año cuando se presente el paquete de reformas al Código Electoral, por parte del Tribunal Electoral.