Fiscalía Electoral plantea construir una sede propia
- 22/09/2026 14:34
La Fiscalía Electoral paga unos $350 mil al año en alquileres y busca avanzar hacia una sede propia para reducir ese gasto.
La Fiscalía General Electoral destina alrededor de $350,000 al año al pago de alquileres de sus principales instalaciones y plantea avanzar en el diseño y construcción de una sede propia para reducir este gasto.
La fiscal general electoral, María Eugenia Pérez de Preciado, explicó durante la sustentación del presupuesto de la institución que uno de sus objetivos consiste en iniciar la contratación de personal especializado para elaborar y revisar los diseños, planos y demás documentos necesarios para concretar el proyecto de una nueva sede.
Actualmente, la institución mantiene alquilados espacios para la sede principal, fiscalías electorales y oficinas en Panamá Oeste, Santiago, Las Tablas y David, además de estacionamientos y otras instalaciones.
“Actualmente, como van a ver en todo el desglose del presupuesto, se pagan 350.000 dólares al año en alquiler”, señaló Pérez.
La fiscal sostuvo que una sede propia permitiría generar un ahorro anual cercano a ese monto una vez que la institución deje de pagar esos alquileres.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla $622,178 para alquileres, frente a los $730,205 previstos para 2026.
Pérez explicó que la reducción responde, entre otros factores, a que algunos contratos de arrendamiento llegan hasta diciembre de 2026 y todavía no están contemplados para el siguiente año.
Además de los edificios y locales, el renglón de alquileres incluye equipos electrónicos.
La Fiscalía también busca alternativas para disminuir otros gastos operativos. La institución informó que envió una nota a la Contraloría General de la República para explorar una posible colaboración mediante un comodato, con el propósito de reducir el gasto relacionado con impresión.
La construcción de una sede propia no representa todavía un gasto de construcción dentro del presupuesto presentado para 2027. El primer paso planteado por la Fiscalía consiste en contratar personal idóneo para desarrollar los estudios, diseños y planos que permitan definir el proyecto.
El planteamiento parte de una necesidad financiera: mientras la institución continúe alquilando sus instalaciones, una parte de sus recursos se destina al pago recurrente de esos contratos.
De acuerdo con Pérez, una sede propia permitiría convertir ese gasto anual en una inversión institucional de largo plazo y reducir los costos asociados al funcionamiento de las distintas oficinas.
El proyecto también se vincula con la necesidad de fortalecer la presencia territorial de la Fiscalía Electoral, que busca ampliar sus servicios de capacitación y orientación ciudadana en distintas provincias.
La institución solicitó para 2027 un presupuesto total de $9.17 millones, inferior al monto asignado para 2026.