Gremios periodísticos advierten riesgos para la libertad de expresión por proyecto de ley de derecho a réplica

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron la noche de este miércoles 11 de marzo su preocupación por el impacto que podría tener en la libertad de expresión y el equilibrio informativo el proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Los gremios consideran que la iniciativa legislativa, tal como está planteada, modifica el balance entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

De acuerdo con los gremios, el derecho a réplica es un principio que forma parte de la práctica ética del periodismo y se ejerce de manera habitual como parte del compromiso de los medios con la búsqueda de la verdad y el respeto a la sociedad.

“Para el periodismo responsable, dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la calidad del mensaje y la confianza del ciudadano en los medios de comunicación”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

No obstante, advierten que el proyecto de ley No. 391, que propone reformas a la Ley No. 22 de 2005, introduce mecanismos que podrían interferir en la autonomía editorial de los medios de comunicación.

Entre los puntos que generan inquietud mencionan la obligación de responder solicitudes de réplica en un plazo de 48 horas y la exigencia de reservar espacios permanentes para estas respuestas.

Según los gremios, estas disposiciones podrían afectar la organización interna y la gestión informativa de los medios, además de trasladar la discusión sobre la réplica del ámbito de la autorregulación periodística hacia un mecanismo con posibles sanciones judiciales.

Otro aspecto señalado como preocupante es la ampliación de responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración de los contenidos periodísticos, así como a espacios de terceros o programas contratados.

A juicio de las organizaciones, esta ampliación podría generar una “responsabilidad difusa” dentro del ecosistema mediático y producir efectos inhibitorios en el ejercicio del periodismo y la fiscalización pública.

Los gremios también hicieron un llamado a reflexionar sobre el respaldo transversal que este tipo de iniciativas suele recibir en el debate legislativo, señalando que las decisiones que inciden en las libertades públicas deben analizarse con especial cuidado por sus implicaciones en la calidad de la vida democrática.

Este grupo de organizaciones sostienen que la protección de la honra y la transparencia informativa debe sustentarse principalmente en el fortalecimiento de la ética profesional y las buenas prácticas periodísticas, procurando mantener el equilibrio entre el derecho ciudadano a la información y el respeto a la libertad de expresión.