La inasistencia de los diputados, el debate de las reformas al reglamento interno

La Asamblea Nacional avanza en una revisión de su reglamento interno con objetivos de reforzar la disciplina de asistencia de los diputados y fortalecer su rol fiscalizador mediante comisiones de investigación con efectos vinculantes.

Ambos cambios, discutidos en el marco de reformas a los artículos 86 y 67, buscan responder a cuestionamientos ciudadanos sobre la productividad y la capacidad de control político del Órgano Legislativo.

En el caso del artículo 86, las propuestas analizadas en primer debate en la Comisión de Credenciales mantienen un punto de coincidencia: todas contemplan descuentos salariales para los diputados que incumplan la jornada legislativa. Las diferencias radican en qué conductas se sancionan, el monto del descuento y la severidad de la medida.

Una de las iniciativas más detalladas es la presentada por el diputado José Pérez Barboni, que propone un control más estricto sobre la permanencia en el pleno. La propuesta establece horarios fijos de sesión y dispone que el diputado que marque asistencia, pero se retire antes de que concluya la jornada, será sancionado con el descuento proporcional de un día de salario, al igual que quien se ausente sin licencia previa. Además, limita la realización de reuniones de comisiones durante el pleno, salvo excepciones autorizadas por la presidencia de la Asamblea.

Un enfoque más severo es el impulsado por la diputada Alexandra Brenes, quienes plantean un régimen de sanciones económicas progresivas. Según esta propuesta, el incumplimiento de la jornada legislativa conllevaría una multa equivalente a un mes de salario, el doble en caso de reincidencia y, tras más de dos faltas, la aplicación de sanciones mayores previstas en el reglamento interno. La ejecución de estos descuentos recaería en la Secretaría General.

Otra iniciativa, presentada por el diputado José Luis Varela, vincula el descuento salarial directamente al resultado de la sesión plenaria. Cuando el pleno no pueda sesionar por falta de quórum, se aplicará el descuento proporcional del día a los diputados principales ausentes sin justificación. Este planteamiento también introduce la prohibición de sesiones nocturnas, salvo en casos de urgencia notoria o emergencia nacional.

De forma complementaria, el diputado Crispiano Adames propuso que, ante la falta de quórum, la directiva de la Asamblea esté obligada a ordenar el descuento de un día de labores, eliminando cualquier margen de discrecionalidad en la aplicación de la sanción.

Paralelamente, la Asamblea dio un paso relevante en materia de fiscalización al aprobar una modificación al artículo 67 del reglamento interno, que regula las comisiones de investigación. La propuesta, presentada por el diputado Augusto Palacios y otros, fue aprobada con seis votos a favor y establece que el pleno podrá conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público, con un plazo máximo de 90 días calendario para rendir su informe.

El cambio más significativo es que, si del informe final se desprenden indicios de la posible comisión de un delito o falta administrativa, el presidente o presidenta de la Asamblea estará obligado a remitirlo a las autoridades competentes, otorgando a estas comisiones un carácter vinculante que antes no tenían.

La reforma también fija reglas claras para su integración: deberán estar conformadas por al menos siete diputados, en número impar, procurando la representación de todas las fracciones parlamentarias. Si alguna bancada decide no participar, ello quedará consignado en acta, sin impedir la conformación de la comisión.

De acuerdo con fuentes legislativas, ambos cambios —tanto en materia de sanciones como de investigación— apuntan a fortalecer el control interno y la rendición de cuentas, en un intento por mejorar la credibilidad y el desempeño del Parlamento frente a la ciudadanía.