Ley de orientación vocacional es vetada por Mulino por inconstitucional
- 26/03/2026 18:02
La propuesta, aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional, fue criticada por no definir claramente su población objetivo, generar duplicidad de funciones y carecer de financiamiento claro.
El presidente José Raúl Mulino objetó en su totalidad el proyecto de ley No. 145, que establece la Política de Orientación Vocacional y Profesional para Jóvenes Adultos, y lo devolvió a la Asamblea Nacional sin sanción, al considerar que presenta vicios de inconstitucionalidad y conflictos de competencia.
La iniciativa buscaba orientar a jóvenes adultos hacia la inserción laboral, especialmente en un contexto marcado por la saturación de carreras tradicionales, mediante programas de capacitación, certificaciones y herramientas tecnológicas que facilitaran su acceso a empleos.
Esta norma fue aprobada este 9 de febrero en el pleno de la Asamblea Nacional y fue propuesta por Ariel Vallarino.
El proyecto de ley fue aprobada, de manera unánime, con 45 votos, y surgió por la realidad existente en el país de elección de profesiones convencionales universitarias, situación, que según Vallarino, ha generado un déficit significativo en el mercado laboral.
Sin embargo, en una nota fechada el 24 de marzo de 2026 y remitida al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, Mulino argumentó que el proyecto invade competencias propias del Órgano Ejecutivo, además de generar obligaciones administrativas y posibles gastos sin establecer fuentes de financiamiento ni previsiones presupuestarias.
Entre los principales señalamientos, el Ejecutivo advirtió falta de claridad en la definición de la población objetivo y posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el sistema educativo y las universidades, en lo relativo a la orientación vocacional y la certificación profesional.
Asimismo, se destacó que la propuesta omite el rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al no establecer mecanismos de coordinación obligatoria, lo que, según el Ejecutivo, debilita la coherencia institucional.
El análisis también advierte que la implementación de programas, certificaciones, plataformas tecnológicas y mecanismos de fiscalización implicaría erogaciones presupuestarias adicionales, sin que el proyecto contemple una fuente clara de financiamiento.
En el ámbito educativo, el Gobierno señaló que ya existe normativa vigente bajo la rectoría del Ministerio de Educación, por lo que la intervención del Mitradel podría generar duplicidad de funciones y superposición normativa.
Otro punto crítico es la falta de precisión sobre el alcance de las certificaciones propuestas, ya que no se establece si estas corresponden a formación laboral o si tendrían equivalencia con títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento dentro del sistema educativo nacional.