Libertad Ciudadana pide a Mulino frenar reforma al Reglamento de la Asamblea
- 20/08/2026 00:00
Según Libertad Ciudadana, el proyecto establece que los diputados deberán ‘gestionar, impulsar y fiscalizar’ programas y proyectos específicos en sus respectivos circuitos
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana pidió este miércoles 19 de agosto al presidente José Raúl Mulino objetar por inexequible y no sancionar el proyecto de ley 594, aprobado por la Asamblea Nacional para reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de ese órgano del Estado.
La organización cuestiona, entre otras disposiciones, la incorporación de la gestión y fiscalización de programas y proyectos como parte de las funciones de los diputados en las comunidades que representan.
La norma aprobada establece que los diputados y diputadas, en su responsabilidad constitucional de representar a sus electores, “gestionarán y fiscalizarán” programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
El texto incluye entre las áreas de estos proyectos las carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción. También señala que los proyectos serán ejecutados por las instituciones respectivas.
Para Libertad Ciudadana, esta disposición desnaturaliza las funciones constitucionales de los diputados y puede generar una superposición con las competencias de las autoridades locales.
En una carta abierta dirigida a Mulino, la organización sostiene que los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución establecen las funciones del Órgano Legislativo y que ninguna de estas disposiciones faculta a los diputados para gestionar, impulsar o fiscalizar proyectos específicos en sus circuitos electorales.
La fundación también cita el artículo 163 de la Constitución, que prohíbe a la Asamblea Nacional inmiscuirse en asuntos que corresponden de manera exclusiva a otros órganos del Estado.
Según Libertad Ciudadana, la Constitución asigna responsabilidades de gestión local a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales, por lo que la reforma puede provocar un cruce de funciones entre los diputados y las autoridades locales.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación para la organización es que la reforma no solo incorpora la fiscalización de proyectos, sino que utiliza de forma expresa el término “gestionarán”.
El proyecto también señala que se garantizará una “inversión mínima en el presupuesto general del Estado” para la ejecución de estos proyectos, lo que, según Libertad Ciudadana, aumenta los riesgos asociados a la disposición.
La organización considera que la combinación entre la gestión de proyectos y la asignación de recursos públicos puede recuperar mecanismos vinculados históricamente al clientelismo político.
Libertad Ciudadana recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, mediante un fallo del 16 de marzo de 2017, el esquema de partidas circuitales. A juicio de la fundación, las razones expuestas en aquella decisión guardan relación con las disposiciones incorporadas ahora al Reglamento Interno de la Asamblea.
“Sancionar esta ley no solo contradiría la letra de la Constitución, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema”, señala la carta dirigida al presidente.
La organización también recordó que durante el tercer debate del proyecto, el diputado Ernesto Cedeño cuestionó la constitucionalidad de la disposición y advirtió que acudiría a la Corte Suprema de Justicia si la iniciativa se convertía en ley en los términos aprobados.
El proyecto 594 llegó al Pleno después de varios meses de discusión en la Comisión de Credenciales. Para el segundo debate, los diputados presentaron más de 120 propuestas relacionadas con transparencia, nepotismo, asistencia, salarios, funcionamiento de las comisiones, participación de suplentes y rendición de cuentas.
Sin embargo, la disposición sobre la gestión de programas y proyectos adquirió especial relevancia por el alcance que puede tener en la relación entre los diputados y las comunidades de sus circuitos electorales.
Libertad Ciudadana pidió a Mulino no sancionar el proyecto y objetarlo por inexequible. La organización considera que esa decisión permitiría preservar la separación de funciones establecida en la Constitución y evitar mecanismos que, a su juicio, pueden favorecer el clientelismo político.