MEF bajo presión por asignación discrecional de fondos

El anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, de iniciar una investigación sobre las transferencias extraordinarias superiores a $4 millones otorgadas a varios municipios abrió un nuevo frente político en torno al uso de fondos públicos y la ausencia de criterios claros en su distribución.

Chapman confirmó este martes 2 de diciembre que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revisará cada una de estas asignaciones y tomará acciones si se detectan irregularidades, ya sea por ilegalidad, mala práctica o falta de sustento ético.

El ministro reaccionó a las denuncias que circularon en días recientes y aseguró que ya conversó con la diputada Janine Prado, miembro de la Comisión de Presupuesto, para conocer sus inquietudes sobre estas transferencias. Afirmó que no tiene nada que ocultar y que el MEF investigará el uso de “todos esos recursos”, con el compromiso de corregir debilidades estructurales. “De encontrarse algo indebido se van a tomar acciones... Vamos a examinar si tenemos la normativa adecuada”, dijo durante su participación en un foro económico.

Chapman subrayó que la discusión no se limita a la legalidad de los fondos, sino también a la ética y las prácticas administrativas. Señaló que las denuncias abren una oportunidad para revisar la forma en que históricamente se han asignado los recursos extraordinarios, un proceso que —admitió— nunca ha sido normado de manera clara en Panamá.

Entre sus propuestas está establecer por ley criterios objetivos basados en indicadores socioeconómicos, como distribución del ingreso, niveles de pobreza o tasas de empleo, para evitar decisiones discrecionales.

El ministro también confirmó que la conversación con el contralor de la República para garantizar control previo y posterior sobre estas transferencias, en un intento de reforzar los mecanismos de supervisión institucional.

Además, adelantó que revisará el propósito original de los subsidios municipales contemplados en la legislación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Sociales (PIOPS), con el fin de asegurar su correcta aplicación.

Sin embargo, mientras el MEF anuncia su investigación, la presión política en la Asamblea Nacional crece. La bancada VAMOS entregó este martes una solicitud formal de información en la que exige al Ministerio explicar por qué las transferencias se hicieron por fuera del mecanismo regular establecido por la Ley de Descentralización.

Los diputados Lenin Ulate y Miguel Ángel Campos señalaron que, aunque Chapman ha prometido “correctivos”, todavía no ha detallado qué ocurrió ni por qué se seleccionó únicamente a ciertos municipios. “Lo que estamos pidiendo es simple: que el MEF entregue los documentos que autorizaron estas transferencias”, afirmó Campos.

La diputada Prado —quien ya había conversado con el ministro— recalcó que el requerimiento responde a un deber de rendición de cuentas, mientras que el diputado Lucho Duke pidió que el MEF publique la información en los plazos legales para esclarecer origen, destino y justificación de los fondos.

A nivel administrativo, la directora de Descentralización, Roxana Méndez, aclaró que el programa mediante el cual antes se transferían recursos sin destino claro ni obligación de rendición de cuentas fue cerrado, por lo que ese mecanismo ya no existe dentro de la Autoridad.

Explicó que muchos alcaldes se han acercado directamente al MEF para solicitar aportes especiales debido a dificultades operativas, deudas heredadas o limitaciones para prestar servicios básicos.

En medio de esta tensión territorial, la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) también intervino formalmente. En una carta enviada al presidente José Raúl Mulino, la organización —que agrupa a las autoridades locales del país— solicitó la transferencia de $10 mil a cada una de las 701 juntas comunales y $20 mil a las 81 alcaldías, argumentando que el cierre del año incrementa la presión operativa, las solicitudes de apoyo social y las necesidades de mantenimiento y servicios básicos en los territorios. AMUPA advirtió que los gobiernos locales requieren recursos mínimos para garantizar atención comunitaria y evitar crisis de gestión en esta etapa del año.

Méndez añadió que, en algunos casos, la Autoridad ha recomendado apoyar proyectos municipales, pero también ha rechazado solicitudes que carecen de sustento o capacidad de ejecución. Subrayó que, aunque desconoce los casos cuestionados por la bancada VAMOS, asume que el MEF solicitó la debida justificación antes de aprobar cualquier partida adicional.

En el distrito de Panamá, varios representantes de corregimiento dieron un matiz territorial a la controversia.

Humberto Echeverría cuestionó la falta de claridad sobre los criterios que llevaron a elegir unos municipios sobre otros. “¿Cómo le decimos a ese alcalde o a esa junta comunal subsidiada que no le tocó, pero al de al lado sí?”, dijo, advirtiendo que los problemas son nacionales y que la distribución desigual alimenta la percepción de favoritismo.

Exigió al MEF que responda no solo a los diputados, sino directamente a las autoridades locales excluidas.

Por su parte, el representante Ismael Atencio recordó que los gobiernos locales enfrentan limitaciones estructurales y requieren más recursos para atender necesidades comunitarias. Advirtió que mantener esquemas discrecionales de asignación podría profundizar desigualdades y generar desequilibrios sociales.

“No es posible que, en base a una simple solicitud, se hagan desembolsos reiterativos sobre ciertos municipios... Las 81 alcaldías del país tienen necesidades reales”, señaló.