Miviot busca construir su propio edificio; cuestionan traslados de partidas
- 19/06/2025 00:00
El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó que hay planes de construir un edificio en tierra estatal en Albrook para ahorrar en alquileres. La Comisión de Presupuesto le rechazó un traslado de partidas para pagar deudas atrasadas de arrendamiento El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, compartió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que existen planes de trasladar las oficinas de esta entidad a terrenos del Gobierno para disminuir los gastos del Ministerio.
Jované informó que existe un plan para construir un edificio en la antigua sede del Ministerio de Obras Públicas en Albrook, por un costo de $200 millones.
La idea de que las entidades públicas tengan su propio inmueble no es nueva. En gobiernos pasados se ha mencionado la propuesta de construir una “ciudad gubernamental” en el área de Albrook, aprovechando terrenos estatales —como la antigua sede del MOP y partes del terreno del aeropuerto, para reubicar a decenas de entidades públicas que actualmente pagan alquileres.
El ministro Jované también promovió en pasadas ocasiones, durante el plan de densificación urbana, un enfoque para aprovechar terrenos subutilizados en zonas urbanas.
El tema salió a relucir ayer en la Comisión de Presupuesto, a la que asistió el ministro Jované para solicitar un traslado de partida por el monto $1,4 millones para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) lo que causó conmoción y cuestionamientos entre los diputados.
La cantidad sería para hacerle frente a la deuda de alquileres de 2023 y 2024 de la entidad ubicada en el edificio Plaza Edison. Según la sustentación del titular del Miviot, el traslado salía del Fondo de Vivienda Solidario, un programa de la institución que ofrece un bono a familias de bajos y medianos ingresos para adquirir su primera vivienda.
Sin embargo, la propuesta de Jované no fue bien recibida por algunos de los miembros de la Comisión. Diputados como Osman Gómez del partido Alianza y Jonathan Vega de la coalición Vamos mostraron su rechazo a la idea de utilizar el dinero que sirve para ayudar a familias de escasos recursos, especialmente porque actualmente existe una lista de espera para este programa.
“No estoy de acuerdo en que sacrifiquemos a los pobres que no tienen viviendas para pagar la deuda de un millonario. Una persona que ha vivido a costillas de todos los gobiernos”, dijo Gómez dentro de su intervención.
Hasta el momento, la solicitud del Miviot permanece en evaluación, mientras los diputados insisten en la necesidad de una mayor claridad sobre el uso de los fondos y los pormenores del proyecto de reubicación del Ministerio.
Otro traslado El Ministerio de Seguridad Pública también acudió a la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida por $2,4 millones, con el objetivo de cubrir el pago de primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios retirados de los estamentos de seguridad.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la sustentación, dijo que los fondos permitirán saldar compromisos pendientes con exfuncionarios que cumplieron con su tiempo de servicio y se acogieron a retiro, en cumplimiento con lo establecido por la ley para el personal que labora en instituciones como la Policía Nacional.
La solicitud también fue cuestionada. El diputado, Jonathan Vega expresó su preocupación por un posible doble beneficio, ya que muchos de estos exuniformados, una vez retirados, son posteriormente contratados por otras entidades del Estado, percibiendo además su jubilación especial.
A juicio del diputado Vega, es importante reconocer la labor de quienes han servido al país, pero también debemos revisar con seriedad si el Estado está pagando dos veces por una misma persona: una vez por su retiro y otra por su reingreso con salario completo en otra institución.
El traslado de fondos quedó en análisis mientras los comisionados solicitan mayor detalle sobre esta acción.
El ministro Ábrego también solicitó un traslado de partida por $999.000 para la compra de 400 pistolas eléctricas tipo Taser, que también generó cuestionamientos durante la sesión de la Comisión de Presupuesto.
El ministro explicó que las armas no letales serían distribuidas a miembros de la Policía Nacional y a agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre como parte de una estrategia para reducir el uso de armas de fuego en intervenciones operativas.
Ronald Jaén, del departamento de Administración y Finanzas del ministerio, informó que el producto ha sido suministrado exclusivamente por la empresa Cool Water Group S.A. No obstante, aseguró que se abrirá un acto público para la adquisición del equipo, conforme a la ley de contrataciones públicas.
Sin embargo, varios diputados manifestaron su preocupación al considerar que se podría tratar de una compra directa. Fueron muy reiterativos en señalar que solo una empresa ha abastecido este tipo de armamento al ministerio y podría limitar la competencia y abrir la puerta a una adquisición poco transparente.
Los diputados solicitaron mayor claridad en el proceso de compra, así como garantías de que se permitirá la participación de otros proveedores que cumplan con los requisitos técnicos.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, compartió en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que existen planes de trasladar las oficinas de esta entidad a terrenos del Gobierno para disminuir los gastos del Ministerio.
Jované informó que existe un plan para construir un edificio en la antigua sede del Ministerio de Obras Públicas en Albrook, por un costo de $200 millones.
La idea de que las entidades públicas tengan su propio inmueble no es nueva. En gobiernos pasados se ha mencionado la propuesta de construir una “ciudad gubernamental” en el área de Albrook, aprovechando terrenos estatales —como la antigua sede del MOP y partes del terreno del aeropuerto, para reubicar a decenas de entidades públicas que actualmente pagan alquileres.
El ministro Jované también promovió en pasadas ocasiones, durante el plan de densificación urbana, un enfoque para aprovechar terrenos subutilizados en zonas urbanas.
El tema salió a relucir ayer en la Comisión de Presupuesto, a la que asistió el ministro Jované para solicitar un traslado de partida por el monto $1,4 millones para el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) lo que causó conmoción y cuestionamientos entre los diputados.
La cantidad sería para hacerle frente a la deuda de alquileres de 2023 y 2024 de la entidad ubicada en el edificio Plaza Edison. Según la sustentación del titular del Miviot, el traslado salía del Fondo de Vivienda Solidario, un programa de la institución que ofrece un bono a familias de bajos y medianos ingresos para adquirir su primera vivienda.
Sin embargo, la propuesta de Jované no fue bien recibida por algunos de los miembros de la Comisión. Diputados como Osman Gómez del partido Alianza y Jonathan Vega de la coalición Vamos mostraron su rechazo a la idea de utilizar el dinero que sirve para ayudar a familias de escasos recursos, especialmente porque actualmente existe una lista de espera para este programa.
“No estoy de acuerdo en que sacrifiquemos a los pobres que no tienen viviendas para pagar la deuda de un millonario. Una persona que ha vivido a costillas de todos los gobiernos”, dijo Gómez dentro de su intervención.
Hasta el momento, la solicitud del Miviot permanece en evaluación, mientras los diputados insisten en la necesidad de una mayor claridad sobre el uso de los fondos y los pormenores del proyecto de reubicación del Ministerio.
El Ministerio de Seguridad Pública también acudió a la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida por $2,4 millones, con el objetivo de cubrir el pago de primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios retirados de los estamentos de seguridad.
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante la sustentación, dijo que los fondos permitirán saldar compromisos pendientes con exfuncionarios que cumplieron con su tiempo de servicio y se acogieron a retiro, en cumplimiento con lo establecido por la ley para el personal que labora en instituciones como la Policía Nacional.
La solicitud también fue cuestionada. El diputado, Jonathan Vega expresó su preocupación por un posible doble beneficio, ya que muchos de estos exuniformados, una vez retirados, son posteriormente contratados por otras entidades del Estado, percibiendo además su jubilación especial.
A juicio del diputado Vega, es importante reconocer la labor de quienes han servido al país, pero también debemos revisar con seriedad si el Estado está pagando dos veces por una misma persona: una vez por su retiro y otra por su reingreso con salario completo en otra institución.
El traslado de fondos quedó en análisis mientras los comisionados solicitan mayor detalle sobre esta acción.
El ministro Ábrego también solicitó un traslado de partida por $999.000 para la compra de 400 pistolas eléctricas tipo Taser, que también generó cuestionamientos durante la sesión de la Comisión de Presupuesto.
El ministro explicó que las armas no letales serían distribuidas a miembros de la Policía Nacional y a agentes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre como parte de una estrategia para reducir el uso de armas de fuego en intervenciones operativas.
Ronald Jaén, del departamento de Administración y Finanzas del ministerio, informó que el producto ha sido suministrado exclusivamente por la empresa Cool Water Group S.A. No obstante, aseguró que se abrirá un acto público para la adquisición del equipo, conforme a la ley de contrataciones públicas.
Sin embargo, varios diputados manifestaron su preocupación al considerar que se podría tratar de una compra directa. Fueron muy reiterativos en señalar que solo una empresa ha abastecido este tipo de armamento al ministerio y podría limitar la competencia y abrir la puerta a una adquisición poco transparente.
Los diputados solicitaron mayor claridad en el proceso de compra, así como garantías de que se permitirá la participación de otros proveedores que cumplan con los requisitos técnicos.