Mulino: la anacrónica ‘mano dura’ que rehúye el diálogo
- 22/05/2025 00:00
Cuando decimos que este modelo es anacrónico, nos referimos a que está fuera de lugar en el tiempo. Es propio de una época donde el verticalismo podía imponerse sin consecuencias En 2025, hablar de “mano dura” como forma de gobierno no solo es anacrónico, sino peligroso. El presidente José Raúl Mulino insiste en fundar su gestión en ese modelo, respaldado por un estrecho círculo empresarial con el que mantiene reuniones periódicas, mientras niega cualquier apertura al diálogo con otros sectores sociales. Es una forma autoritaria de ejercer el poder, incompatible con una sociedad democrática moderna.
Cuando decimos que este modelo es anacrónico, nos referimos a que está fuera de lugar en el tiempo. Es propio de una época donde el verticalismo podía imponerse sin consecuencias. Hoy, como advierte Manuel Castells, vivimos en una sociedad más crítica, más informada y con mayor capacidad de organización colectiva, que ya no acepta decisiones impuestas desde arriba ni la exclusión sistemática de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
El problema que enfrentamos no es coyuntural ni ideológico. Por tercer año consecutivo, Panamá atraviesa crisis profundas que el actual gobierno intenta gestionar con mano dura, apelando a la imposición en lugar del consenso. La negativa constante al diálogo no es firmeza, es una forma anacrónica de gobierno basada en la imposición y la negativa al diálogo. Frente a la reforma de la Caja de Seguro Social, una mayoría social ha comprendido que lo que está en juego es una reducción sustancial en sus futuras jubilaciones. Para quienes menos ganan, la situación es aún más crítica.
De gobernabilidad a la gobernanza Durante años, se entendió la gobernabilidad como la capacidad del Estado para mantener el orden a toda costa, incluso mediante el uso de la violencia. Sin embargo, hoy se impone una visión más avanzada: la gobernanza, entendida como una forma de ejercer el poder que se legitima a través del diálogo democrático, la construcción de consensos y la garantía de la paz social. La ciudadanía exige ser escuchada, especialmente en contextos donde sus derechos están en riesgo.
El doble discurso: reglamentación selectiva y una historia de represión no resuelta
En Bocas del Toro, el Gobierno nacional anunció que no derogará la Ley 462, pero propone reglamentarla exclusivamente en lo concerniente a los trabajadores bananeros. Esta maniobra, lejos de ser una apertura auténtica al diálogo, evidencia una estrategia de contención localizada, mientras se mantiene cerrada toda posibilidad de una concertación nacional amplia.
El problema es aún más grave si recordamos que fue precisamente en esa región donde, en julio de 2010, bajo la gestión de José Raúl Mulino como ministro de Gobierno, una huelga liderada por el sindicato Sitraibana terminó con al menos dos muertos y más de 200 heridos, muchos con lesiones oculares irreversibles. El conflicto de entonces, generado por la llamada “Ley Chorizo”, guarda similitudes estructurales con el de hoy: decisiones impuestas desde el poder central sin diálogo previo, que terminan violentando derechos laborales y sociales.
La propuesta de reglamentación parcial es, en este contexto, una forma de reconocer que la ley de reforma a la CSS contiene errores, pero sin asumir responsabilidad política ni voluntad real de corregirlos de forma inclusiva. Es un diálogo a conveniencia, ofrecido sólo cuando la presión social es suficientemente intensa, y negado sistemáticamente al resto del país.
Una forma de gobierno ilegítima en su desempeño La ciudadanía ha hecho los cálculos y, más allá del tecnicismo, hay un hecho claro: la reforma implica una disminución en la pensión futura para quienes más la necesitan. En un país donde el 70 % gana menos de mil dólares y apenas un 2.9 % supera los tres mil, cualquier medida que no garantice justicia social se percibe como un golpe directo al bolsillo y a la dignidad de los panameños.
¿A quiénes afectan las reformas y por qué hay apoyo a las protestas?
Una narrativa repetida por voceros y medios cercanos al poder intenta reducir esta protesta a un pequeño grupo sindical. Nada más alejado de la verdad. Lo que está en riesgo no es solo un tema laboral, sino el futuro económico y social de miles de familias panameñas. La reforma a la CSS nos afecta a todos. No se trata de una lucha sectorial, sino de una causa nacional que cruza clases sociales y generaciones.
La herencia de la ‘mano dura’: de Martinelli a Mulino
El concepto de “mano dura” no es nuevo en Panamá. Ha sido un símbolo recurrente de autoridad vertical, ejecutiva y sin negociación, promovido explícitamente desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Hoy, su entonces ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, encarna esa misma fórmula con el mismo libreto y el mismo estilo.
Martinelli y Mulino comparten una visión de poder que apuesta por el control absoluto del aparato estatal, relegando la deliberación y el consenso a un segundo plano. La diferencia es que, mientras Martinelli emergió en un contexto económico más estable y con mayor margen político, Mulino enfrenta una sociedad distinta, más crítica, más informada, más movilizada y menos dispuesta a tolerar decisiones unilaterales.
Insistir en gobernar con mano dura en este nuevo contexto no es fortaleza, es desconexión con la realidad. Es repetir recetas autoritarias en una época que exige corresponsabilidad, transparencia y voluntad de diálogo.
El concepto de ‘mano dura’ no es nuevo en Panamá. Ha sido un símbolo recurrente de autoridad vertical, ejecutiva y sin negociación, promovido explícitamente desde el gobierno de Ricardo Martinelli”. Por tercer año consecutivo, Panamá atraviesa crisis profundas que el actual gobierno intenta gestionar con mano dura, apelando a la imposición en lugar del consenso”. El presidente José Raúl Mulino insiste en fundar su gestión en ese modelo, respaldado por un estrecho círculo empresarial con el que mantiene reuniones periódicas”.
En 2025, hablar de “mano dura” como forma de gobierno no solo es anacrónico, sino peligroso. El presidente José Raúl Mulino insiste en fundar su gestión en ese modelo, respaldado por un estrecho círculo empresarial con el que mantiene reuniones periódicas, mientras niega cualquier apertura al diálogo con otros sectores sociales. Es una forma autoritaria de ejercer el poder, incompatible con una sociedad democrática moderna.
Cuando decimos que este modelo es anacrónico, nos referimos a que está fuera de lugar en el tiempo. Es propio de una época donde el verticalismo podía imponerse sin consecuencias. Hoy, como advierte Manuel Castells, vivimos en una sociedad más crítica, más informada y con mayor capacidad de organización colectiva, que ya no acepta decisiones impuestas desde arriba ni la exclusión sistemática de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.
El problema que enfrentamos no es coyuntural ni ideológico. Por tercer año consecutivo, Panamá atraviesa crisis profundas que el actual gobierno intenta gestionar con mano dura, apelando a la imposición en lugar del consenso. La negativa constante al diálogo no es firmeza, es una forma anacrónica de gobierno basada en la imposición y la negativa al diálogo. Frente a la reforma de la Caja de Seguro Social, una mayoría social ha comprendido que lo que está en juego es una reducción sustancial en sus futuras jubilaciones. Para quienes menos ganan, la situación es aún más crítica.
Durante años, se entendió la gobernabilidad como la capacidad del Estado para mantener el orden a toda costa, incluso mediante el uso de la violencia. Sin embargo, hoy se impone una visión más avanzada: la gobernanza, entendida como una forma de ejercer el poder que se legitima a través del diálogo democrático, la construcción de consensos y la garantía de la paz social. La ciudadanía exige ser escuchada, especialmente en contextos donde sus derechos están en riesgo.
El doble discurso: reglamentación selectiva y una historia de represión no resuelta
En Bocas del Toro, el Gobierno nacional anunció que no derogará la Ley 462, pero propone reglamentarla exclusivamente en lo concerniente a los trabajadores bananeros. Esta maniobra, lejos de ser una apertura auténtica al diálogo, evidencia una estrategia de contención localizada, mientras se mantiene cerrada toda posibilidad de una concertación nacional amplia.
El problema es aún más grave si recordamos que fue precisamente en esa región donde, en julio de 2010, bajo la gestión de José Raúl Mulino como ministro de Gobierno, una huelga liderada por el sindicato Sitraibana terminó con al menos dos muertos y más de 200 heridos, muchos con lesiones oculares irreversibles. El conflicto de entonces, generado por la llamada “Ley Chorizo”, guarda similitudes estructurales con el de hoy: decisiones impuestas desde el poder central sin diálogo previo, que terminan violentando derechos laborales y sociales.
La propuesta de reglamentación parcial es, en este contexto, una forma de reconocer que la ley de reforma a la CSS contiene errores, pero sin asumir responsabilidad política ni voluntad real de corregirlos de forma inclusiva. Es un diálogo a conveniencia, ofrecido sólo cuando la presión social es suficientemente intensa, y negado sistemáticamente al resto del país.
La ciudadanía ha hecho los cálculos y, más allá del tecnicismo, hay un hecho claro: la reforma implica una disminución en la pensión futura para quienes más la necesitan. En un país donde el 70 % gana menos de mil dólares y apenas un 2.9 % supera los tres mil, cualquier medida que no garantice justicia social se percibe como un golpe directo al bolsillo y a la dignidad de los panameños.
¿A quiénes afectan las reformas y por qué hay apoyo a las protestas?
Una narrativa repetida por voceros y medios cercanos al poder intenta reducir esta protesta a un pequeño grupo sindical. Nada más alejado de la verdad. Lo que está en riesgo no es solo un tema laboral, sino el futuro económico y social de miles de familias panameñas. La reforma a la CSS nos afecta a todos. No se trata de una lucha sectorial, sino de una causa nacional que cruza clases sociales y generaciones.
La herencia de la ‘mano dura’: de Martinelli a Mulino
El concepto de “mano dura” no es nuevo en Panamá. Ha sido un símbolo recurrente de autoridad vertical, ejecutiva y sin negociación, promovido explícitamente desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Hoy, su entonces ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, encarna esa misma fórmula con el mismo libreto y el mismo estilo.
Martinelli y Mulino comparten una visión de poder que apuesta por el control absoluto del aparato estatal, relegando la deliberación y el consenso a un segundo plano. La diferencia es que, mientras Martinelli emergió en un contexto económico más estable y con mayor margen político, Mulino enfrenta una sociedad distinta, más crítica, más informada, más movilizada y menos dispuesta a tolerar decisiones unilaterales.
Insistir en gobernar con mano dura en este nuevo contexto no es fortaleza, es desconexión con la realidad. Es repetir recetas autoritarias en una época que exige corresponsabilidad, transparencia y voluntad de diálogo.