Mulino pone la Constituyente en el centro del debate político

El anuncio del presidente José Raúl Mulino de impulsar una Asamblea Constituyente en 2027 abre uno de los debates políticos más importantes de su administración: cómo reformar la Constitución sin que el proceso termine bajo el control de los mismos actores y estructuras que cuestionan el sistema institucional vigente.

Mulino hizo el anuncio durante su intervención en la cena anual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde planteó una transformación profunda del Estado.

“En 2027 tendremos una constituyente”, afirmó el mandatario ante empresarios y representantes de distintos sectores del país.

El presidente presentó el proceso como una de las principales tareas de su gobierno y aseguró que la reforma debe construirse con una participación amplia y democrática.

“El año 2027 será un año interesante por todas las cosas que todavía me faltan en agenda a hacer y las decisiones que tengo que terminar de tomar con el ánimo, por un lado, terminar de enrumbar esta economía de manera seria, responsable, sobre todo en el aspecto fiscal, pero también en la transformación institucional del Estado a través de una constituyente que es una constituyente profunda y si se logra con éxito el legado más grande de mi gobierno haber reformado al Estado dentro de una participación amplia, democrática, de todos los sectores como pasó en este país en 1945”, dijo.

Mulino también buscó despejar los temores sobre el alcance político de la iniciativa.

“No le tengan miedo, que no será un acto político para disolver ningún poder del Estado, ni para yo poder reelegirme, ni nada que se parezca, absolutamente”, afirmó.

Sin embargo, el anuncio deja abiertas preguntas fundamentales sobre el proceso: cómo se convocará la Constituyente, cómo se elegirán sus integrantes y qué sectores estarán representados.

La legitimidad estará en el mecanismo

Para el analista político José Eugenio Stoute, Panamá necesita una nueva Constitución, pero el proceso debe ser originario y no depender de la actual Asamblea Nacional.

“Evidentemente Panamá requiere de una nueva Constitución, la cual debe ser necesariamente originaria, puesto que hay que eludir la denominada ‘paralela’, pues de ella no podría obtenerse nada positivo si saliera de la actual Asamblea Nacional”, sostuvo.

Stoute considera que la participación ciudadana será la condición fundamental para la legitimidad del proceso.

“La condición ineludible de la misma es la participación de los más amplios sectores de la ciudadanía”, afirmó.

El analista advierte que una Constituyente con una representación limitada podría terminar produciendo una Constitución que no responda a un consenso democrático.

“Debe dar por resultado una Constituyente ampliamente democrática, pues se corre el peligro, si no fuese así, de que se nos imponga una Constitución antidemocrática”, señaló.

Desde el Colegio Nacional de Abogados de Panamá, su presidenta, Maritza Cedeño, expresó respaldo a la posibilidad de una Constituyente, aunque también puso el foco en el mecanismo para elegir a sus integrantes.

“El Colegio de Abogados está de acuerdo con una Constituyente. Lo que hay que evaluar es el mecanismo de escoger a los miembros. Estaremos atentos a las decisiones del Ejecutivo”, dijo.

Para Cedeño, la representación de los distintos sectores sociales será fundamental.

“Lo importante es que todos los sectores de la sociedad estén representados”, afirmó.

Un proceso todavía en construcción

Mientras el presidente coloca la Constituyente en el centro de la agenda política, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC) desarrolla un proceso de alfabetización constitucional y recoge propuestas ciudadanas sobre una eventual nueva Carta Magna.

El coordinador ejecutivo de la Secretaría, Miguel Antonio Bernal, ha informado que el proceso incluye jornadas, seminarios, charlas, talleres y cabildos en distintos puntos del país.

Entre los temas que aparecen en el borrador elaborado con aportes ciudadanos figuran cambios en áreas como el agua, la educación y la salud, además de propuestas sobre la reelección inmediata de funcionarios.