¿Obras públicas abandonadas? Proyecto de ley propone hasta 8 años de cárcel
- 23/03/2026 16:38
Los diputados enfatizaron que las obras públicas deben considerarse como política de Estado, más allá de partidos o administraciones
La subcomisión presidida por el diputado José Pérez Barboni aprobó remitir un informe a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en relación con el proyecto de ley 276, que adiciona disposiciones al Código Penal sobre la paralización y deterioro de obras públicas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, propone penas de tres a ocho años de prisión para el servidor público que, teniendo a su disposición los recursos económicos para ejecutar una obra licitada, permita su retiro significativo, abandono o destrucción.
Según el proyecto, la sanción será de tres a cinco años cuando el daño económico oscile entre $20,000.00 y $500,000.00. En los casos en que el perjuicio supere los $500,000.00, la pena se incrementará a cuatro a ocho años de prisión.
El diputado Pérez Barboni recordó que en administraciones pasadas se han registrado múltiples casos de obras públicas abandonadas, como hospitales, carreteras, centros de atención infantil (Caipis) y proyectos deportivos, con pérdidas millonarias.
“El problema es que esto es dinero de todos los panameños y estos hechos caen después en casos de peculado o malversación de fondos, que no se llevan con claridad”, señaló.
La subcomisión debatió si las modificaciones deben incorporarse en el artículo 350 del Código Penal y analizó las recomendaciones de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. Tras la discusión, se votó a favor de enviar el informe a primer debate, con el fin de que el diputado Cedeño acoja las observaciones planteadas.
Pérez Barboni enfatizó que las obras públicas deben considerarse como política de Estado, más allá de partidos o administraciones.
“De nada sirve iniciar proyectos que después el siguiente administrador decida paralizar por celos políticos. Tenemos que empezar a penalizar esto, para que haya consecuencias claras para quienes, por politiquería, abandonan las obras”, concluyó.