Procurador: caso Odebrecht entra en su fase decisiva con 32 imputados y más de 85 millones recuperados

El caso Odebrecht, el mayor expediente de corrupción en la historia judicial de Panamá, entra en su fase más crítica. Con más de 3,000 tomos, 32 imputados, 15 condenados y más de 85 millones de dólares recuperados, el Ministerio Público afirma que el proceso está listo para ser juzgado en su fondo. Así lo explicó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, en una amplia entrevista en la que detalló el estado real del proceso, los obstáculos enfrentados, la cooperación internacional y el alcance de las responsabilidades penales.

Ante los recientes movimientos dentro del Ministerio Público, el procurador confirmó que el caso Odebrecht no ha sufrido alteraciones en su conducción:

“En cuanto al equipo fiscal del caso Odebrecht, se mantiene el mismo equipo. Esto obedece que estamos hablando de un expediente que consta actualmente 2,973 tomos y estimamos que con presentación de pruebas extraordinarias y demás, pueda subir al orden de más de 3, 000 tomos.”

Gómez enfatizó que los fiscales siguen dedicados de manera exclusiva a este expediente, pese a los cambios administrativos en la institución.

El procurador precisó que el caso ya ha generado una recuperación sustancial de recursos vinculados al esquema de corrupción de la constructora brasileña:

“En cuanto a dinero recuperado, el total de dinero recuperado hasta ahora es de 85.3 millones, esto corresponde a 10.6 millones producto de la devolución de acuerdos de pena y 74.7 producto del abono a la multa impuesta a la empresa.”

Además, se mantienen incautaciones de bienes y fondos en Panamá y en el extranjero:

“Medidas cautelares reales, incautación de bienes muebles e inmuebles con un valor global de 15.3 millones de dólares, además sumas de dinero por la cantidad de 21.3 millones de dólares en Panamá y con respecto a otras jurisdicciones de naturaleza extranjera la suma de 42.8 millones.”

Uno de los factores que más ha marcado el ritmo del caso ha sido su dimensión internacional. El Ministerio Público ha requerido cooperación a múltiples países:

“Dentro del expediente se gestionaron 146 asistencias jurídicas internacionales a diferentes jurisdicciones como Estados Unidos de América, las Vírgenes Británicas, Bahamas, Antigua y Barbuda, Confederación Suiza, Reino de España, Reino de Unido, entre otros.”

Sin embargo, algunas jurisdicciones no han respondido:

“El retorno a algunas asistencias judiciales internacionales diligenciadas de jurisdicciones como Hong Kong, Singapur, China e Islas Seychelles.”

El Tribunal de la Causa ha llamado a juicio a 32 personas, incluyendo figuras de alto nivel del Estado:

“Entre los llamamientos a juicio están 10 exfuncionarios públicos que abarcan a dos expresidentes de la República, cinco exministros, dos exdirectores nacionales de entidades públicas y un exdiputado de la República.”

No obstante, algunos imputados tienen fuero especial por el Parlacen:

“Un expresidente de la República, dos hijos de un expresidente, y un ex ministro del Ministerio de Obras Públicas se encuentran bajo el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia por ser diputados del Parlacén.”

Sobre el expresidente Ricardo Martinelli, actualmente en Colombia bajo condición de refugiado político, el procurador fue claro:

“La República de Colombia ya informó que fue debidamente notificado para el desarrollo de la audiencia y es bien entender que el tribunal facilitó un link para que pueda conectarse videoconferencia y participar de la misma y ejercer el desarrollo de y participación dentro de la audiencia como cualquier otro imputado.”

Aunque la corrupción fue parte de las imputaciones originales, ese delito ya prescribió. Sin embargo, sigue siendo clave dentro del proceso:

“El delito de corrupción ya ha sido declarado prescrito por parte del tribunal, sin embargo, por su característica puede ser considerado como delito precedente para el delito de blanqueo de capitales.”

El MP sostiene ahora su acusación sobre ese delito, que contempla penas de prisión significativas:

“Es un delito que establece pena de prisión de 5 a 12 años.”

Gómez defendió la duración del expediente por su magnitud:

“Es quizás la investigación más voluminosa posible de la era republicana... por la cantidad de indiciados y ahora imputados, pues genera actividad defensiva recurrente.”

A ello se suma el análisis de información financiera internacional:

“La mayoría de naturaleza financiera que requiere también el levantamiento de los respectivos informes y los estudios especializados en esta temática de trazabilidad.”

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio:

“Estamos dentro de lo que llamamos fase plenaria... ya se dictó un llamamiento a juicio... luego de las prácticas de pruebas... corresponderá entonces la fase de alegaciones... y el tribunal entraría entonces en estado de decidir para dictar su sentencia.”

El procurador subrayó que el proceso ya ha producido resultados concretos:

“Dentro de este proceso se logró homologar nueve acuerdos de colaboración eficaz, 15 acuerdos de penas, es decir, sentencias que ya se encuentran en firme ejecutividad, es decir, 15 personas condenadas.”

Según Gómez, no:

“El auto de llamamiento a juicio interrumpe la prescripción y vuelve a correr nuevamente... el máximo de la pena de blanqueo es de 12 años... estimo que todavía estamos en un periodo cónsono, holgado, para no enfrentar el tema de prescripción.”

Para el procurador, Odebrecht dejó una radiografía cruda del Estado:

“Es un caso que evidencia los niveles altos de corrupción, que existe una transnacionalidad en estos tipos de delitos y que está trabajando en modalidad de delincuencia organizada.”

Y dejó una lección normativa:

“Tan agresiva sea la criminalidad, de esta manera deben ser las herramientas de combate.”