Propuesta de proteger denunciantes por lesión al Estado avanza en la Asamblea

Con el voto en contra del diputado Luis Eduardo Camacho, dos abstenciones y cinco a favor, la Comisión de Gobierno prohijó el anteproyecto de ley que busca proteger a funcionarios, particulares, así como a sus familiares que denuncian faltas administrativas que involucran una lesión patrimonial al Estado.

“Cualquier persona que denuncie, informe o preste declaración sobre faltas administrativas que afecten el patrimonio del Estado tendrá derecho a solicitar que se le apliquen las medidas de protección del denunciante dispuestas en la presente ley”, señala la iniciativa que impulsa el diputado Lenín Ulate con el respaldo de otros 16 diputados, en su mayoría de la bancada Vamos.

La propuesta, que ahora pasa para su discusión en primer debate, establece que la protección no solo sería para los servidores públicos y particulares, sino que se extiende al cónyuge o pareja en unión consensual, así como a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien denuncie o sea testigo.

“En el caso de los servidores públicos, estos deberán ser informados, al momento de su ingreso a la institución, sobre el deber de denunciar faltas administrativas que afecten el patrimonio del Estado, los mecanismos disponibles para realizar las denuncias y las medidas de protección que ofrece la autoridad”, señala la propuesta.

La autoridad competente implementará medidas administrativas que aseguren el acceso fácil, seguro y confidencial a los canales de denuncia, incluyendo, al menos, la creación de una cuenta de correo electrónico institucional exclusiva para la recepción de denuncias, así como la habilitación de formularios electrónicos y físicos accesibles que contengan, como mínimo, información relativa a: nombre, número de identidad personal, domicilio, número de teléfono donde pueda ser localizado y correo electrónico del denunciante o testigo.

Además, se contempla la implementación de protocolos de atención que garanticen la confidencialidad de la información recibida.

“La autoridad competente aplicará, modificará, prorrogará o dejará sin efecto las medidas de protección dictadas a favor de las personas protegidas por la presente ley, durante cualquier etapa del proceso, a solicitud del propio interesado o cuando se produzcan nuevos hechos que así lo ameriten”, señala la propuesta.

Entre las medidas de protección que establece la iniciativa está la reserva de la identidad del denunciante o testigo en todas las diligencias que requieran su participación, para lo cual se le asignará un código único para el seguimiento de casos y se mantendrá un registro interno bajo estricta confidencialidad.

También se mantendrá reserva acerca del domicilio, profesión, oficio, lugar de trabajo, así como de cualquier dato que identifique o haga identificable al denunciante o testigo.

“La persona protegida tendrá derecho a requerir medidas de protección contra actos de acoso o cualquier otro tipo de afectación formal o informal análoga a las mencionadas anteriormente. La autoridad competente tendrá el deber de instrumentar medidas de protección de carácter administrativo, tendientes a garantizar la vigencia de los derechos laborales de las personas protegidas, tanto en el ámbito del sector público como del sector privado”, señala el documento.

El diputado Ulate sustentó la propuesta, entre otros aspectos, en que denunciar actos de corrupción “no es tarea fácil” y que son pocos los ciudadanos que se encuentran cívicamente comprometidos con este deber debido a las consecuencias que podría acarrear, las cuales pueden ir desde la pérdida del puesto de trabajo e ingresos hasta la merma de la salud, pasando por las presiones y el descrédito social y, en los casos más extremos, la violencia física o incluso la pérdida de la vida.

Las diputadas Shirley Castañedas y Sara Magallón, diputada suplente de Jairo Salazar, se abstuvieron de votar para prohijar la iniciativa.