Proyecto de ley para conocer a contratantes del Estado no supera el primer debate

Cuatro diputados de la comisión dieron el visto bueno al avance del proyecto de ley, pero no logró avanzar.
  • 12/02/2026 00:00

El proyecto obligaba a los contratistas a publicar la lista de sus beneficiarios finales en el portal oficial

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional rechazó ayer en primer debate el proyecto de ley 479, propuesta por la diputada Janine Prado (Vamos), que buscaba hacer pública las personas naturales detrás de las empresas que contratan con el Estado.

La votación de la normativa que modificaría la ley de contrataciones públicas dejó un resultado de cuatro votos a favor y tres abstenciones, mientras se necesitaban al menos cinco votos a favor para que el proyecto pasara al segundo debate.

Respaldaron la iniciativa los diputados Luis Duke, Rosalía Elías (suplente de Roberto Archibold), Lydia Caballero (suplente de Eduardo Gaitán) y Alexander Moreno (suplente de Ariana Coba). Se abstuvieron Raúl Pineda, Cohen y Kathia Domínguez, suplente de Mosquera.

El proyecto disponía que toda persona jurídica seleccionada como contratista debería remitir a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), desde el momento de su selección, la lista íntegra de todas las personas naturales que sean sus beneficiarios finales, para que esta sea publicada en el portal oficial. También obliga a reportar oportunamente cualquier cambio en esa información.

Además, planteaba que ninguna entidad estatal podrá desembolsar fondos públicos a contratistas que incumplan con esta condición y que las sociedades anónimas que contraten con el Estado deberán tener acciones nominativas.

En los casos en que no sea posible identificar a los beneficiarios finales mediante la participación accionaria, como en fideicomisos, fundaciones de interés privado u organizaciones sin fines de lucro, se exigirá una declaración jurada notariada detallando dicha información.

El proyecto fue prohijado el 15 de octubre pasado y surgió tras una investigación periodística de La Estrella de Panamá, que reveló que la DGCP restringió el acceso a la información sobre los proponentes del Hospital de Mascotas, una obra valorada en $14 millones.