¿Reciclaje de botellas?, dudas y críticas sobre traslados en Oficinas de Participación Ciudadana

Acusaciones del uso de recursos de la Asamblea Nacional como “feudos políticos” y las criticas a las promesas aún incumplidas sobre una reducción de planillas en la institución, toman fuerza, luego de que se conociera de la reubicación de funcionarios de las Oficinas de Participación Ciudadana a la sede central del Legislativo.

Desde inicios de agosto, la Asamblea decidió revisar el funcionamiento de estos despachos, que se encuentran en el ojo de la tormenta por la opacidad con su manejo y la posible existencia de planillas con “botellas”, es decir, personal devengando salario sin trabajar.

“¿Cuántos proyectos se han aprobado de ahí? ¿Cuántas son las iniciativas que han tenido? Hay una provincia que tiene 53 empleados, 47 en carrera legislativa, y otros con leyes especiales. ¿Cuál es la productividad de esto?”, reconoció a inicios de este mes el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Sin embargo, aún no está claro cuál va a ser el destino de los funcionarios allí, al tiempo que surgen cuestionamientos sobre un posible proceso de “reciclaje de botellas” al interno del hemiciclo.

Estas oficinas se encuentran esparcidas en distintos puntos del país. Propuesta como un espacio para vincular la labor legislativa con las comunidades, en la práctica ha generado serias dudas sobre su utilidad, con contrataciones de personal sin funciones claras e inclusive cuestionadas por su uso clientelar por parte de algunos diputados.

La Estrella de Panamá conoció que la entidad estaría adelantando conversaciones para ubicar a algunos de estos funcionarios en las distintas Comisiones permanentes de la Asamblea; en particular para el personal de carrera legislativa, que cuentan con una normativa especial y, por tanto, no puede ser despedido por el simple hecho de que se cierre una oficina.

Karina Cornell, representante de la Asociación de Servidores de la Carrera Legislativa de la Asamblea, confirmó que estos traslados a la sede central se están gestionando. Pidió que se respeten los derechos de los trabajadores y no se vulneren sus prerrogativas.

Para el diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de la Colación Vamos, deben cerrarse estas oficinas, a la que califica de “feudos políticos”.

“No podemos patrocinar esto más. Entiendo que están haciendo los traslados, porque muchos son de carrera legislativa, que de alguna manera los blinda y no pueden ser destituidos. No puede ser que se tenga a gente que no está trabajando y cobrando sin más”, señaló Zúñiga, quien considera que deben revisarse las leyes especiales del personal de la Asamblea, para evitar abusos.

“Nosotros no vamos a aceptar ninguna de estas oficinas de participación ciudadana, eso son un feudo de exdiptuados y diputados vigentes, donde hay botellas. Como es posible que en Veraguas hay oficinas con 50 funcionarios sin ningún resultado, yo quiero saber cuantos proyectos de participación ciudadana hemos recibido de allá. ¿Qué hacen esas personas? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Esos despachos son una caja de pandora”, dijo.

El contacto con la comunidad, tampoco sería un argumento para justificar la existencia de las oficinas, a juicio de Zúñiga. “Los diputados hacemos recorridos en nuestras comunidades, precisamente para poder escuchar de viva voz lo que la gente demanda. Simplemente, no tiene razón de ser”, recalcó.

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca) y presidente de la Comisión de Comercio, indicó a este medio que, aunque se han escuchado rumores sobre solicitudes para “adopta funcionarios” de las oficinas regionales, él no ha recibido ninguna propuesta. Coincide en que el cierre de estas oficinas por considerarlas “onerosas” e “improductivas”

“Con las actuales herramientas de la tecnología y la comunicación, esos despachos pierden sentido. Podemos mejorar la participación ciudadana por esa vía, pero tener personal para eso no tiene sustento”, acotó.