Reconfiguración de circuitos enfrenta cuestionamientos en la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional permanece en sesión permanente para discutir el proyecto de Ley 700, que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales del país.

Durante el debate, los diputados centraron sus intervenciones en el proceso utilizado para elaborar la propuesta, la consulta a los partidos políticos y el sustento técnico y jurídico de los cambios. La discusión ocurre antes de que el pleno entre a resolver las propuestas de modificación presentadas durante la sesión.

Uno de los principales cuestionamientos surgió del diputado Ernesto Cedeño, quien puso en duda el cumplimiento del proceso de consulta a los partidos políticos. Cedeño sostuvo que, según su interpretación de la Constitución, el Tribunal Electoral debía consultar a las organizaciones políticas sobre los cambios estructurales en los circuitos.

El diputado pidió a los magistrados del Tribunal Electoral que presentaran los documentos que, según planteó, debían demostrar que todos los cambios fueron comunicados y consultados con los partidos políticos. Su cuestionamiento incluyó de manera particular la reconfiguración planteada para la provincia de Chiriquí.

Cedeño aclaró que, a su juicio, la consulta no significa que el Tribunal Electoral deba acatar las posiciones de los partidos políticos. Su planteamiento se centra en que las organizaciones sean escuchadas antes de que la propuesta llegue a la Asamblea Nacional.

La diputada de libre postulación Jannine Prado también planteó dudas sobre el proceso, aunque aclaró que su intervención no buscaba impedir la reconfiguración de los circuitos electorales.

Prado consideró necesario realizar los cambios, pero pidió conocer el sustento técnico y jurídico que llevó al Tribunal Electoral a definir cuáles circuitos serían modificados.

La diputada puso énfasis en el impacto que cada modificación puede tener sobre las comunidades.

“Detrás de cada uno de estos números hay comunidades, hay personas, hay nuestros pueblos indígenas”, expresó durante el debate.

Prado también pidió documentación que permita comprobar si las comunidades y sectores involucrados recibieron la consulta correspondiente. Entre los puntos que mencionó está uno de los circuitos que afecta a la comarca Ngäbe-Buglé.

Su planteamiento apunta a que la discusión no se limite a la cantidad de diputados que tendrá cada circuito, sino que también considere la realidad territorial y las comunidades que quedarán dentro de cada nueva delimitación

El diputado Luis Eduardo Camacho defendió el procedimiento seguido para elaborar el proyecto y sostuvo que las consultas se realizaron. Según su exposición, el Tribunal Electoral elaboró la propuesta y correspondía a la Asamblea Nacional discutirla y tomar una decisión.

Camacho también reconoció durante su intervención que la propuesta original tiene efectos sobre su propio circuito electoral. El diputado de San Miguelito señaló que el planteamiento le quita una curul a su circuito, pero sostuvo que el interés colectivo debe prevalecer sobre el interés personal.

En su argumentación, Camacho sostuvo que la discusión parlamentaria tiene un componente político, pero rechazó que las reformas busquen favorecer a un partido político en particular.

La discusión deja sobre la mesa tres asuntos principales: el cumplimiento de la consulta previa a los partidos políticos, el sustento técnico y jurídico de la nueva distribución y el impacto que los cambios pueden tener sobre los territorios y la representación política.

Mientras continúa la sesión permanente, el pleno debe avanzar en el análisis del Proyecto de Ley 700 y de las modificaciones planteadas por los diputados. El detalle de esas propuestas, que incluye cambios en Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, forma parte de una discusión distinta dentro del trámite legislativo.