Reforma avanza, pero descuentos a diputados se estanca

La discusión sobre los descuentos salariales por inasistencia volvió a evidenciar las fracturas internas en la Asamblea Nacional.

La propuesta para modificar el artículo 86 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, relacionada con las sanciones económicas por falta de quórum, fue retirada en la Comisión de Credenciales ante la falta de consenso entre diputados de partidos políticos y de libre postulación.

El artículo 86 de la Ley 49 de 1984 establece actualmente que, cuando el pleno no pueda sesionar por falta de quórum, se aplicará a los diputados principales ausentes injustificadamente “el descuento proporcional de sus emolumentos que corresponda a un día de labores”. La norma es clara: la sanción equivale a un día de salario y está fijada expresamente en el reglamento.

La propuesta en discusión no eliminaba el castigo económico, pero sí cambiaba su mecanismo. El nuevo texto suprimía la referencia específica al descuento equivalente a un día de labores y señalaba que “el descuento de sus emolumentos se reglamentará a través de la Junta Directiva”. En la práctica, esto implicaba que el monto o la forma de aplicar la sanción dejarían de estar definidos directamente en la norma y pasarían a depender de una reglamentación posterior adoptada por la directiva del Legislativo.

Fue en ese punto donde surgió el conflicto. Mientras algunos diputados de bancadas partidarias defendían la modificación bajo el argumento de que permitiría ordenar y precisar el procedimiento mediante reglamentación interna, legisladores de libre postulación insistían en mantener la redacción vigente, con un descuento automático y claramente establecido, para evitar márgenes de discrecionalidad.}Las posiciones no lograron acercarse. Para un sector, trasladar la definición del descuento a la Junta Directiva abría la puerta a interpretaciones flexibles o decisiones políticas sobre su aplicación. Para otro, mantener la fórmula rígida actual impedía ajustar el mecanismo a nuevas realidades operativas. Sin acuerdo, la propuesta fue retirada del debate en esta etapa del primer debate.

El tema de los descuentos por inasistencia se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del paquete de reformas al reglamento interno. Más allá de la modificación puntual al artículo 86, se han presentado diversas iniciativas que buscan reforzar el control sobre la asistencia y el cumplimiento de la jornada legislativa.

Algunas propuestas plantean ampliar las sanciones para que no solo se apliquen cuando no haya quórum, sino también a los diputados que marquen asistencia y se retiren antes de que concluya la sesión plenaria. Otras impulsan esquemas de multas progresivas en casos de reincidencia, con sanciones que podrían equivaler a uno o incluso dos meses de salario ante incumplimientos reiterados.

También se han presentado planteamientos para que el descuento sea obligatorio y automático cada vez que no se alcance el quórum por ausencia injustificada, con el objetivo de eliminar cualquier margen de discrecionalidad en su aplicación.

Más allá del capítulo disciplinario, la sesión avanzó en un paquete de medidas orientadas a la digitalización y transparencia del trabajo legislativo.

En los artículos 140 y 163 se aprobó que la Secretaría General entregue proyectos de ley, informes y demás documentos en formato electrónico para el estudio de los diputados, reduciendo el uso de papel. Asimismo, se estableció la obligación de publicar en el sitio web de la Asamblea Nacional los textos aprobados e informes, en algunos casos dentro de un plazo de hasta 72 horas después de su devolución al pleno, con el fin de facilitar el seguimiento ciudadano.

En materia procedimental, se introdujo el artículo 146A, que permite que un proyecto que ya esté en segundo debate pueda regresar a primer debate si el pleno considera necesario ampliar las consultas o profundizar la discusión.

También se aprobó una disposición para garantizar inclusión, estableciendo que los diputados con discapacidad auditiva deberán contar con asistencia especializada durante el uso de la palabra, a fin de asegurar su participación plena en el debate.

No todas las propuestas lograron respaldo. Fue rechazada una iniciativa para aumentar los tiempos de sustentación de los informes de mayoría y minoría de 30 a 60 minutos, bajo el argumento de preservar la agilidad del debate. Tampoco avanzó una propuesta sobre la fusión de proyectos (artículo 137), ni una modificación al artículo 148 que pretendía definir con mayor precisión el concepto de “materia extraña”, al considerarse que la redacción era demasiado amplia y subjetiva.

Asimismo, se rechazó flexibilizar la omisión de lectura de documentos extensos si no se garantizaba su entrega electrónica con al menos dos horas de anticipación.

En conjunto, la sesión reflejó una doble dinámica: por un lado, acuerdos amplios para modernizar la gestión legislativa mediante herramientas digitales y reglas más claras de procedimiento; por otro, profundas diferencias cuando se trata de establecer o redefinir sanciones económicas a los propios diputados.

El alcance y la forma de los descuentos salariales por inasistencia continúan siendo el punto más delicado del paquete de reformas.

Al cierre de esta nota, las modificaciones al reglamento interno seguían en discusión dentro del primer debate en la Comisión de Credenciales.