Reforma electoral queda en pausa; Robinson propone eliminar el subsidio electoral

La Asamblea Nacional puso en pausa las reformas electorales. El proyecto de ley 699, que debía iniciar su segundo debate el lunes 19 de octubre, sigue en la agenda legislativa, en la posición 174, sin que el pleno entrara a discutir su contenido.

La decisión deja la iniciativa contra el reloj. A la Asamblea le quedan seis sesiones antes del cierre del periodo ordinario, previsto para el 30 de octubre. Si los diputados no retoman el debate en ese plazo, la discusión quedará para enero de 2027.

La pausa ocurre en medio de diferencias políticas sobre la conveniencia de discutir las reformas en ese momento y de reclamos por la atención a las personas afectadas por el terremoto. Durante la sesión de ayer, el diputado Benicio Robinson cuestionó que se mantuviera la discusión política mientras, según señaló, todavía faltaban respuestas para las familias damnificadas.

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) pidió que la Asamblea acuerde una ley para suspender temporalmente los préstamos y otras obligaciones de quienes sufrieron daños por el sismo, en una medida similar a las adoptadas durante la pandemia.

“¿Y si no se discute el proyecto de reforma ahora, ¿cuándo se discute?”, planteó Robinson durante su intervención, en la que también defendió su compromiso de presentar una propuesta para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.

Robinson anunció que la mayoría de su bancada firmó una propuesta para eliminar la sección de financiamiento público del Código Electoral, que comprende los artículos 203 al 230. La iniciativa busca suprimir los recursos estatales que reciben los partidos políticos, sin excepciones.

“Todo lo que es el financiamiento público, este servidor, que está aquí, presidente de un partido, está pidiendo que se elimine”, afirmó.

El diputado también solicitó al contralor general de la República una auditoría forense sobre los fondos públicos que recibieron todos los partidos durante los últimos 15 años. Insistió en que la revisión debe incluir al PRD, organización que preside, y que no debe limitarse a una comprobación documental.

Robinson mencionó $249 millones como el monto relacionado con el financiamiento público destinado a las organizaciones políticas y exigió que se rindan cuentas sobre el uso de esos recursos.

“Yo tengo 15 años de administración del Partido Revolucionario Democrático. Por eso lo pido: que se haga la auditoría”, sostuvo.

También cuestionó a quienes, a su juicio, se benefician del dinero estatal destinado a los partidos. En su intervención, pidió a los demás diputados respaldar la propuesta y defender la eliminación del financiamiento público.

La iniciativa abre otro frente en la discusión electoral. El financiamiento estatal forma parte del sistema panameño desde las reformas de 1997 y contempla recursos para contribuir con los gastos de funcionamiento y capacitación de los partidos y de los funcionarios electos por libre postulación, conforme a las disposiciones vigentes.

La propuesta de Robinson surge un día después de en el pleno suspendiera iniciar el segundo debate de las reformas electorales en medio de una polémica en el pleno a la que asistieron los magistrados del Tribunal Electoral, Narciso Arellano y Luis Guerra.

El Tribunal Electoral aclaró, en un comunicado, acudieron al hemiciclo el lunes 19 de octubre tras recibir una convocatoria para tratar el inicio del segundo debate.

La entidad precisó que no solicitó cortesía de sala, como se indicó durante la sesión, sino que asistió por convocatoria. También recordó que remitió oportunamente el proyecto de reformas a la Asamblea Nacional.

El Tribunal Electoral señaló que corresponde exclusivamente a los diputados decidir si discuten la iniciativa durante el actual periodo o en enero de 2027.

Con seis sesiones antes del cierre del periodo ordinario, el futuro del proyecto de ley 699 depende de una decisión política del Legislativo. La reforma permanece en la agenda, pero el tiempo para discutirla se agota y enero aparece como el próximo escenario si el pleno no retoma el debate antes del 30 de octubre.

Antes de avanzar con el segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional debe decidir si aprueba o rechaza el informe de minoría presentado el jueves 8 de octubre por las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler D’Orcy.

Si los diputados aprueban el informe, el proyecto de ley 699 regresará a primer debate. Si lo rechazan, continuará la discusión en segundo debate sobre el texto de mayoría aprobado en la comisión.

El informe cuestiona que la propuesta de reformas electorales limite derechos políticos reconocidos constitucionalmente. Según las diputadas, el texto aprobado en primer debate restringe la creación de nuevas organizaciones políticas y la participación de candidatos por libre postulación, además del derecho ciudadano a votar por nuevas opciones electorales.

Uno de los cambios cuestionados afecta a los partidos en formación. El proyecto establece que las personas que firmen inicialmente para solicitar la autorización de inscripción no serán contabilizadas como adherentes del colectivo.

Con esa modificación, quienes respalden la solicitud inicial ante el Tribunal Electoral no sumarían como adherentes cuando la agrupación comience la recolección formal de firmas, a diferencia de lo que establece la normativa vigente.

La decisión sobre el informe de minoría añade otro paso al trámite legislativo del proyecto 699. Con seis sesiones antes del cierre del periodo ordinario, la Asamblea debe resolver primero esa disyuntiva y definir si la reforma continúa en segundo debate o regresa a la comisión.